Compara a los indignados con traficantes y ladrones y rechaza que se aplace su entrada en la cárcel hasta que el Gobierno decida sobre el indulto
La fiscal Sandoval dice que privar a los catalanes de que sus diputados les representaran el 15-J es “especialmente reprobable”
La Audiencia Nacional absolvió a todos los imputados, pero el Tribunal Supremo revocó la sentencia y condenó a 8 de ellos a 3 años de cárcel
La Fiscalía considera que los ocho condenados por participar en una protesta alrededor del Parlament de Catalunya en plena primavera del 15-M deben ingresar de inmediato en prisión para cumplir su condena de 3 años, sin esperar a que el Gobierno se pronunce sobre la petición de indulto. En su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, el Ministerio Público tacha la conducta de los condenados de “especialmente reprobable” y los compara con delincuentes comunes.
El Tribunal Supremo condenó a los ocho solicitantes de indulto después de que ellos, y el resto de imputados, hubieran sido absueltos por la Audiencia Nacional. La Fiscalía y las otras acusaciones recurrieron la sentencia en casación y el Alto Tribunal les dio la razón. Respecto a la ejecución inmediata de la condena, solo se ha pronunciado la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la representación del Parlament, que no se opone a que se suspenda el ingreso en prisión. La Generalitat y Manos Limpias han evitado decantarse.
La fiscal de la Audiencia Nacional Teresa Sandoval ignora la alusión de los recurrentes a que la pena contra las altas instituciones del Estado no había sido impuesta antes en estas circunstancias, que hacen para solicitar la suspensión del ingreso en prisión hasta que se pronuncie el Consejo de Ministros. Considera asimismo que no se da el requisito de que la pena impuesta, tres años, sea “de escasa duración”. Y descarta “dilaciones indebidas” durante el proceso no achacables a los condenados.
La Fiscalía incide en que los condenados vulneraron “no solo el derecho del diputado electo al ejercicio del cargo público para el cual fue designado, sino que, además, afectaron de forma directa el derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, lo que hace especialmente reprobable su conducta”.
En las peticiones de suspensión de la ejecución de la condena, y también en el posterior trámite de indulto, se suele aludir al perfil del condenado, con una vida normalizada y sin antecedentes. Se hace por el especial perjuicio que puede causar en él el paso por la prisión, sin haber cometido delitos graves. Sin embargo, la fiscal Sandoval considera que los condenados por el cerco al Parlament no se diferencia en este aspecto de traficantes o ladrones habituales. “No consta un especial y extraordinario perjuicio, distinto del que sufriría cualquier otro penado por un delito de los que podríamos considerar más habituales (robos con fuerza o violencia, tráfico de drogas)”, dice la representante del Ministerio Público.
Ahora resta que la Sección Primera de la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la petición de la ejecución de la condena, a la que se opone la Fiscalía. De rechazar la petición de las defensas, los ocho condenados ingresarán de inmediato en la cárcel, a la espera de que el Gobierno adopte una decisión sobre la medida de gracia.
En los casos de los condenados Ciro Morales y José María Vázquez, sus abogados aludieron en la petición de suspensión de la entrada en prisión al voto particular de uno de los miembros del tribunal de la Audiencia Nacional. El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, mostró su desacuerdo con la absolución, pero adelantó que, de producirse una condena ulterior por el Tribunal Supremo, no se opondría al indulto. La fiscal Sandoval se confunde y responde que el Tribunal Supremo nunca interesó en su sentencia el indulto parcial para los que carecieran de antecedentes.
El 15 de junio de 2015, cientos de personas respondieron a la convocatoria ‘Aturem el Parlement’ en contra de los recortes en materia social que iba a aprobar aquel día el Parlamento autonómico catalán. Un caótico despliegue policial permitió que los diputados y los manifestantes protagonizaran escenas de tensión. José María Vázquez, por ejemplo, fue condenado por pintar una cruz negra en la gabardina de Montserrat Tura, de lo que la diputada ni siquiera se percató en el momento. Ciro Morales habría increpado a Ernest Maragall. La sesión comenzó con 11 minutos de retraso, lo que obligó a modificar el orden del día. Algunos de los diputados habían tenido que ser trasladados en helicóptero.
