La PAH ha organizado una protesta para el viernes 15 ante el Ayuntamiento de Cornellà y frente a las sucursales del Banco Popular en todos los municipios. Este mismo jueves la protesta se ha producido ante la sede de Interior de la Generalitat de Catalunya.
La comitiva judicial pidió a los Mossos d’Esquadra la ejecución forzosa a pesar de la existencia de un informe de los servicios sociales que lo desaconsejaba
Un hombre de 45 años se ha lanzado por la ventana de su domicilio, situado en la décima planta del pasaje de las Camèlies de Cornellà de Llobregat este jueves a las diez y media de la mañana cuando los Mossos d’Esquadra han llamado a la puerta del domicilio. Poco después, los servicios médicos han certificado la muerte.
El inmueble es titularidad de la entidad financiera Popular(adquirido por el Grupo Santander hace un año). La entidad lo tenía en régimen de alquiler y a pesar de la existencia de un informe de los servicios sociales de Cornellà de Llobregat donde se constataba la situación de vulnerabilidad por la cual pasaba el afectado, ha reclamado que se ejecutara el desalojo en tres ocasiones en un período de cinco meses: las fechas señaladas fueron el 13 de marzo, el 22 de marzo y hoy, 14 de junio.
Montse Pérez, teniente de alcalde de Educación y Política Social de Cornellà, ha explicado que el consistorio estudiará la posibilidad de emprender alguna acción jurídica contra el grupo propietario del inmueble porque “no entendemos el porqué de tanta urgencia” cuando, según ha asegurado, se estaba estudiando con la familia afectaba una solución habitacional de urgencia antes de que pudieran acceder a la bolsa de alquiler social.
Concentración de protesta este jueves ante la sede del Departament d’Interior de la Generalitat
El Banco Popular presentó la demanda de juicio verbal por impago de alquiler el pasado mes de noviembre de 2017, después de un impago de siete mensualidades. Le fue notificada a la víctima durante el mes de enero. La entidad financiera, fundada el 1926, fue adquirida hace un año por el Banco Santander y, a pesar de mantener la marca Popular, forma parte del grupo bancario cántabro. Durante el primer trimestre de 2018 ha anunciado unos beneficios netos de 2.054 millones de euros. A principios de este año, el banco presidido por Ana Patricia Botín constituyó una sociedad participada mayoritariamente por el fondo de inversión norteamericano Blackstone (con un 51%, mientras que el 49% restante está en manos del Santander) y que se encarga de la gestión de todos los activos inmobiliarios que se arrastraban del Banco Popular.
Varias entidades de Barcelona han convocado una concentración este mismo jueves a las ocho de la tarde ante la sede del Departament d’Interior de la Generalitat de Cataluña, en la confluencia de la calle Diputación y el passeig de Sant Joan, con el lema “No son suicidios son asesinatos”.
La PAH ha organizado una protesta para el viernes 15 ante el Ayuntamiento de Cornellà y frente a las sucursales del Banco Popular en todos los municipios.
Hay que recordar que el pasado mes de abril el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de acelerar el proceso de desahucios. La propuesta fue presentada por el PDeCAT y contó con el apoyo de PP, Ciudadanos y el PNV.
Fuentes: Directa, Digital Sevilla, PAH y Redacción.
La mañana del 14 de junio de 2018 la prensa hacía eco de una nueva vida arrebatada por un sistema criminal promovido por la banca.
Un hombre de 45 años ha muerto a manos del sistema bancario y de la legislación criminal de este país, en materia de vivienda. Iba a ser desahuciado porque no podía hacer frente al pago del alquiler de su vivienda al Banco Popular. Una vivienda recientemente adquirida por el fondo buitre Blackstone. Precisamente esta indignarte suceso, ha ocurrido el mismo día que la PAH arrancábamos una nueva campaña internacional contra estos carroñeros,
La victima se enfrentaba a su segundo desahucio, pero hoy justo, cuando una comitiva judicial acompañada de agentes de los Mossos d’Esquadra iba a desalojar a la familia de la vivienda, situada en la décima planta del bloque, ha decidido acabar con su vida fruto de la desesperación.
La familia era usuaria de Servicios Sociales y se encontraba a la espera de recibir ayudas de la Administración que nunca llegaron, eso quebró su esperanza. Y hay muchas esperanzas al borde de la quiebra, al borde de un suicidio que en realidad es un asesinato. Los bancos que le han matado no lo están, pero su avaricia les priva de sentimientos. Y ahora, todos (servicios sociales, bancos, justicia…) echarán balones fuera.
Desde la PAH exigimos medidas urgentes que rescaten esas esperanzas y acaben con tanta injusticia, con tanto sufrimiento con tanta muerte.
Moratoria indefinida de los desahucios a familias en situación de exclusión y vulnerabilidad social.
Que el Gobierno de Pedro Sánchez retire inmediatamente todos los recursos a las leyes de vivienda autonómicas pendientes en el TC.
Que se tramite y apruebe de manera urgente la Ley de Vivienda de la PAH, la única que recoge todos los mecanismos para acabar de una vez por todas con la usura de los bancos, la especulación de nuestros derechos más fundamentales, y lograr que en este país podamos decir que tenemos una ley que garantiza el Derecho a la vivienda para todos sin excepción.
¡No es un lema, es una realidad! Hay vidas en juego y ha llegado el momento de poner una solución, para evitar que se sigan sesgando.
