Varios antidisturbios golpean a manifestantes durante el 25-S. FERNANDO SÁNCHEZ
Así, participar en protestas no comunicadas ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, aun cuando no se estén celebrando plenos en el interior, pasará a considerarse una infracción grave, penada con entre 1.001 y 30.000 euros, cuando inicialmente se pretendía sancionar con multas de hasta 600.000 euros.
Las “vejaciones, amenazas, coacciones e injurias” a policías, así como grabar y difundir imágenes y fotos de los agentes que puedan suponer algún “riesgo para la seguridad”, pasan de ser consideradas infracciones graves a leves, sancionadas con entre 100 y 1.000 euros.
Entre las conductas con sanciones más graves se mantiene la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales y en solemnidades y oficios religiosos; así como laconvocatoria de protestas en jornadas preelectorales.
Con esta nueva legislación, el Gobierno
convierte en infracciones administrativas algunos de los nuevos métodos de protesta, que se han incrementado en lo últimos años por el aumento de la conflictividad social, y busca de este modo
poder castigar acciones como las protagonizadas por el 15M que, a pesar de haberlas perseguido policialmente, la mayoría no han recibido sanciones en los tribunales.
Cuando la nueva ley entre en vigor, no solo se podrá penar protestas como la de la coordinadora 25-S frente al Congreso de los Diputados, sino que también se pondrá coto a la grabación de imágenes de actuaciones policiales que en los últimos meses han dado a conocer posibles abusos.
Un fichero registrará a los infractores
Interior creará un fichero en el que registrará a las personas que incurran en infracciones de la ley de Seguridad Ciudadana, con el objetivo –señala el Gobierno- de “apreciar y valorar la reincidencia”, así como para tenerlos en cuenta a la hora de otorgar permisos administrativos como el de tenencia de armas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado en rueda de prensa que la normativa implica el “refuerzo y protección de los derechos y de la libertad”. “Es una norma para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y para garantizar el libre ejercicio de los derechos y la convivencia pacífica”, ha defendido la portavoz del Ejecutivo.
“Iniciativa despenalizadora”
“Las sanciones persiguen erradicar la violencia, el incivismo y el vandalismo. Queda plenamente garantizado el derecho fundamental de manifestación, con el único requisito de comunicación previa a las delegaciones del Gobierno”, ha defendido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Fernández Díaz ha manifestado que se trata de una “iniciativa despenalizadora del Gobierno”, aduciendo que los cambios normativos, junto con la reforma del Código Penal, sustituye las faltas (que se tramitan por la vía judicial), por infracciones administrativas. Sin embargo, ello conlleva también que el Gobierno podrá imponer las sanciones sin que deban pasar por los tribunales.
Fuente: la marea
