Abogados de los 14 detenidos tras la manifestación que originó el movimiento, para los que se piden 74 años de cárcel, denuncian lo "desproporcionado" de estas solicitudes que "buscan dar ejemplo para acallar la movilización social"...
Más de tres años después, la Fiscalía ha presentado las peticiones de prisión contra 14 jóvenes que fueron detenidos junto a otros cinco la noche de aquel 15 de mayo de 2011 que ya ha pasado a la historia como el comienzo del despertar político de una generación.
En total
suman 74 años de cárcel por su presunta participación en los disturbios que se sucedieron después de la multitudinaria manifestación en Madrid con el lema "Democracia Real Ya. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros", una cifra que ha sorprendido a los movimientos sociales y a los abogados defensores de algunos de estos encausados, para los que aún no hay fecha de la vista oral ante el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid.
Para los letrados y las plataformas convocantes no hay duda: las penas exigidas por el Ministerio Público
son exageradas y buscan dar una lección que ponga la puntilla a una decreciente movilización social, precisamente con los participantes en la manifestación que desató el 15-M y las posteriores oleadas de protestas en todo el país, las mayores desde la Transición (
repasa aquí la cronología del 15-M).
Desórdenes y atentados contra la autoridad, algunos con agravantes precedidos de las palabras "lanzamiento" o "botella", son los presuntos delitos que la Fiscalía imputa a los encausados, según las diligencias previas a las que ha tenido acceso Público. Es el caso de A. S. M., en aquel momento estudiante de filosofía para el que hoy se piden seis años de prisión: uno y medio por desórdenes y cuatro y medio por atentado agravado contra la autoridad, explica Ignacio Martín, su abogado defensor.
Penas desproporcionadas
Este letrado, miembro del colectivo Juventud Sin Futuro, uno de los convocantes de aquella simbólica protesta, destaca que el Ministerio Fiscal le imputa una agresión a un agente que, sin embargo, ninguno de los testimonios policiales puede sostener. "El fiscal se ha inventado esto, porque no se sustenta con prueba ninguna", argumenta.
"Quieren [Fiscalía y Gobierno] una apertura de juicio oral que sea aleccionadora para todo el mundo que se moviliza. Piden penas muy altas, que serían de cumplimiento obligado, a personas cuyos presuntos delitos son la mitad de graves que lo que se ha visto en otras protestas", explica Martín, que no tiene dudas de que "el fiscal parece más una acusación particular contra los manifestantes del 15-M que un funcionario público" en este proceso.
Eric Sanz de Bremond, abogado de la Comisión Legal de Sol que surgió de la acampada en aquella microciudad que se instaló en la Puerta del Sol, defiende a título particular a otro acusado para el que se pide la misma pena, aunque prefiere no revelar ningún dato concreto. En conversación con Público suscribe las palabras de su colega: "La petición de la Fiscalía es exageradamente alta y no es la habitual". El letrado piensa que "se busca impartir un castigo ejemplificante para acallar la protesta social e incluso ensuciar la imagen de movimiento, ya que esta fue una manifestación muy simbólica" en la que sólo hubo incidentes horas después de su finalización oficial.
"La finalidad de la Fiscalía es política y mediática", critican
Bremond explica que estas solicitudes son inusuales, ya que durante todas las movilizaciones que germinaron desde el 15-M ha habido más de 500 detenciones "con muchas condenas por faltas pero solo una de prisión por un delito penal". Al igual que Martín, este abogado critica que la Fiscalía "no se fija en si los hechos fueron más o menos graves, sino que está buscando una finalidad política y mediática", y añade que "no pueden juzgarlos [a los 14 acusados] por delinquir en grupo, ya que las detenciones se producen en horas y lugares distintos y eran personas que no se conocía entre sí".
No es casual que los argumentos de estos dos abogados coincidan con los de los sindicatos, que llevan meses denunciando una "ofensiva penal" de la Fiscalía contra los sindicalistas que han participado en las distintas huelgas generales de los últimos años y que
suman más de 100 años en peticiones de prisión . También ellos lo achacan a una instrumentalización política del Ministerio Público que busca frenar la movilización.
Dos de las principales plataformas convocantes de aquella manifestación, Juventud Sin Futuro y Democracia Real Ya, critican la postura del fiscal, que "no es de extrañar en un país sin separación de poderes", declara a Público Daniel, participante de este último colectivo.
"Quien ataca al 15-M ataca también al gran porcentaje de gente que compartía sus reivindicaciones""La fiscalía depende del Gobierno, y éste busca su venganza contra el 15-M, que dio lugar a unas acciones, discursos e idearios que están haciendo que se tambalee el régimen de 1978", añade.
Para Pablo Padilla, miembro de Juventud Sin Futuro, entiende que el mensaje que lanza la Fiscalía a la opinión pública es que "hace una distinción entre sus amigos y los demás. Para la ciudadanía que se moviliza pide penas máximas desproporcionadas, mientras que para los políticos corruptos no".
"La democracia, aparte de votar, es participar, y se intenta castigar a quienes participaron en una manifestación pacífica que supuso el inicio del proceso de participación y movilización ciudadana más grande de este país", sentencia Padilla, que añade que "quien ataca al 15-M ataca también al gran porcentaje de gente que compartía las reivindicaciones de ese momento y que se han ido desarrollado en estos años".
Daniel, que no quiere facilitar su apellido, opina que esta noticia "va muy en la línea de un Gobierno que no sólo recorta en servicios sociales, educación, sanidad... sino también en derechos y libertades civiles", y recuerda que la futura Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal son un claro ejemplo de ello.
