esclavos del sistema: Caso Bar España. Carlos Fabra creó una empresa criminal para estafar a Hacienda (con fotos del juicio)

De izquierda a derecha, Carlos Fabra, su ex esposa, María Amparo Fernández, Montserrat Vives, ex esposa de Vicente Vilar y acusada, ex senador del PP Miguel Prim y Vicente Vilar, los cinco acusados.

La acusación más contundente incluye gestiones de altos cargos del PP.
Fabra dice que la UCE vulnera sus derechos y pide su expulsión de la causa.
Miguel Prim iba negando con la cabeza las acusaciones del fiscal.
Piden al ex senador un año de prisión y cinco de inhabilitación.
Javier Boix rechaza cualquier trama criminal y pide la absolución a los Fabra.
La defensa niega la ocultación de ingresos, añadiendo que están 'prescritos'.

Las partes ya se han hecho oír. El juicio contra Carlos Fabra ha comenzado con la lectura del escrito de acusación de la Fiscalía que recoge los supuestos hechos criminales por los que ha sido procesado el ex presidente de la Diputación de Castellón.

El Ministerio público, ejercido por Luis Pastor y Ana Cuenca, ha reiterado que Carlos Fabra Carreras actuó de intermediario para favorecer al empresario castellonense Vicente Vilar, que luego interpuso las denuncias y que en la actualidad cumple condena por otros delitos.

También Miguel Prim, ex senador del PP, figura entre los imputados por intermediar a favor de las empresas de los otros acusados y el Ministerio de Agricultura, cuando ocupaba cargo político en dicho Ministerio. De hecho, el sumario recoge una reunión, en la que se incluye a quien fuera ministro de Tecnología con Aznar, Juan Costa.

Sala de prensa contigua a la sala del juicio.

"Miguel Prim presionó a altos cargos", ha señalado la Fiscalía, que ha agregado que Fabra tuvo ingresos no declarados que se corresponden a las prebendas que podría haber obtenido a cambio de forzar a dirigentes del PP en Madrid para favorecer a Vicente Vilar.

"Con dicha ocultación de ingresos se defraudó a Hacienda" hasta un millón de euros en total, según el escrito de la Fiscalía, por lo que pide 13 años de prisión para el ex presidente del PP de Castellón.

Carlos Fabra ha escuchado con semblante serio los argumentos del fiscal, al igual que su ex mujer, Maria Amparo Fernández, con la que ha intercambiado palabras durante la lectura del escrito. Prim, mientras tanto, iba negando con la cabeza las conclusiones que le acusan de un delito de tráfico de influencias por el que Fiscalía le reclama un año de prisión y cinco de inhabilitación.

Reuniones con Jesús Posada, actual presidente del Congreso

El abogado del Estado, por su parte, ha reiterado en su escrito las sospechas de Anticorrupción al reconocer las reuniones en Madrid con el ex ministro y actual presidente del Congreso, Jesús Posada, para agilizar la tramitación de los productos del empresario Vilar que destapó la presunta red criminal.

El abogado del Estado entiende que se han cometido delitos continuados de cohecho y tráfico de influencias y, entre todos, siete delitos contra la Hacienda Pública y considera autores a Fabra, su ex mujer, así como a Vilar y su ex mujer. En cuanto a Prim, la abogacía del Estado coincide con la petición de la Fiscalía, un año de cárcel y cinco de inhabilitación.

La Unión de Consumidores (UCE), que ejerce de acusación particular, ha explicado que Fabra y su mujer crearon una "empresa criminal" para favorecer a la empresa Naranjax mediante "presiones y reuniones inauditas" presididas por Jesús Posada.

En este sentido, el letrado de la UCE recuerda unas declaraciones de Posada en las que admite que estas reuniones no eran habituales. La Unión de Consumidores ha explicado en su escrito, el más contundente de las acusaciones, que "Posada dio la vuelta a los criterios de la comisión de evaluación" para favorecer a Vilar y autorizar su producto, pese al supuesto riesgo medioambiental.

El ex senador Miguel Prim con sus abogados.

Según esta parte, Prim, como enviado del entonces presidente de la Diputación de Castellón, se comunicaba con Posada para cambiar los criterios de evaluación. Además, ha recordado las intervenciones de la Guardia Civil en la empresa Naranjax por determinadas "irregulares" para convencer al tribunal de que los productos de Vilar "no reunían las mínimas garantías sanitarias".

La UCE mantiene que varios dirigentes del PP de Castellón en Madrid "ayudaron" a Fabra, aprovechándose de suscontactos en el Ministerio de Sanidad, órgano que exige los informes de toxicología indispensables para la comercialización de estas marcas, con el objetivo de que cediera a sus pretensiones.

El escrito de la UCE incluye gestiones con altos cargos del PP como José María Aznar, Juan Costa, Arias Cañete, Ana Botella o Celia Villalobos cuya finalidad era "presionar" para dar salida a los productos bajo sospecha.

La defensa: 'Sólo se preocupó por los problemas de Castellón'

El abogado que representa al ex presidente de la Diputación de Castellón, Javier Boix, formuló escrito de calificación que el tribunal de la Audiencia Provincial ha escuchado este miércoles, en el que señala que las conclusiones de las acusaciones no son ciertas y asegura que Fabra no se valió de su carga para agilizar la tramitación de productos fitosanitarios.

"Sólo se preocupó de los problemas de Castellón", explica Boix, y añade que el Gobierno central ya tenía previsto la comercialización de estos productos. Por tanto, la influencia de Fabra en la calle Génova de poco le habría servido a la supuesta red corrupta, según su defensa. Además, dice que no constituyó ninguna empresa para dar apariencia de ilegalidad a ingresos supuestamente injustificados y niega que el empresario que destapó la trama entregara bolsas con dinero al ex dirigente del PP.

"No se sabe bien por qué las acusaciones hacen caso a Vilar", subraya Boix en su escrito, pese a sus contradicciones a lo largo de los nueve años de Instrucción, dice. La defensa ha recordado la condena por delitos sexuales de Vilar para echar por tierra las denuncias del empresario, que en la actualidad está en prisión.

Sobre la ocultación de ingresos, Boix dice que no es cierto que ocurriera así, independientemente de que pudieran estar prescritos. Igualmente, la defensa de Fabra denuncia que se han vulnerado sus garantías de defensaporque los técnicos de Hacienda que han detectado el incremento patrimonial sean adscritos a Fiscalía, que es parte interesada en el proceso.

Así, los hechos, según Javier Boix, no forman parte de ninguna red criminal y pide la absolución de Fabra y su ex mujer para los que aportará pruebas periciales y testimonios, dice.

Una paliza y la violación de Montserrat Vives

Vicente Vilar.

Mientras, la defensa de la ex mujer de Vilar, Montserrat Vives, ha desmontado la tesis de la Fiscalía y ha recordado la "paliza y posterior violación" de Vicente Vilar a Montserrat Vives para hacer ver al tribunal que ella es "una víctima más" de las tácticas de Vilar.

En este sentido, el escrito de defensa mantiene que la ex mujer del empresario "ha tenido que vivir de la caridad" y "está arruinada" por lo que es imposible que participara en supuestos sobornos. Es más, la defensa de Vives atribuye la denuncia de Vilar contra el matrimonio Fabra a una "venganza" por acogerla en su casa cuando se produjeron los malos tratos. El ex senador Miguel Prim, en un escrito, muy breve, (representado por Vicente Grima, el letrado también de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante, en varios casos de corrupción) ha negado cualquier actividad delictiva.

Por ultimo, Vicente Vilar, a través del escrito de su abogado, ha dicho que los hechos no ocurrieron como recoge la causa. Reconoce las reuniones para interesarse por la tramitación de sus productos para comercializarlos, pero explica que no existe delito penal en su actuación.

Garantías procesales y nulidad de informes de Hacienda

El letrado del ex líder del PP en Castellón ha pedido en esta primera sesión que sea apartada de la acusación popular la Union de Consumidores (UCE) por vulnerar derechos fundamentales de su representado.

Boix tira de jurisprudencia para justificar su petición y denuncia que la "acusación sorpresiva" de la UCE merma las garantías procesales de Fabra porque el escrito leído este miércoles en la sala alude al cobro de 11 millones de pesetas en 2011 (66.000 euros) que no se recoge en el auto de apertura de juicio oral.

Además, dice que su escrito alude a imputados que ya no forman parte del proceso, para justificar su acusación y comidas en restaurantes de Madrid que tampoco figuran en el auto de procedimiento abreviado.

Javier Boix ha suscitado una segunda cuestión previa que es la relativa a la prescripción de delitos fiscales que se imputan a Fabra. Recuerda que la sección segunda ya lo resolvió así, aunque el Supremo lo revocó. En cualquier caso, la defensa ha dejado la puerta abierta para acudir al Constitucional porque entiende que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva, ya que los delitos están "pruritos", reitera.

Por ultimo, Boix ha planteado la nulidad de los informes de Hacienda porque hay "contaminación objetiva" en sus conclusiones.

El tribunal finalmente ha rechazado esta petición y mantiene a la UCE como parte acusatoria. Además, incluye en el sumario autos judiciales relacionados con empresas de Vilar que, según las defensas, acreditarían que todo forma parte de una 'vendetta'.

A las 13.30 horas de este miércoles, el tribunal que preside la sala ha levantado la sesión, para deliberar sobre las cuestiones previas. El juicio se retomará este jueves, con el inicio de los interrogatorios a los cinco acusados.