Ponerse a bucear en el mundo de las empresas de seguridad es meterse en un pozo que no tiene fin y en el que resulta común terminar en rincones opacos. Todo tipo de conexiones turbias, personajes oscuros, condiciones laborales draconianas… Pero sobre todo contactos políticos de alto nivel, pasarelas entre empresas de seguridad y ejército o policías y un pingüe negocio de muy pocos.
Antes que nada habría que aclarar ¿Es el Estado Español un lugar con poca seguridad? Pues no lo parece, siendo como es el país con más tasa de policía de la UE. De hecho tenemos entre 505 y 528 policías por cada 100.000 habitantes, según las fuentes, una cifra altísima frente los 385 de media europea (1). A ello hay que sumar 195 vigilantes privados por 100.000 habitantes. Unos pocos menos que en Europa que tiene una media en torno a los 225. Vamos, que por polis no será.
Las empresas de seguridad en el Estado Español son 1.500, dan empleo a 85.000 personas y es un sector que el año pasado facturó 3.215 millones de euros, pero en realidad estas empresas son prácticamente un oligopolio, puesto que un grupito de una docena, representadas en la patronal Aproser, agrupan el 80% del negocio y solo cinco tienen más 5.000 empleados, estando a la cabeza el gigante de la seguridad privada, Securitas y seguido por empresas como Prosegur, Eulen, Casesa o Segur Ibérica.
Un primer dato que llama la atención y es público: muchas de estas empresas son propiedad de grupos de inversión y capital riesgo, vinculados a otras empresas o grandes bancos y en algunas ocasiones a paraísos fiscales de todo tipo. Bain Capital Investors, Hellman&Friedman Corporate, Baring Private Equity Partners, Corpfin Capital Fund… nombres que seguro no os suenan, pero que son auténticos monstruos económicos con un poder real sustentado en sus relaciones multinacionales.Otro dato que choca: la gran mayoría de estas empresas nacen con su estructura actual entre finales de los 80 y principios de los 90 y crecieron exponencialmente hasta llegar a un apogeo a mediados de la primera década del XXI. Normalmente pasan desapercibidas, pero su personal y beneficios se han incrementado hasta el punto de no haber notado la crisis, pues las grandes reconocen pérdidas inferiores al 5% en los últimos años (2).
Estas corporaciones se han ido introduciendo poco a poco en lo colectivo como una silenciosa infección. En muchas instituciones públicas han terminado haciendo el papel de conserjes o celadores porque además del típico guarda de la porra está el auxiliar de seguridad, que cobra un salario mísero y que suele trabajar para segundas marcas de las grandes empresas. Por ejemplo Servimax, filial de Prosegur.
Y en los últimos meses se está profundizando en el proceso de concesiones, como sucede con la progresiva privatización de las instituciones carcelarias en el Estado Español con la introducción de vigilancia privada. Un verdadero chollo este servicio. Ocho empresas de seguridad que pagan 1.350 euros al mes a cada vigilante y tienen un margen de 1.850 euros mensuales por trabajador(3).
Hace tiempo,asimismo, que estas empresas están presentes en los centros de menores, con funestos resultados, a través de fundaciones que a menudo no son sino la cara B de empresas de servicios que también tienen su división de seguridad. Resultado final: más del 22% de su facturación es dinero público.
¿Qué es un segurata? Un guardia jurado de seguridad, esencialmente, es un tipo que hace un curso de 180hs. Tras ello un examen bastante básico y unas pruebas físicas elementales que hace el Mº de Interior y que te concede un número de placa. Casualmente todas las grandes empresas tienen sus propios centros homologados en los que hacer el curso. Si no se aprueba el examen (y hace falta ser bastante torpe para no hacerlo) siempre queda la “segunda división” de los auxiliares de seguridad, auténtico cajón de sastre donde cabe de todo.
¿Y quiénes son las empresas de seguridad? Pues esas 1500 ya citadas, pero nos centraremos en las 12 que llevan la voz cantante. Empezando, por ejemplo por Securitas, el líder mundial en seguridad. La multinacional sueca trabaja desde pequeños comercios hasta grandes complejos industriales y tiene más de 300.000 empleados en 52 países. En 20 años en el Estado ha ido comprando empresas a velocidad de vértigo. Ausysegur, Ebrovisa, TCV Seguridad, Black Star o parte de Vinsa son algunas para absorver buena parte del mercado. También se ha extendido en el mundo de las ETT y de la formación laboral, además de ser el líder en alarmas y videovigilancia. No hay fangal en que no estén metidos, pero suenan especialmente por sus temibles condiciones de trabajo y sus reiteradas denuncias por incumplimiento de contratos.
Conectado con Securitas está Vinsa Seguridad, parte del grupo Alentis, osea con capital de la ONCE y una parte de la cual fue comprada por Securitas en un extraño cambio de cromos. Tiene 4000 trabajadores y excelentes relaciones con el estado.
Y como olvidarnos de EULEN, la decana de la seguridad en el estado. Heredera de la antigua Prosesa, con varias líneas de negocio y presente en varios países europeos y latinoamericanos con 75.000 empleados guarda estrechos vínculos con el PP. Carlos Mayor Oreja es uno de sus mayores accionistas y de siempre se ha relacionado muy estrechamente a esta empresa con el Partido Popular, llegando a confundir, con frencuencia, intereses privados y empresariales. Otro conocido pepero vinculado a Eulen es Rodolfo Martín Villa, que estuvo unos cuantos años en puestos directivos en la empresa.
David Alvárez, jefe máximo del grupo, presume de amigo personal de Aznar y sus descendientes están vinculados al BBVA, Gas Natural, Endesa,…, Aún no hemos hablado de otro perla de la cuerda del PP José Maria Mayor Oreja, ex-ministro ahora en la sombra. Según sentencia judicial (4) quedó demostrado que ha sido presidente de dos compañías de seguridad, miembro de Cobra Sistemas de Seguridad S.A. administrador único de Segurotec S.A y siempre vinculado a Prosegur. ETA ha sido un excelente negocio para la familia Mayor Oreja, puesto que buena parte de los escoltas privados eran empresas relacionadas con su clan.
Prosegur es el verdadero gigante español del sector. 150.000 empleados en más de 400 sedes y tercera empresa mundial en su sector. Pero si seguimos el puente que cruza entre el poder político y las empresas de seguridad llegamos pronto a Segur-Ibérica. Esta empresa es la única que actualmente desarrolla servicios de alta especialización como la vigilancia y protección de la flota atunera con armas de guerra. Muy estrechamente relacionada con el ejército, sus 7000 empleados es frecuente que den el paso de la milicia a la seguridad privada.
Es propiedad de las financieras Corpfin Capital Fund y con un ex-consejero de campanillas: Pedro Morenés. Os refrescamos la memoria, Ministro de Defensa en el actual gobierno del PP. También es chocante que en 2011 esta empresa recibió adjudicaciones de 14 de los 15 ministerios. No es de extrañar que esta empresa haya crecido en plena crisis.
Casesa, Castellana de Seguridad, es más discreta en sus chanchullos, pero con sus 6.300 trabajadores y trabajadoras es otra de las que posee contratas tan polémicas como la del Metro de Madrid, donde sus guardas, auténticos macarras, han protagonizado varios incidentes graves. Tan mal no les va, desde luego, pues ha sido declarada séptima compañía con mayor crecimiento en el continente europeo. También es propiedad de varios grupos de capital riesgo, el más conocido Baring.
No podemos irnos sin un paseo por el mundo de las empresas no tan grandes, que también es bastante turbio y trufado de toda suerte de personajes digamos “curiosos”. Destacable es el ejemplo de Levantina de Seguridad, propiedad de José Luis Roberto líder del partido ultra España 2000. En esta empresa han trabajado varios reconocidos neonazis, algunos de ellos implicados en toda suerte de agresiones, y mantienen conexiones con las peñas ultras del Valencia. A su vez, Roberto es presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, y tiene relación directa con “empresarios” rusos. Con sus empresas de comercialización de ropa suministra gran parte de la misma a las policías locales de Madrid. También es dueño de varios gimnasios entre los que se cuenta el valenciano Gym Levantina investigado por organizar campeonatos ilegales de Valetudo.
En Aragón es muy conocida Coviar, varios de cuyos directivos están muy vinculados con la Guardia Civil y acumula varias de las más jugosas contratas de la comunidad. Es la encargada de la vigilancia privada de las cárceles de Zuera y Daroca, se ha extendido a todo el estado y tiene una matriz de servicios, en que se mezcla teleasistencia, asistencia a domicilio o limpieza con el nombre de Euroibérica de Servicios.
Y en Madrid, relacionada con la tragedia del Madrid-Arena no podemos olvidarnos de Kontrol 34, empresa de seguridad que controlaba el interior del recinto y es propiedad de Carlos Manzanares Rodríguez, cuyo apellido da nombre al grupo de Los Manza, conocido clan metido en blanqueo de dinero negro y diversos delitos que se hizo tristemente célebre por varios reportajes televisivos (5).
Tres ejemplos, pero una simple lectura atenta de la prensa da una imagen muy clara de que colección de elementos podemos encontrarnos en este tipo de empresas.
Aunque, ya que hemos hablado del caso Madrid-Arena podemos hablar de Seguriber, ahora seguriber-umano, que también estuvieron a vueltas en este caso(6) y que tiene un contrato millonario con el Ayto de Madrid.. La principal accionista de la empresa es Mónica Oriol y sus socios están implicados en el complejo caso de corrupción Malaya entre otras lindezas. La empresa actual es fruto de una unión financiera entre esa confusa etiqueta de “servicios auxiliares” y la ETT Umano y tiene 3000 guardas jurados y capital vasco, como Eulen.
Si hablamos de seguratas vascos no puede faltar a la fiesta Sabico, también conocida como la empresa de los escoltas, con sede central en Donosti y extendida por todo el estado, es una de las que ha pillado cacho con la seguridad privada de las cárceles y que durante la época de acompañamiento de los amenazados por ETA creció como la espuma. Perteneciente al Grupo Invesnor. Tiene numerosos contratos con el Gobierno Vasco y Navarro.
De muchas de estas empresas cuesta realmente recabar datos fiables, porque algo tienen que callar. Es el caso de Ombuds y sus 1900 trabajadores, propiedad, una vez más de un holding industrial y financiero: JZ International. Tras ella está la familia Cortina, vinculada al Cesid y uno de cuyos miembros fue juzgado por el golpe de estado del 23-F. Casualmente tiene varios contratos con el Mº de Defensa.
Otras empresas han desaparecido, pero llama la atención el caso de Esabe, que fue ganando un contrato tras otro con el Estado hasta que toda su cúpula directiva era detenida por varios delitos económicos y un fraude a la Seguridad Social de 30 millones de euros. En sus últimos tres años logró una bolsa de 95 adjudicaciones millonarias pese a que también eran millonarias sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Su presidente, Juan José Prados del Pino permanece huido de la justicia, presuntamente en un país extranjero tras dejar nóminas impagadas por valor de 50 millones.
Aunque este parezca un texto largo nos dejamos mucho en el tintero. Un seguimiento básico de las actividades de las compañías de seguridad pone los pelos de punta solo con ver la cantidad de denuncias que acumulan o el volumen de sus negocios y más aún si nos trasladamos a nivel internacional.
Pero, como ya dijimos al principio, el negocio de la seguridad privada vive sobre todo de su opacidad, de garantizar que van a quedar personas lo bastante desesperadas como para trabajar 12hs al día por un salario mísero y que sus permanentes lazos con el poder político les garantizará una cuenta de resultados muy saneada.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana no viene más que a reforzar sus competencias, a convertir a estas corporaciones en más fuertes y más impunes, previo pago, claro. No es personal, solo negocios.
J.M. Marshall | Para
AraInfo
Fuente: la verdad nos hara libres
