PP y PSOE, con el apoyo de CIU, PNV y UPyD sumaron el pasado 8 de mayo sus votos para tumbar la iniciativa parlamentaria presentada por el grupo de IU, ICV-EUiA, CHA, para que la Cámara Baja instara al Gobierno a “rechazar” el futuro tratado de comercio e inversiones, conocido como TTIP, que negocian en la actualidad la Unión Europea (UE) y los EE.UU y que, en todo caso, promoviera un “referéndum para su ratificación”.
El pleno del Congreso de los Diputados discutió ayer una moción sobre el proyecto de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones que la Comisión Europea y Estados Unidos negocian en la actualidad de espaldas a la ciudadanía. La moción sirvió para comprobar la postura de los diferentes grupos parlamentarios sobre un tratado comercial que pretende eliminar o ajustar a la baja entre el 25 y 50 % de leyes, directivas y normas europeas. La Campaña “No al Tratado Transatlántico de Comercio e inversiones” recuerda además que provocaría una mayor precarización y eliminación de empleo y graves impactos sociales y ambientales.
Los grupos parlamentarios de PP y PSOE, con el apoyo de CIU, PNV y UPyD han sumado hoy sus votos en el Congreso de los Diputados para tumbar la iniciativa parlamentaria presentada por el grupo de IU, ICV-EUiA, CHA, y defendida por su portavoz, José Luis Centella, para que la Cámara Baja instara al Gobierno a “rechazar” el futuro tratado de comercio e inversiones que negocian en la actualidad la Unión Europea (UE) y los EE.UU y que, en todo caso, promoviera un “referéndum para su ratificación”.
En concreto, el texto de la moción consecuencia de interpelación de IU señala sobre este punto que el Ejecutivo debía considerar que “cualquier propuesta de acuerdo comercial entre la Unión Europea y los EE.UU debe ser sometido en todos los Estados miembros de la UE a referéndum antes de su ratificación”.
En relación con ello, IU/Izquierda Plural defendió ayer en sede parlamentaria una moción “sobre la posición del Gobierno español ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión”. Dicha moción, consecuencia de una interpelación parlamentaria, instaba a que se aprobase someter a referéndum el acuerdo cuando estuviese finalizado. Además, proponía la creación de un grupo de trabajo en el seno de la comisión de asuntos exteriores para que presentase un informe en el plazo de seis meses sobre las repercusiones legales, económicas y sociales del TTIP. Finalmente, rechazaba frontalmente el sistema de privatización de resolución de conflictos que pretende negociarse entre los inversores y los estados.
Esta resolución fue rechazada por el conjunto de los grupos, con lo que se corre el riesgo de que dicho acuerdo termine aplicándose sin intervención directa de la ciudadanía europea.
Los socialistas, dijo, apoyan la suspensión de las negociaciones “hasta que no se introduzcan las garantías relativas a la protección de datos” y también relativas a la “coherencia con los estándares sociales y la preservación del modelo social de la UE”. Estas garantías no están en absoluto aseguradas en los documentos filtrados recientemente sobre las cinco rondas de conversaciones entre la Comisión Europea y Washington. Sin embargo, votaron en contra de la moción.
La moción insta a someter el tratado a referéndum en todos los Estados miembro de la UE, en caso de que prosigan las negociaciones. Resulta fundamental que la ciudadanía se informe y opine directamente sobre un acuerdo que afectará a su vida diaria, con más que probables privatizaciones y recortes en derechos laborales y normativas de protección ambiental. La Comisión lanzó recientemente una consulta online sobe el tratado, pero sus preguntas ambiguas y cargadas de tecnicismos no permiten entender el verdadero impacto.
El tercer punto de la moción propone constituir un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e inversiones para que en el plazo máximo de seis meses presente un informe que valore este acuerdo y su repercusión en el Estado español. Si se tiene en cuenta que el TTIP eliminaría o ajustaría a la baja entre el 25 y 50 % de leyes, directivas y normas en la Unión Europea, es evidente que las políticas públicas españolas se verán directamente afectadas.
La experiencia de anteriores tratados comerciales apunta a la especial amenaza que supone el sistema de resolución de conflictos entre inversores y Estados, un mecanismo que permitirá a las grandes empresas reclamar indemnizaciones ante tribunales de arbitraje si consideran que sus beneficios económicos o sus expectativas de ganancias futuras se ven afectados por leyes o políticas en un país en el que han invertido. Es decir, que si no ganan lo que quieren, pueden demandar al Estado en el que invirtieron en tribunales privados, como ya está ocurriendo en muchas partes del mundo.
- Más información sobre la consulta d ela Comisión Europea y el sistema de resolución de conflictos:http://www.ecologistasenaccion.org/…
- Los documentos de las negociaciones filtrados pueden leerse en: http://eu-secretdeals.info/
El portavoz parlamentario, José Luis Centella, argumentó durante su intervención en el Pleno que “la clave está en quién dirige, quién planifica la economía”, si lo hacen “instituciones sin ningún control democrático” o si lo hacen los “parlamentos democráticamente elegidos y con control ciudadano”
Centella no aceptó las enmiendas presentadas por distintos grupos a la redacción completa del texto de la iniciativa por desvirtuar y rebajar los principales objetivos de la misma. En el caso de la hecha por el PSOE argumentó que “es una enmienda que viene simplemente a intentar guardar cierta imagen pero que, en realidad, no habla de nuestra propuesta”.
Sí aceptó el diputado de IU que los tres puntos de los que constaba la moción se votaran en dos bloques. Los dos primeros fueron rechazados con la suma de votos de socialistas y ‘populares’, además de otros grupos, mientras que el tercero no salió adelante principalmente gracias a la mayoría absoluta del PP.
Este último punto emplazaba textualmente a “constituir un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, la llamada Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTPI, para que en el plazo máximo de seis meses presente un informe que valore este acuerdo y su repercusión en nuestro país”.
José Luis Centella argumentó las razones que avalan la posición de su grupo, tanto en contra del tratado como en la forma en que se está negociando en la actualidad. Indicó que no se trata de “confrontar el libre comercio con proteccionismo”, cuando “la clave está en quién dirige, quién planifica la economía”, si lo hacen “instituciones sin ningún control democrático” o si lo hacen los “parlamentos democráticamente elegidos y con control ciudadano”.
Se refirió Centella también al deterioro que sufrirían las condiciones laborales en Europa, especialmente en España, ya que el tratado “rebaja la protección social y laboral”. Recordó a continuación que “Estados Unidos no tiene ratificadas seis de las ocho normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Advirtió, asimismo, del cambio en la cultura de la protección ambiental que supondría este texto, “la cambia por la desregulación que existe en los Estados Unidos al abrir definitivamente la puerta al fracking en Europa, porque lo que busca fundamentalmente es acabar con la regulación que hay en la Unión Europea”.
“Al encontrarse Estados Unidos -recordó Centella- con que su tradicional ‘patio trasero’, Mercosur, se les rebela, tiene que buscar otro y lo encuentra en una dócil Europa dispuesta a convertirse en ese ‘patio trasero’, donde los Estados Unidos puedan realmente hacer su agosto. Por ello, planteamos que hay que frenar este tratado, hay que frenar a las grandes corporaciones y hacer una economía al servicio de la gente”.
En la parte final de su intervención el portavoz parlamentario de IU advirtió de que “sería lisa y llanamente el fin de nuestra cultura, arrasada por el pensamiento único y la gran industria de la cultura de los Estados Unidos”, porque este tratado de libre comercio “como también lo fue el ALCA en América Latina, es la ley de la selva, y ya sabemos que en la ley de la selva el grande siempre se come al chico”.
Fuente: tercerainformacion.es
El fin de la democracia
La afirmación de Stiglitz se materializa en una cláusula del TTIP llamada ISDS (las iniciales de Investor-State Dispute Settlement), un instrumento que permite que las multinacionales pongan demandas contra las decisiones de los estados. Según la Comisión Europea el objetivo de la ISDS es “encontrar un equilibrio entre el derecho de los Estados a regular y la necesidad de proteger a los inversores”. La idea es que si un inversor considera que una ley de un parlamento democrático perjudica sus intereses, pueda recurrir a una instancia superior que haga de mediador entre el estado y el inversor.
Pero para ello no existen los sistemas legales de cada país? La Comisión Europea lo vuelve a dejar claro: “El hecho de que un país cuente con un sistema jurídico sólido no siempre garantiza que los inversores extranjeros estén protegidos adecuadamente” y por eso el ISDS “garantiza a los inversores un foro al que acudir cuando quieran reclamar una indemnización”. Se puede decir más claro? Si, Markus Beyries lo hizo.
Markus Beyries es director de European Bussines, una federación de patronales europeas donde encontramos la CEOE y a las ceoes de cada estado europeo. Beyries alabó el TTIP diciendo que “las diferencias regulatorias deben ser eliminadas”, haciendo referencia a las “reglas innecesarias” de las que hablaba la Comisión Europea. Pero Beyries va más allá y completa su frase: “debemos prevenir que surjan regulaciones nuevas”.
Esta frase de Beyries implica un salto cualitativo. Ya no estamos hablando de modificar “regulación innecesaria” para “evitar la burocracia”. De lo que estamos hablando es de impedir que los parlamentos democráticos hagan nuevas leyes. Y el ISDS es la herramienta que permite al TTIP acabar con la democracia.
El ISDS ya está en funcionamiento en otros tratados de comercio que ya están en vigor y que están siendo utilizados contra las decisiones de los parlamentos democráticos. Vemos 3 ejemplos recogidos por el investigador John Hilary:
1) La compañía energética sueca Vattenfall reclama al gobierno alemán 3.700 millones de euros por su decisión de abandonar gradualmente la producción de energía nuclear a raíz del desastre de Fukushima.
2) En uno de los múltiples casos de ISDS presentados contra Canadá después de la entrada en vigor del NAFTA, este país fue obligado a revocar su prohibición sobre el aditivo para combustible MMT bajo presiones de la compañía estadounidense Ethyl .
3) La tabacalera estadounidense Philip Morris reclama al gobierno australiano miles de millones de dólares como indemnización por tomar una medida política en materia de salud pública que obliga a vender los cigarrillos en paquetes sin publicidad.
Como se puede ver, no estamos hablando de pequeños países del tercer mundo. Estamos hablando de que las grandes multinacionales detienen la acción de los parlamentos de grandes y supuestamente poderosos países. Pero gracias al ISDS estos parlamentos quedan supeditados a este tipo de “justicia para multinacionales”, con tribunales estrechamente ligados a estas mismas multinacionales y donde, curiosamente, los estado no pueden demandar las multinacionales.
¿Qué podemos hacer?
En 1993, pocos días antes de la firma del tract NAFTA Noam Chomsky escribió: “Los tratados de libre comercio anulan los derechos de los trabajadores, de los consumidores y de las futuras generaciones (…) reduciendo la democracia a sus formas más vacías para que la voluntad de los dueños se pueda llevar a cabo sin ninguna interferencia “.
El pasado 17 de marzo de 2014, Susan George comenzó su conferencia sobre el TTIP en Bilbao diciendo: “Hoy os daré muchas noticias malas, pero empezaré con una buena: ganaremos esta batalla y para ello debemos usar el estrategia del vampiro: sacar a la luz estas negociaciones para matar a su plan “.
La buena noticia es que la presión popular puede detener el TTIP. La presión popular está haciendo que gobiernos de varios países europeos empiecen a ver peligrar sus expectativas electorales debido a su apoyo al TTIP. Como hemos visto antes, las negociaciones del TTIP están llevando a cabo de espaldas al Parlamento Europeo y la Comisión ha negado incluso que este parlamento pueda tener capacidad de intervención en las negociaciones. Así la votación sobre el TTIP el Parlamento Europeo no será debatida sino que los grupos sólo podrán elegir entre votar a favor o en contra. No se podrán hacer enmiendas ni se podrán debatir puntos concretos. Actualmente el Parlamento Europeo está dominado por el PP Europeo y por los socialistas europeos pero como decimos, las presiones domésticas podrían hacer que la unidad a favor del TTIP se rompiera ya que el Parlamento Europeo no hay “disciplina de voto”. Otra brecha que se abre para detener la aprobación del TTIP es que uno de los estado de la UE se niegue a aprobarlo, lo que provocaría su paralización. En todos estos escenarios, la movilización ciudadana, la presión política y la toma de conciencia sobre lo que significa el TTIP serán herramientas imprescindibles. En la columna de la izquierda os facilitamos las fuentes utilizadas en la elaboración de este trabajo así como un listado de organizaciones implicadas en esta lucha. Esperamos que os sea útil.
Algunos enlaces para saber más sobre el TTIP:
Este es el vídeo que hemos hecho sobre el TTIP.
(Actualmente con cerca de 400.000 visitas entre la versión en castellano y la versión en catalán.
Envíalo a tus contactos!)
PP, PSOE, UPyD,PNV y CiU un golpe de estado bajo la forma del TTIP
Fuente: inforedmagazine/%attac/Xose Manel/Miguel Figueroa/Atxe
