La muerte de cientos de inmigrantes en el naufragio frente a Lampedusa ha suscitado numerosas críticas hacia la política europea de inmigración y también contra Italia, con una legislación que sanciona a quienes introduzcan en el país a inmigrantes indocumentados, incluyendo a los que participen en tareas de ayuda a los barcos en los que viajan.
El naufragio de una embarcación con cerca de 500 inmigrantes en las costas de Lampedusa, en Italia, vuelve a teñir a Europa de vergüenza. No solo por la falta de respuestas de la Comisión Europea (CE), que hasta ahora se ha limitado a decir que las competencias en inmigración son de los Estados miembros, sino por unas leyes cada vez más xenófobas que, como la italiana, penalizan el ofrecimiento de ayuda a los barcos con inmigrantes.
Sin embargo, esta vez, el Ejecutivo comunitario, tan dado a comentar y condenar otro tipo de leyes y situaciones internas, ha optado por escudarse en los tratados de la Unión Europea (UE), los cuales dejan la inmigración en manos de cada Estado.
Y hasta el presidente del Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, ha intentado escurrir el bulto afirmando que desconoce las normas italianas. Algo bastante difícil de creer para algunos.
A toro pasado, y cuando los buzos ya han recuperado más de 200 cadáveres, Bruselas pide ahora fondos a los veintiocho para evitar que una tragedia así se vuelva a repetir en el futuro.
El veloz incremento de los movimientos xenófobos en Europa, unido a la falta de solidaridad de los Veintiocho en materia de inmigración, son dos de los factores que, según varios medios, explican la tragedia de Lampedusa.
Alonso Asensi, Bruselas.
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