l Nuevo Orden Mundial es una teoría que afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único -colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos - a nivel mundial.
La expresión Nuevo Orden Mundial se ha usado para referirse a un nuevo período de la historia y se pretende, de este modo, que hay pruebas de cambios dramáticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. El primer uso de esta expresión aparece en el documento de los Catorce Puntos del presidente Wilson, que hace un llamado, después de la Primera Guerra Mundial, para la creación de la Liga de Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas.
La frase se usó con cierta reserva al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se describían los planes para la creación de las Naciones Unidas y los Acuerdos de Bretton Woods debido a la asociación negativa resultante del fracaso de la Liga de Naciones. El uso más amplio y reciente de esta expresión se origina sobre todo con el final de la Guerra Fría. Los presidentes Mikhail Gorbachev yGeorge H. W. Bush usaron el término para tratar de definir la naturaleza de la posguerra fría y el espíritu de cooperación que se buscaba materializar entre las grandes potencias.
Fuente: zona de conspiracion
En definitiva, con cargo a la tarifa, los consumidores españoles llevan pagando a las empresas eléctricas las consecuencias de las ruinosas inversiones en generación nuclear desde tan temprana época como 1983. Las cuestiones han sido múltiples y variadas desde el “parón” nuclear que si a alguien favoreció fue a los gestores de las empresas eléctricas que las embarcaron en una aventura de inversiones mal planificadas y financiadas en divisas en épocas muy difíciles para la economía española. Pero supongamos, por un momento, que toda la responsabilidad del “parón” hubiera sido exclusivamente del gobierno. Si así fuera, las indemnizaciones que esa decisión debería haber ido, como y con las demás cargas publicas, a los Presupuestos Generales del Estado y no como se hizo sufragadas por los consumidores. Y, por lo mismo, deberían haberse financiado como las demás partidas: con los tributos y demás prestaciones patrimoniales de derecho público y, de no bastar, con deuda pública. Desde luego, en ningún caso mediante un “recargo” en la tarifa eléctrica. El suma y sigue a la factura de la luz se aplicaron los Costes de Transición a la Competencia, una verdadera fortuna de la época a la que se ha añadido el desfalco a las arcas públicas del inexistente déficit de tarifa. Hasta aquí podíamos llegar teniendo en cuenta que no puede sostenerse seriamente que el consumo de energía eléctrica sea voluntario, el recargo tarifario materialmente funciona con el mismo grado de coactividad que un tributo, si se prefiere y por usar un concepto más amplio acuñado por el Tribunal Constitucional, como una prestación patrimonial de derecho publico. La Sentencia 185/1995 sobre Tasas y Precios Públicos, el TC precisa que la libertad o la espontaneidad exigida en la decisión de obligarse de un ciudadano debe ser real y efectiva. Atentos a lo que viene a continuación ya que es la madre del cordelo. Eso significa que “deberán considerarse coactivamente impuestas no sólo aquellas prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la constitución de la obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios a actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada o social “
Con la articulación de esos recargos vía tarifa (la tarifa no es sino un precio privado fijado administrativamente) la financiación de las cargas ocasionadas por una decisión política se efectúa así en contra de los principios que inspiran la Hacienda Pública en un Estado de Derecho. En el artículo 31 de la Constitución se establece que:![images[1] (3)](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u9a6CGYwBoo0qP9_a2JgMkPkJSfqpIrM0ou3wvICGwb0joVQnpw-6F_UOUyCqOLdnErpFppR9dHNTgIRd523n4lQXai6omFN77aiw0BT3nfw2oEAiKk7UShTu5_Kmk-D_vJurAwBnz=s0-d)
Pero, además de lo injusto que resulta semejante tratamiento “tarifario” a la solución del problema de allegar recursos para reparar el desaguisado eléctrico, sucede que, al sustraerse a los Presupuesto Generales del Estado estas ayudas y/o “compensaciones” públicas, se dificulta la transparencia y el control de los fondos obtenidos y su reparto. De esta manera la Intervención General de la Administración del Estado no puede fiscalizar el debido uso de los fondos; y tampoco, naturalmente, el Tribunal de Cuentas. No existe control en lo que concierne a la eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto a que se refiere el citado artículo 31 de nuestro texto constitucional. Si se hace de este modo es porque interesa ¿Existe algún control sobre lo recaudado como impuesto? Al parecer ninguno que sea efectivoya que sobre el regalo de los CTCs, citados en un párrafo anterior, hay constancia que las compañías eléctricas se pasaron de frenada en 3.200 millones de euros cobrados de más y añadidos a la factura. No extraña que el sindicato del crimen eléctrico se lo monte a imagen y semejanza de sus colegas de las compañías petroleras donde el impuesto de la gasolina se diluye en los balances contables de estos ladrones de cuello blanco. Ver 
La parodia más famosa del lenguaje administrativo se la debemos a los hermanos Marx y a su diálogo surrealista en “Una noche en la ópera” lo que viene a continuación es del mismo genero, sus protagonistas son sus señorías, recién bautizados como la representación popular, y los lobbys de las eléctricas tratando de soslayar la calificación como servicio público del suministro de energía eléctrica.No tuvieron otra opción que recurrir a la sabiduría de Groucho Marx para decir lo mismo y lo contrario. En efecto, aunque pudiera intentar sostenerse que las empresas eléctricas eran titulares de la gestión indirecta de ese servicio público (titulo que, muy a pesar de las empresas eléctricas, tendría que ser necesariamente concesional) y que, por tanto, la tarifa era un precio privado “intervenido” que no daría lugar a las “adherencias” de “moratorias” nucleares y otros costes públicos. Por si lo anterior fuera poco veamos como se lo manejaron estos artistas del engaño para que el suministro de energía eléctrica dejara de ser un servicio público (en línea con las aspiraciones tradicionales del sector). Las sorpresas no acabaron para el consumidor español, los hogares y las pymes, que pagan la energía eléctrica más cara del mundo mundial. A solo dos años de publicarse la LOSEN, la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico (LSE) la derogo en su totalidad. Llama la atención que en asunto tan importante, no funcionara un mínimo consenso político, en la LOSEN primero y en la LSE después. La LSE es “la plasmación normativa” (eso dice su Exposición de Motivos) del Protocolo suscrito en diciembre de 1996 entre el Ministerio de Industria y Energía y “las principales empresas eléctricas”: “El citado Protocolo, carente de la eficacia normativa de toda norma general supuso la concreción de un diseño complejo y global de transición de un sistema intervenido y burocratizado a un sistema mas libre de funcionamiento del sector. Supuso, asimismo, el acuerdo con los principales agentes económicos de la industria sobre una profunda modificación del sistema retributivo hasta ahora vigente y sobre el escalonamiento progresivo de las distintas etapas conducentes a la liberalización del mercado.”![images[6]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_snTfHHjCdr4xLuAkUYIV091MlxRAXHIdRoQ7SIr6rnpEooW94kS9EEMciboe83DdDYCSPxuadjFP_ZBHl_MjRdSfKBmBB4CwqswjTpRkG4IqlQUfeDhKiyxykQ_IHg_ym5mGnXEUM=s0-d)
O sea, que primero se pactó con las “principales empresas eléctricas” y luego lo pactado se llevo al Parlamento. La soberanía parlamentaria queda algo malparada. La LSE se presento con la aureola de la modernidad, “la libre competencia”, la “desregulación”, la mejora de la “eficiencia”, etc. Pero, sobre todo, la magia era Bruselas una especie de “comodín” para aquéllos sectores “regulados” cuya desregulación se regula: Directivas, Decisiones, Reglamentos, Recomendaciones. Siempre se puede echar mano de algún “árbol” o “arbusto” de este “bosque” legal cuando hay que defender tanto las posturas que dicen que si, como las que dicen que no, como las “polinómicas”, las “anfibias” y las “ambiguas” todas ellas al más puro estilo de los hermanos Marx. Así, para empezar, en esta “plasmación normativa” del “Protocolo” se dispone que el suministro de energía eléctrica deja de ser un servicio público “por su progresiva pérdida de trascendencia en la practica”. Se trata de una vieja aspiración de los asaltantes a las empresas públicas. Pero que no se quisiera ser un servicio público no significa que se quisiera prescindir de las ventajas de serlo. En efecto, la pérdida de la característica de servicio publico “…por su progresiva pérdida de trascendencia en la practica…” podía llevar aparejada la desaparición de privilegios expropiatorios variados, “urgente ocupación” incluida que han sufrido muchos campesinos españoles que la han padecido en un pasado no tan remoto.![images[3]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t3ClgEy8zUHNOjs_n2-dVFe9ZvpSoTLGpv5XKxxriwCI_MGnEOHzqa8YYZD6Xs4EY_p_v7KkYbp2GQX9A4lVB3Fh4TyRiVde0RsVvh4hyjh1Srz3s2PA7zO7-2Z9KdCeaooeSTs-w8oiK_jnQH3BY3tQ=s0-d)
Para evitar tan desagradables consecuencias, se pasó a hablar de servicio “de interés económico general”.El argumento para mantener los antiguos privilegios vendría a coincidir, “mutatis mutandis”, con la conocida “parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte”. Porque, claro, podía suceder que a alguien se le ocurriera que si el suministro de energía eléctrica dejaba de ser un servicio publico “por su progresiva pérdida de trascendencia en la practica”, era lógico que, por idéntica razón, la utilidad pública que ello comportaba también desapareciera y, en consecuencia, que las concesiones sobre el dominio público hidráulico y no hidráulico revirtieran al Estado que es su titular, y las expropiaciones (y/o expoliaciones) de los bienes privados, incluidas las servidumbres forzosas establecidas para la prestación del extinto e “intrascendente servicio público”, se extinguieran y revirtieran a sus propietarios. En tan “liberal” LSE se prevé y se refuerza el mantenimiento (retroactividad incluida) del arsenal coactivo en su totalidad. En suma, la LSE consagra una desregulación regulada. O, mejor aún, una regulación desregulada. Con ella se prescinde de los inconvenientes de la regulación para el sector pero se retienen las ventajas de la regulación para el sector y todo eso -hay que reconocer que tiene merito- con el simple cambio de denominación ahora se le llama “servicio de interés económico general”. Los que no entiendan del “oscuro” mundo de la luz “eléctrica” pueden recurrir a la primera parte del contrato de los Marx o si se prefiere considerarlo una “prestación patrimonial de derecho público” en cuya imposición y exacción están ausentes las garantías que para la ciudadanía establece la Constitución.
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