Otro año más de vigencia de la Constitución de 1978, otro año más de engaño a los ciudadanos de este país, no sólo porque este texto constitucional no está dando solución a problemas actuales de nuestro Estado,
lo que la convierte en obsoleta en algunos de sus aspectos, como en la organización territorial de Estado con arreglo a un sistema que ha demostrando no ser el adecuado dada las desigualdades en el trato entre unas Comunidades Autónomas, las denominadas históricas, y las otras; sino, además, en la declaración de Derechos Fundamentales, parte dogmática que se ha convertido en una mera declaración de intenciones, al no ofrecer una adecuada protección y promoción de los mismos, exigiendo responsabilidades a quienes abusan de su poder y no gestionan adecuadamente los recursos públicos.
Un texto que declara el derecho a una vivienda digna y que no da una adecuada protección a aquellos ciudadanos que carecen de medios suficientes para su adquisición o arrendamiento, sobre todo a aquellas víctimas de la reciente y todavía agonizante crisis económica, al haber antepuesto los intereses de las entidades financieras a los de las personas y familias, incluso desoyendo una iniciativa legislativa popular, máximo exponente de la soberanía nacional, consistente en la dación en pago.
Un texto que garantiza el derecho al trabajo, configurándolo como un derecho y deber, cuando la realidad es bien distinta, no sólo por encontrarnos con la peor tasa de desempleo de su historia, sino además, porque los únicos empleos que se consiguen por los más afortunados, lo son en precario y cerca de la esclavitud laboral debido al incremento de las jornadas laborales por encima del máximo legal permitido con sueldos miserables, que ni siquiera dan para cubrir las necesidades básicas de millones de familias.
Un texto que antepone la deuda exterior a las necesidades de los propios ciudadanos, propiciando de este manera recortes de servicios básicos y esenciales, que la propia Constitución también dice garantizar.
“Un texto que garantiza el derecho al trabajo, configurándolo como un derecho y deber, cuando la realidad es bien distinta, no sólo por encontrarnos con la peor tasa de desempleo de su historia, sino además, porque los únicos empleos que se consiguen por los más afortunados, lo son en precario y cerca de la esclavitud”
Un texto que declara la monarquía parlamentaria como forma de Estado, cuando la propia monarquía ha sido la que se ha puesto en evidencia con comportamientos de dudosa legalidad, tapados con una abdicación y el nombramiento de un nuevo rey cada vez más cuestionado por el propio pueblo dada su escasa utilidad, además de ser cada vez más costosa por integrarla un mayor número de miembros, que pasarán a vivir del cuento.
Una Constitución como la descrita no merece ser celebrada, y quienes lo hacen están participando en una farsa que cada vez menos gente se traga, porque cada vez somos más lo que pedimos, voz en grito, una mayor justicia social, que sería lo que debería garantizar toda Constitución que se precie de democrática, y por lo que deberían luchar los que un día como hoy desfilan ante una presidenta del Congreso, como homenaje a una democracia y a un sistema parlamentario del que se han burlado ellos mismos y sus respectivos partidos políticos cuando han gobernado en este país.
Resulta evidente, la necesidad de dar solución a un sistema que da error por resultar cada vez menos democrático y menos favorable a los ciudadanos.
Indudablemente, aunque muchos lo nieguen para seguir ocupando sus sillones y valiéndose de sus privilegios, necesitamos meter mano a la Constitución, procurando hacerla más garantista en cuanto a los derechos se refieren, así como en cuanto a una auténtica división de poderes cada vez más cuestionada.
Muchos no nos tragamos esta Constitución, pero menos aún el uso interesado que los políticos hacen de ella burlándose de la soberanía popular, al no dejar descansar su titularidad en el pueblo, que es donde debería estar.
