Estas actuaciones se producen en el marco de una nueva fase de la 'operación Madeja', bautizada como 'operación Enredadera', desencadenada a raíz de que los investigadores del Instituto Armado descubriesen que la empresa Fitonovo había creado una "red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban la obtención de contratos públicos de forma irregular.
La Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva operación contra la corrupción que afecta a numerosas provincias españolas y en la que se prevé en torno a una treintena de detenciones. Estas actuaciones se producen en el marco de una nueva fase de la 'operación Madeja', bautizada como 'operación Enredadera', desencadenada a raíz de que los investigadores del Instituto Armado descubriesen que la empresa Fitonovo había creado una "red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban la obtención de contratos públicos de forma irregular.
Fitonovo es una de las empresas con las que mantenía relaciones el que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño cuyo patrimonio personal ascendió de manera considerable y sin justificar después del concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla SA, según explica la Guardia Civil.
Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.). Esto ya provocó que en julio y diciembre de 2013 ya se iniciasen nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de esta empresa.
Del análisis de la información incautada en aquella investigación la Guardia Civil ha averiguado que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, "habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban dicha contratación. A su vez crearon una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Las detenciones y registros de esta 'operación Enredadera' están teniendo lugar en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Entre estas actuaciones se encuentra el registro de la Diputación de Sevilla o la detención de un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura.
A los detenidos e imputados en esta operación se les acusa de haber cometido presuntamente delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
DOBLE DAÑO
A juicio de los investigadores, las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas.
Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número SEIS de Sevilla, que ha decretado el secreto de las actuaciones, está siendo realizada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado fianzas de responsabilidad civil por un valor de 3,5 millones de euros para los empresarios de Fitonovo José Antonio González Baró y Rafael González Palomo
y para el administrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo, a quienes la juez Mercedes Alaya ha dejado en libertad con cargos tras ampliarles su imputación en el marco de la operación 'Madeja' donde se investiga si pagaron dádivas a cambio de recibir contratos públicos.
DETIENEN A UN JEFE DE SECCIÓN EN UNA CONSEJERÍA EXTREMEÑA
Agentes de la Guardia Civil se han personado este martes en la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, en Mérida, y han detenido a un funcionario, un jefe de sección de este departamento que ha sido trasladado a Sevilla.
La vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, ha confirmado esta actuación, en el marco de la Operación Madeja, en Mérida en rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, tras el Consejo de Gobierno.
Cristina Teniente ha explicado que la información sobre esta actuación "es todavía confusa", ya que se ha desarrollado a lo largo de esta mañana, por lo que ha reclamado "prudencia" sobre este caso.
"Es cierto que se ha estado en la Consejería de Fomento y que se ha trasladado a un jefe de sección a Sevilla, es lo único que podemos confirmar hasta la fecha", ha apuntado la vicepresidenta extremeña, quien ha señalado que la información se irá actualizando en cuanto se tengan más datos.
"Nos han trasladado que es un jefe de sección", ha señalado Teniente, quien ha aclarado que "los jefes de sección no son personal de libre designación", por lo tanto el afectado "no es un jefe de sección de ahora, sino que lleva ya muchos años en la administración".
En ese sentido, ha reiterado que "no se trata de un cargo de libre designación, se trata de un funcionario".
Además, la Guardia Civil
ha detenido a dos personas en Lanzarote y Gran Canaria en el marco de la 'Operación Enredadera', una tercera fase de la llamada 'Operación Madeja', en la que se prevé una treintena de detenciones, han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
ARRESTADOS TRES FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Agentes de la Guardia Civil han detenido en Huelva a tres funcionarios, dos del departamento de Fomento y uno de Carreteras, todos de la Administración autonómica, según han informado a Europa Press desde el Instituto Armado.
Asimismo, han precisado que se ha realizado un registro en el edificio de la Junta de Andalucía, en la Avenida de la Ría de la capital, que alberga la Delegación de Fomento y Vivienda.
Además, los agentes han detenido a unas cinco personas dentro de las actuaciones que están desarrollando este martes en 13 provincias españolas, en el marco de la denominada 'Operación Enredadera'.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza su petición de figurar como perjudicado en la causa y concluye que el Partido Popular fue "partícipe a título lucrativo" de la trama. La Audiencia Nacional ha confirmado el auto del juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, en el que apuntaba que el Partido Popular (PP) se lucró con "fondos indiciariamente procedentes de un delito"...
Agencias
La Audiencia Nacional ha confirmado el auto del juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, en el que apuntaba que el Partido Popular (PP) se lucró con "fondos indiciariamente procedentes de un delito" que habrían cometido los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha rechazado este martes el recurso de apelación que los 'populares' presentaron contra un auto que Ruz dictó en julio pasado en el que cuantificaba en un total de 236.864 euros el lucro que el PP de Pozuelo y el de Majadahonda podrían haber obtenido de las actividades de la trama.
De esta forma, el tribunal confirma la condición del PP como partícipe a título lucrativo de los delitos investigados en la "primera época" de funcionamiento de la trama 'Gürtel', que se desarrolló, según la cronología que hizo el juez Ruz, entre los años 1999 y 2005.
En su resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, los magistrados de la Sección Cuarta citan cinco informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que constan en el procedimiento, entre ellos uno que apuntaba que la relación de la trama con el PP era "simbiótica" en lugar de "parasitaria".
El pasado 24 de septiembre el magistrado rechazó el recurso de reforma presentado por el PP en un auto en el que destacaba la necesidad de que la formación de Mariano Rajoy, que pidió la condición de perjudicada, sea partícipe a título lucrativo en el procedimiento para que "se neutralice cualquier ventaja generada con motivo de la presunta comisión de las infracciones penales" atribuidas a Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y Guillermo Ortega.
