EE.UU. tiene el 5% de la población mundial y el 25% de los reclusos de la Tierra. A inicios de abril se contabilizaban más de un millón y medio de convictos en prisiones federales y cárceles departamentales; 47% por delitos relacionados con tenencia de drogas y 30% por transgresiones no violentas; más de la mitad padres o madres con un hijo menor de 18 años. Hoy uno de cada 28 niños en Estados Unidos tiene un progenitor en la cárcel.
Según un reporte del Centro Internacional para Estudios de las Prisiones, Estados Unidos encierra a 716 ciudadanos por cada 100 mil habitantes y su inventario general de prisioneros aumentó desde 307.276 en 1978 hasta casi dos millones de condenados a fines de 2012. Acorde con registros del Departamento de Justicia, mientras la población nacional del norteño país ha crecido un tercio durante los pasados 30 años, la tasa de encarcelación federal lo hizo en 800% y hoy las penitenciarías norteamericanas operan en un 40% por encima de sus capacidades reales.
En la actualidad existen más negros insertos en el sistema penal que en cualquier momento durante la esclavitud, antes de la guerra de Secesión (1861-1865). En la actualidad los afroamericanos representan 40% de la población reclusa y van a la cárcel con una frecuencia siete veces mayor que los blancos, a pesar de constituir solo el 12% de la población nacional.
El número de inmigrantes ilegales encarcelados en Estados Unidos aumenta de manera exponencial a instancias de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), institución responsable del encarcelamiento de al menos 400 mil ciudadanos extranjeros cada 12 meses con gastos superiores a 1.900 millones de dólares en las operaciones relacionadas con la custodia, reportó Global Research.
El negocio de las industrias carcelarias privadas en Estados Unidos cobra auge, con ingresos de más de 2.900 millones de dólares en 2010. El número de personas encarceladas bajo custodia se incrementó un 772% entre 1970 y 2009, debido en gran parte a la increíble influencia que ejercen las empresas privadas sobre el sistema legal estadounidense, comentó el sitio digital Global Research. Para los conglomerados correccionales, la prosperidad depende de mantener el máximo de presos por el mayor tiempo posible, lo que ha hecho que este modelo de instituciones prolifere, en vez de centrarse en la rehabilitación. Como la indulgencia judicial y las reducciones de sentencia amenazan los esquemas para obtener ganancias, las empresas privadas gastan millones de dólares en cabildeo con funcionarios estatales y los candidatos políticos, destacó la investigación. A fin de influir para que las sentencias se cumplan completamente, sin derecho a libertad condicional, comités de acción reunidos por empresas privadas penitenciarias presionaron a la clase política con la entrega de más de tres millones 300 mil dólares desde 2001.
La compañía GEO Group, considerado el mayor operador del mundo de centros penitenciarios, correccionales, psiquiátricos y de detención de inmigrantes, reportó un incremento de sus ingresos en 56% en el primer trimestre de 2013, con utilidades de 23 millones 420 mil dólares, cifra superior al lucro de similar periodo de 2012 con dividendos cercanos a los 15 millones de dólares, “buen resultado operativo y financiero de nuestras diversificadas unidades de negocio”, comunicó George Zoley, presidente de Geo Group.
Estados cárcel
Con 893 prisioneros por cada 100 mil residentes, el estado de Louisiana encabeza a la nación en cuanto a tasa de convictos, y además lidera en la lista de incidencias criminales relacionadas con homicidios culposos y asesinatos no negligentes, con 555 delitos violentos por cada 100 mil habitantes.
En segundo lugar está Mississippi, territorio que observó repuntar a su población penal en un 4,1% desde 2011 y además tiene a más personas viviendo en la pobreza que cualquier otro departamento norteamericano.
Los siguientes en la lista son Alabama y Oklahoma, con tasas respectivas de 650 y 648 internos por cada 100 mil residentes. Oklahoma también ostenta el récord gris de más mujeres presas: 127 féminas por cada 100 mil habitantes. El ultraconservador estado de Texas tiene el mayor número de residentes encarcelados en la Unión, aproximadamente 158 mil, mientras que su tasa de encierro es la quinta más alta de Norteamérica.
Por otro lado, la población carcelaria de California creció desde 1970 hasta hoy en 750%. Durante el último cuarto de siglo se han interpuesto múltiples demandas contra las prisiones estatales californianas que se encuentran “peligrosamente superpobladas”, según advirtió en un editorial el diario estadounidense The New York Times. En 2011 la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el hacinamiento era tal en las penitenciarías que estaban a casi el doble de su capacidad de diseño, lo que comprometía la salud y la seguridad de los reclusos. El tribunal ordenó al Estado disminuir su población carcelaria en decenas de miles de presos. En enero el número de internos se redujo allí a unos 120 mil y el gobernador Jerry Brown declaró entonces que la emergencia carcelaria había terminado. Brown pidió al Supremo retrasar una orden judicial federal para liberar a casi 10 mil reos más, pero el 2 de agosto el tribunal rechazó esta solicitud. Para las autoridades estatales, la liberación de más presos sería una amenaza para la seguridad pública, pero “el problema de California no es el delito excesivo, sino un castigo excesivo”, enfatizó el editorial y recordó que la población carcelaria del estado es considerada entre los más grandes del país. “Si bien presenta un caso extremo, sus problemas son representativos de lo que sucede en las prisiones y cárceles en otros estados”. California -dijo el Times- siempre se le ha visto como tierra de la innovación y el emprendimiento, pero en la justicia penal y el encarcelamiento, el llamado Estado Dorado sigue obstinadamente detrás de la curva. Allí persisten muchos problemas arraigados, como penas desproporcionadamente largas, que se suman a la superpoblación carcelaria, pese al reordenamiento que trata de promoverse a nivel estatal, añadió el periódico.
El 20 de octubre de este año la ONU solicitó a Estados Unidos ingresar a las prisiones de California, donde se cometen presuntas violaciones de la Convención Internacional en contra de la Tortura. La organización realizó una petición formal al Departamento de Estado atendiendo a denuncias de que las autoridades carcelarias de este país aplican el aislamiento prolongado de reos en violación de los acuerdos internacionales. La información fue divulgada por Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura, al reunirse en la Iglesia Presbiteriana Emmanuel de Los Ángeles, con familiares de presos que aseguran han estado en confinamiento solitario por años. El funcionario señaló que a causa de la huelga de hambre que se registró durante el verano en las prisiones de California, se pidió permiso al gobierno de Estados Unidos para la visita. La solicitud no había sido respondida luego de tres meses y según Méndez, le sorprendería que abiertamente le nieguen el acceso.
El Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California reconoció que el 8 de julio 12.421 internos de 28 cárceles iniciaron una huelga de hambre, pero activistas y familiares aseguran que fueron más de 30 mil. La huelga de hambre, en protesta por el aislamiento en las celdas SHU (Security Housing Unit), duró dos meses y uno de los reos que participaba murió, según un informe del diario digital californiano La Opinión.
Mea culpa
El conflicto en el sistema penal no ha pasado inadvertido en el Congreso, la Casa Blanca, o para las autoridades estaduales. En junio último los senadores Rand Paul (republicano) y Patrick J. Leahy, un demócrata de Vermont, presentaron una enmienda o intento de solución legal desde Washington. Paul admitió que muchas de las personas condenadas en realidad no merecen estar en prisión y fueron sentenciadas “debido a un enfoque equivocado y draconiano en el proceso de castigo federal, sin ninguna relación con el realce de la seguridad pública”. A tenor de los exagerados estándares legales de hoy, incluso los dos anteriores presidentes de este país hubieran tenido que cumplir tiempo en prisión por causa de algunas transgresiones juveniles, apuntó el congresista de Kentucky.
El juez de apelaciones Timothy Lewis recordó, en entrevista con la cadena NBC, que una vez se vio obligado a condenar a 10 años de prisión a un joven afroamericano acusado de “conspiración para estar en un auto en el cual se hallaron drogas”. Lewis explicó que el muchacho, de 19 años, era el primero de su familia que había ganado una beca universitaria, pero tuvo que confirmar la sentencia debido a un mandato de obligatoriedad impuesto por una regulación judicial ejecutiva dictada por Washington.
Presionado por las argumentaciones de varias autoridades, el secretario de Justicia Eric Holder anunció en el mes de agosto medidas encaminadas a reformar el sistema penal de Estados Unidos y flexibilizar sentencias aplicadas en delitos relacionados con drogas. Según el titular, su despacho prevé presentar un proyecto para liberar a reclusos de mayor edad que enfrenten sentencias por crímenes no violentos. Estos convictos serán transferidos a programas de rehabilitación social o de servicio comunitario. Holder también propuso modificaciones para impedir que los reos imputados por delitos menores de drogas, no violentos, ni vinculados con pandillas, sean condenados a largas sentencias.
De acuerdo con el Secretario de Justicia, la idea es que las autoridades y los cuerpos policiales se enfoquen sobre todo en los delincuentes mayores, violentos, armados o reincidentes. Con anterioridad, los estados de Nueva York, Florida, Virginia, Carolina del Norte, Texas y Arkansas refrendaron sus propias políticas para disminuir las tasas de encarcelaciones, pero en todos los casos el principal motivo fue ahorrar dinero en época de la llamada Gran Recesión.
Joan Petersilia, una profesora de leyes del Centro de Estudios sobre Criminalística de Stanford, dijo que las autoridades estadounidenses “deben de una vez entender el mensaje de que con el hecho de que se encierren a más personas cada día no se garantiza un aumento de la seguridad pública”.
Según Petersilia, urge un enfoque multifacético para este dilema donde existan más variantes de rehabilitación, trabajo de instituciones mentales, pesquisas psiquiátricas y menos política conservadora de colocar a más individuos tras las rejas y cada vez por más tiempo, apuntó. Otra activista comunitaria que apoya este concepto es la escritora Piper Kerman, quien sugiere que las mujeres norteamericanas con hijos pequeños, condenadas por delitos menores, deberían cumplir sentencia de casa por cárcel y no ser separadas jamás de sus niños. Con este tipo de castigo se ahorra dinero al estado, son mayores las posibilidades de rehabilitación, menores las secuelas traumáticas, se reduce la criminalidad y se mantiene a estas familias unidas, un camino adecuado para evitar la reincidencia delictiva, subrayó la experta. Kerman celebró la reciente decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de disminuir los precios de las llamadas telefónicas de los reclusos. Es un fallo que demoró 10 años, pero igual resulta bienvenido porque este contacto convicto-pariente es crucial para disminuir la criminalidad, dijo.
Schwarzenegger
El sistema penitenciario está “colapsando bajo su propio peso” En noviembre del año pasado los votantes californianos aprobaron abrumadoramente la Proposición 36, que restringe el uso de la ley por delitos no violentos, incluso para los presos actuales en este territorio de la costa suroeste. El Estado ha comenzado a tomar medidas para reparar lo que el ex gobernador Arnold Schwarzenegger describió como un sistema penitenciario que está “colapsando bajo su propio peso”.
Asociaciones civiles y expertos pidieron desde 2011 a la Gobernación de California resolver el problema de sobrepoblación carcelaria. El estado occidental mantiene a unos 140 mil convictos en prisiones con capacidad para un 37% de individuos menos. Miles de reclusos en prisiones de alta seguridad en este territorio se han declarado en huelga de hambre, en una sucesión de protestas que comenzó hace 10 meses. Los internos exigen mejoras alimenticias, adecuado aprovisionamiento de ropa y más oportunidades educacionales. Las condiciones son deplorables, las peores en que un ser humano puede vivir, comentó Víctor Amaya, cuyo hijo de 24 años ha estado entre los amotinados.
El 2 de agosto de este año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Estados Unidos dictaminó que el estado de California debía proceder a la liberación paulatina de hasta 10 mil prisioneros, para contrarrestar un excedente de población penal. Desde mayo el máximo tribunal juzgó que las condiciones de las penitenciarías californianas violan la octava enmienda sancionada en 1791, que prohíbe la aplicación de castigos crueles e inusuales. Sin embargo, el magistrado Antonin Scalia votó en contra de la decisión y alertó que como consecuencia del fallo miles de asesinos y violadores de niños podrían quedar en libertad. Junto a Scalia, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito también se opusieron al veredicto de la CSJ, una institución de apelaciones compuesta por nueve voces.
* Con reportes de Jorge V. Jaime, jefe de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.
Fuente: la verdad nos hara libres
