- La asociación representa a los cinco muertos y a las más de cien personas heridas en 1976 durante una carga policial en la capital vasca
- Ha reclamado al Gobierno que cumpla "la legislación internacional en materia de derechos humanos y que aplique el principio de justicia universal".
- La asociación 3 de Marzo de Vitoria, que representa a los cinco muertos y a las más de cien personas heridas en 1976 durante una carga policial en la capital vasca, ha pedido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que se detenga a Rodolfo Martín Villa y se le ponga a disposición de la justicia argentina.
- El portavoz de esa asociación, Andoni Txasko, en declaraciones a Efe, ha valorado la decisión de la magistrada argentina María Servini de encomendar a la Interpol el arresto de 20 imputados por crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco y los primeros años de la Transición española, entre ellos Martín Villa, para que puedan ser extraditados a Argentina y ser interrogados.A Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, la jueza le pide responsabilidades por la muerte en Vitoria de cinco trabajadores por una carga policial.El 3 de marzo de 1976, una asamblea de trabajadores que se celebraba en la iglesia San Francisco de Asís, situada en el barrio obrero de Zaramaga de la capital alavesa, fue disuelta por la policía de forma violenta y como consecuencia de ello murieron cinco obreros y más de un centenar de personas resultaron heridas.El portavoz de la asociación 3 de Marzo ha calificado de "muy positiva" la actuación de la jueza argentina porque tantos años después de lo sucedido "se va rompiendo la impunidad que ampara a los responsables de hechos criminales".Pese a la resolución judicial de la magistrada, Txasko se ha mostrado "escéptico" con la posibilidad de que el Gobierno español ordene la detención de los imputados por Servini para que puedan ser extraditados, dado que se ha negado "sistemáticamente" durante años a que puedan ser juzgados en España "quienes fueron responsables de esos crímenes".Ha reclamado al Gobierno que cumpla "la legislación internacional en materia de derechos humanos y que aplique el principio de justicia universal"."Que el Gobierno detenga a esas personas, las lleve a declarar, las ponga a disposición de la Justicia argentina o que enjuicie los hechos con garantías en España", ha reclamado el portavoz de la asociación.Si el Gobierno no atiende la petición de la Justicia argentina, ha opinado Txasko, quedará "marcado a nivel internacional el talante antidemocrático del ejecutivo de Mariano Rajoy por amparar la impunidad".
Argentina ordena detener a Martín Villa y Utrera Molina por crímenes franquistas
- La juez argentina María Servini ha ordenado la detención preventiva de una veintena de acusados por su relación con los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Entre los que se encuentran el exministro de Gobernación en el Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa o el exministro de Franco, José Utrera Molina.La magistrada ha dictado una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que acuerda esta medida con fines a su extradición para tomar declaración indagatoria a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, exjueces o un antiguo ginecólogo.Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.DEFIENDE LA JURISDICCIÓN DE ARGENTINALa magistrada recuerda que la Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco 'Billy el niño' y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos y que numerosos juzgados españoles han archivado este tipo de casos.Servini, que viajó el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente para conocer de esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad."En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional", dice Servini, que defiende la jurisdicción por parte de los tribunales argentinos y alude a la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.Aquí tienes la lista completa de imputados a los que la jueza ordena detener.1. Antonio Carro Martínez, ex ministro de la Presidencia (1974-1975): Por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, producida el 2 de marzo de 1974 y, también la de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, donde fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.2. Licino de la Fuente, vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975: Por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, último condenado por garrote vil en España. Su hermana Mercedes se querelló en la causa.3. Antonio Barrera de Irimo, exministro de Hacienda: fallecido el pasado septiembre. Acusado de convalidar la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich.4. José Utrera Molina, exministro franquista: Por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich.5. José María Sánchez Ventura, ministro en el último gobierno franquista:Por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista.6. Fernando Suárez González, ex ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del Gobierno en 1975: Por haber convalidado con su firma las sentencias de muerte de los últimos fusilados del franquismo.7. Jesús Cejas Mohedano, exjuez: Por haber convalidado con su firma, como vocal auditor en el Consejo de Guerra, las sentencias de muerte de José Humberto Baena, José Luís Sánchez Bravo, Ramón García Sanz; Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria, fusilados el 27 de septiembre de 1975.8. Rodolfo Martín Villa, exministro y exvicepresidente primero: Responsable de la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados cinco trabajadores, y en la que hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego.9. Alfonso Osorio García, ministro de presidencia entre 1975 y 1976: Por su responsabilidad en la matanza de Vitoria.10. Jesús Quintana Saracíbar, excapitán de Policía: Por su responsabilidad en la matanza de Vitoria.11. Carlos Rey González, capitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército en 1974: Por participar en el Consejo de Guerra de la causa número 106/73, instruida por el Juzgado Militar Permanente n°3, que juzgó a Salvador Puig Antich.12. Antonio Troncoso de Castro, coronel: Por su supuesta responsabilidad como vocal suplente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 (Proceso de Burgos, diciembre de 1970) y de muchos de los consejos de guerra y causas militares organizados contra luchadores antifranquistas desde 1963 hasta el final de la dictadura.De las fuerzas armadas:13. Jesús González Reglero: Por haber participado en supuestas torturas inflingidas el 20 de febrero de 1975 de Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar en la Dirección General de Seguridad de Puerta del Sol.14. Ricardo Algar Barón: Por presuntas torturas inflingidas a José María Galante Serrano, quien relató que en su segunda detención, en la que permaneció diez días en la Dirección General de Seguridad.15. Pascual Honrado de la Fuente: por posibles torturas infligidas a Gerardo Iglesias Argüelles, ex secretario del PCE y ex Presidente de Izquierda Unida.16. Jesús Martínez Torres: Por supuestas torturas inflingidas a José Aznar Cortijo, quien fue detenido en el camino a Barcelona.17. Benjamín Solsona Cortés: Por posibles torturas a Juan José López Hernando y a Francisco Camarasa Yañez el 23 de abril de 1971, durante el Estado de Excepción en que se suspendió parcialmente el Fuero de los Españoles.18. Atilado del Valle Oter: Se le acusa también por tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. El haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa.19. Félix Criado Sanz: Habría participado en las torturas denunciadas por Jon Etxabe Garitacelaya, quien refirió que fue detenido el 11 de abril de 1969 y estuvo siete días en comisaría siendo "salvajemente" apaleado. Según dijo, se utilizaron métodos de tortura como golpes a mansalva, la rueda o la rana en Zamora.Robo de bebé:20. Abelardo García Balaguer, médico: Posible participación en la sustracción del hijo de Adela Carrasco Martínez, quien dio a luz en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz) el día 5 de noviembre de 1967.
3 de marzo, Gasteiz
Acusan al gobierno de estar dando un “golpe de estado silencioso contra la libertad de expresión” a través de una ley que “atenta contra los pilares mismos de la democracia” y, para representarlo, han comenzado la protesta con una performance en la que han escenificado el entierro de conceptos como 'libertad', 'lucha' o 'justicia'.
“El gobierno cree en una democracia con minúsculas, una democracia que se ejerce cada cuatro años y que se demuestra con calles vacías y televisiones encendidas”, ha denunciado la organización. “Pero democracia es protesta contra lo que no se comparte, es poder alzar la voz con libertad, es rebeldía ante leyes injustas que van en contra del estado de derecho”.
Por eso hacen un llamamiento a la ciudadanía a oponerse tanto a la aprobación de la Ley Mordaza como a laReforma del Código Penal, y a pedir al gobierno que retire estos dos proyectos “letales para la democracia” que además han acelerado sus trámites en el Congreso y temen que “de seguir con este ritmo, puedan aprobarse en el plazo de un mes”.
“Ante la mayoría absoluta del Partido Popular, es indispensable visibilizar el rechazo mayoritario a esta ley”, han advertido. Y para ello han invitado a los asistentes a participar amordazados en un minuto de grito mudo.
La protesta ha transcurrido sin incidentes, amenizada por la Solfónica que ha interpretado, entre otras canciones, el Canto a la Libertad, y ha terminado con la lectura de un manifiesto.
“No es una ley de seguridad ciudadana” han afirmado en el manifiesto. “Es una ley para proteger a un gobierno con claros tintes autoritarios, como respuesta a las reclamaciones legítimas de una ciudadanía cada vez más empoderada”.
“Sentimos seguridad cuando tenemos acceso a derechos fundamentales, como una vivienda digna, educación y sanidad públicas para todas las personas, salario digno, acceso a la cultura. Y nada de eso se nos está garantizando, al revés se nos está arrebatando”, han añadido.
Consideran que “el miedo del Partido Popular a la protesta es el motivo de esta ley”. “Estas reformas en justicia forman parte de un paquete de medidas en trámite parlamentario como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dirigidas a criminalizar las libertades civiles,reducir nuestras garantías sociales, castigar la protesta social pacífica y, en especial, las situaciones de pobreza”, han explicado.
Denuncian además que la Ley Mordaza introduce una serie de “conceptos extremadamente vagos e imprecisos cuya interpretación queda en manos del propio Gobierno, ampliando el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de los agentes de policía en su actuación”.
Sin justicia. Ley de 'Seguridad' Ciudadana
La ONG Rights International Spain ha lanzado este vídeo en el marco de su campaña para denunciar cómo el PP responde con reformas "que restringen derechos y libertades y reducen las garantías de los ciudadanos ante la Justicia" frente a una sociedad civil que "manifiesta de forma activa su rechazo a las políticas de recortes del Gobierno". Para esta organización, todas estas "no son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo y estudiado plan para dejarnos #SinJusticia". Así, el objetivo de la campaña es informar a los ciudadanos sobre estas reformas.
RIS se define como una organización no gubernamental, independiente, formada por juristas especializados en Derecho internacional. Su objetivo principal es la promoción y defensa de los derechos y libertades civiles a través de un uso eficaz del Derecho internacional de los derechos humanos y de los mecanismos nacionales e internacionales de protección.
Con esta campaña, ahora, pretender denunciar seis reformas que está impulsando el Gobierno del PP: La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal, las tasas judiciales, la Justicia gratuita, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
RIS se define como una organización no gubernamental, independiente, formada por juristas especializados en Derecho internacional. Su objetivo principal es la promoción y defensa de los derechos y libertades civiles a través de un uso eficaz del Derecho internacional de los derechos humanos y de los mecanismos nacionales e internacionales de protección.
Con esta campaña, ahora, pretender denunciar seis reformas que está impulsando el Gobierno del PP: La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal, las tasas judiciales, la Justicia gratuita, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.