La aprobación por el Congreso de los Diputados del nuevo Proyecto
de Ley de Seguridad Privada supone una nueva vuelta de tuerca al profundo recorte de libertades en que los gobernantes del Partido Popular están sumiendo a los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Un gigantesco “paquete represivo”
La Ley de Seguridad privada se inscribe en un conjunto legislativo fuertemente represivo, que incluye las anunciadas reformas del Código Penal, del Código Penal Militar y la nueva Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. De esta última -en fase de anteproyecto- no se conoce otra cosa que las terribles sanciones previstas por el Gobierno para reprimir las protestas sociales por vía administrativa y sin protección judicial alguna. En la práctica liquida los derechos constitucionales de reunión y manifestación e introduce la arbitrariedad administrativa y la aparición de algunos excesos policiales fomentados por los responsables políticos.
Código Penal: “ojo por ojo” y “años de plomo”
En la reforma del Código Penal se introducirá la nueva pena de “cadena perpetua revisable” que elimina la posibilidad de reinserción social y vuelve al “
ojo por ojo” de la justicia estrictamente punitiva.
La aplicación a supuestos de “terrorismo”, unida a la facilidad con la que el Gobierno aplica este concepto a la protesta y a la indignación social, hace prever el comienzo de un nuevo ciclo de “años de plomo” como los de la “larga noche del franquismo”.
Código Penal Militar: “estado de excepción permanente”, impunidad para los crímenes de guerra y 100.000 potenciales “soldados Manning”
La modificación del Código Penal Militar (de la que la que solo se conocen algunas “ideas generales”) apunta al corazón mismo de la activación de un
Régimen en “
estado de excepción permanente”. El Gobierno podrá activar el “estado de sitio” que prevé la Constitución de 1978, con suspensión de todos los derechos políticos y de las garantías constitucionales no solo en caso de “guerra declarada” con aprobación del Parlamento, sino en los supuestos de “existencia de un conflicto armado”.
Por otra parte la reforma prevé la aplicación a civiles de delitos específicamente militares, como el de rebelión, en caso de que con su actuación entorpezcan las acciones militares o publiquen datos considerados reservados. En consecuencia, la denuncia, publicación o difusión de informaciones como la del “video de Irak”, las actividades del CNI en zona de combate, el adiestramiento de las unidades operativas en técnicas de tortura, o la matanza deliberada de un cámara como José Couto, por poner ejemplos que han sido publicados en los medios, e ignorados o bloqueados por las autoridades judiciales, constituirán delitos castigados con grandes penas. También, evidentemente, la exigencia de una investigación independiente –y el castigo de los culpables-.
En relación con los propios militares, la reforma del su Código Penal –que implica la aplicación para situaciones de “guerra no declarada”-, supone la imposibilidad de denunciar delitos de lesa humanidad o de negarse a participar en ellos. La sombra del soldado Manning –condenado a cadena perpetua por denunciar decenas de miles de asesinatos, torturas y vejaciones en Irak y Afganistán, incluidos los de civiles-, pende sobre nuestros profesionales como una losa de plomo.
Y sobre nuestro país la vergüenza de romper absoluta y definitivamente con las nomas de “derecho humanitario” del tratado de Roma, que tipifica y castiga los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Hay que recordar que un acuerdo del bipartito modificó el Código Penal en tiempos ya de Zapatero, para impedir la persecución de esos delitos cometidos en “guerras no declaradas” y la persecución de los mismos por la Audiencia Nacional. Además los EEUU niegan la jurisdicción del Tribunal de Roma a sus tropas y funcionarios en ningún lugar del mundo y aplican la misma impunidad a sus aliados. Javier Solana (guerra de Yugoslavia), Aznar (guerra de Irak y de Afganistán), Zapatero (guerra de Afganistán, escala en aeropuertos españoles de aviones que servían de pequeños centros de tortura en vuelos hacia Guatánamo, guerra de Libia) se liberarían de la posibilidad evidente, junto con algunos altos mandos militares y ejecutores directos, de ser procesados por uno o varios de esos crímenes nefandos.
El abrazo entre Zapatero y Toni Blair (uno de los miembros del
Trío de las Azores), hace pocos días, escenificó la realidad encubierta hasta ahora: el “pacto de supervivencia a toda costa y contra el pueblo” entre los señores de la guerra que son también responsables de la crisis.
Ley de Seguridad Privada: las bases para la legalización de un “enorme ejército paramilitar” al servicio de los poderosos
Finalmente,
el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, a discusión en el Senado y –previsiblemente-, de inmediata aplicación, eleva el listón de la barbarie hasta límites absolutamente intolerables.
La Ley no pretende institucionalizar la prestación de servicios de seguridad de forma subsidiaria o restringida a la defensa de los intereses específicos de particulares, sino de manera “complementaria” al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) del Estado.
Esto es, la seguridad y la defensa de los derechos y libertades y el monopolio del uso de la fuerza no será ya competencia exclusiva de las Fuerzas de Seguridad, sino de las empresas de seguridad privada. Los efectos son escandalosos.
Negocio de ricos, cárcel de pobres
En primer lugar “los guardias de seguridad privados” van a reemplazar a los funcionarios públicos en aquellas áreas de actividad punitiva como la gestión carcelaria. El Estado las entrega al negocio privado porque tienen una rentabilidad asegurada.
Dicho con la máxima claridad; la aplicación de las “condenas incrementadas” del sistema de
Tolerancia Cero que se va a implantar con la reforma del Código Penal, va a aumentar en progresión geométrica la población carcelaria con los que el negocio va a ser fabuloso.
Otra de las consecuencias del sistema (también implantado en Europa por Blair) va a consolidar el sistema carcelario como un “
gueto discriminatorio” al que no van los poderosos. La cárcel –como en EE UU, país origen del sistema-, se convertirá en un “modo de vida” para un número gigantesco de personas.
Hay otros aspectos de la Ley de Seguridad Privada, mucho más escandalosos y preocupantes, que llaman a la revuelta ciudadana.
Motivos para una revuelta ciudadana: policías que no son policías, “impunidad blindada”, algún que otro torturador en sus filas, indefinición del armamento y posible uso de armas letales
La Ley autoriza la utilización de los servicios de “seguridad privada” en espacios abiertos, sean de interés público (cárceles, CIEs) o privados (conciertos o celebraciones realizados en suelo público para una entidad privada), bajo
la supuesta supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en “idénticas condiciones” que las de éstas.
Para ello, se les ofrece el poderosísimo blindaje, que respaldará cualquier atropello, de su consideración como “autoridad del estado”.
Eso quiere decir que cualquier nimiedad puede ser considerada como un delito de “resistencia, insulto o desobediencia a la autoridad” y condenada con las gravísimas penas que se aplicarán tras las modificaciones en curso del Código Penal y de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Las condiciones para que se autorice su actuación en espacios públicos no quedan nada claras y, mucho menos, en qué circunstancias y con qué requisitos han de ser considerados “autoridad del estado”.
Otro aspecto gravísimo es la vaguedad con la que se habla de las las “armas y medios de defensa” que pueden utilizar. Únicamente se alude a que estos medios no deben estar prohibidos por el Reglamento de Armas. Pero nada acerca de las condiciones en que su uso es legítimo, salvo las habituales y difusas de “congruencia y proporcionalidad”.
Eso es claramente insuficiente no sólo por la explícita vaguedad en cuanto a las “armas y medios de defensa” sino porque hoy existen multitud de medios considerados “defensivos” por el Reglamento de Armas que, sin estar explícitamente prohibidos, han sido reiteradas veces cuestionados por las organizaciones de derechos humanos como potenciales medios letales o desproporcionadamente lesivos si no son empleados bajo un control muy estricto: armas de electrochoque, aerosoles de gases paralizantes, pelotas de goma o balas de plástico, etc.
De hecho, su uso está muy limitado entre las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La laxitud con que se trata este aspecto en la ley permite anticipar un coladero para la irrupción masiva de los medios más sofisticados que la imaginación humana pueda concebir, sin otro requisito que el que el Reglamento de Armas no los prohíba.
-Entre los requisitos para acceder a la profesión, sorprende que no se vete explícitamente a aquellas personas que hayan estado involucradas en violaciones de derechos humanos, como ha sido el caso de famosos torturadores propietarios o empleados en empresas de seguridad y espionaje. Y los requisitos formativos exigidos son también demasiado laxos, si se tiene en cuenta que, de facto, se les quiere convertir en “agentes de la autoridad”.
Hacia la formación de un “ejército paramilitar”
-Con todo ello, lo más preocupante del Proyecto de Ley reside en la escasa atención que se le presta a la transparencia en su función y a los sistemas de rendición de cuentas.
Ya de por si resulta clamoroso el déficit existente en la legislación actual con respecto a mecanismos independientes de recepción e investigación de denuncias contra la policía, desatendiendo todas las normas de los organismos internacionales a las que está obligado el Estado Español. Pero si se va a permitir a las empresas de seguridad ejecutar funciones propias de la policía, que tiene que afrontar la protección de la seguridad mediante la restricción de derechos, su interesada omisión en el proyecto habla bien a las claras de su fin último: se encargarán de hacer el trabajo sucio sin estar sometidos a los quisquillosos escrutinios que encorsetan a las policías públicas.
Esta “impunidad reglada” es lo que caracterizaba en otros tiempos a los “somatenes”; y hoy en día a las fuerzas paramilitares, entusiásticamente empleadas y fomentadas en todo el planeta por los más acérrimos neoliberales.
El ejercicio de la violencia sin límite para defender intereses, ajenos a todo control democrático.
El PP ultraliberal y parafascista quiere un ejército privado
Cumple este proyecto, además, otra función, cual es la de extender sin desmayo el modelo neoliberal de privatizar todas cuantas funciones públicas puedan ser susceptibles de generar negocio. Se alega reducción de los costes, pero es a costa de sacrificar los derechos de los trabajadores. Pobre cualificación, escaso control y nichos de negocio cuidadosamente seleccionados y con la certeza de que la seguridad es un filón inagotable; estos son los ingredientes de la nueva receta que se está tratando de filtrar.
Hay que señalar aquí el interés de destacados miembros del PP en la extensión de este modelo, por su importante participación en empresas de seguridad privada, como ya denunciara Arzalluz, hace unos años, con ocasión de la negativa del gobierno de Aznar a autorizar un aumento de la plantilla de la Ertzaintza.
Por último, hay que destacar la ausencia de toda referencia, ni de aplicación ni de exclusión, a las compañías de seguridad privada que están operando a bordo de buques nacionales, como sucede en aguas del océano Índico, legalmente, territorio nacional. En este caso, se emplean armas de guerra en un contexto de virtual inexistencia de autoridad, lo que los convierte, ahora sí, en verdaderos paramilitares a los que no se les exige ningún respeto al derecho internacional humanitario, permitiendo que sigan operando en un auténtico limbo legal que favorece su negocio.
Lo peor de todo es que con esta ley se rebajan dramáticamente los estándares de calidad de un servicio público que pone en riesgo la integridad de las personas, en un esfuerzo desesperado del PP por imponer su modelo de “orden público”, en el que los derechos de los ciudadanos son desechables, tal como hacía el franquismo.
Otro paso más en el “golpe de estado” encubierto.
Anemoi hace una llamada a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que se opongan a la existencia de este ejército paramilitar que va a imposibilitar su actuación en defensa de los derechos de los ciudadanos; a deshonrar su trabajo de protección de la ciudadanía; y a provocar la multiplicación de “incidentes de brutalidad policial” en operaciones de colaboración, por la actuación de los “sin ley” de la “seguridad privada”.
Anemoi alerta una vez más a los miembros honrados de las Fuerzas Armadas –que son la inmensa mayoría-, a los que sienten el honor de defender al pueblo, para que se opongan a la implantación de este “golpe de estado encubierto.
Madrid, 13 de diciembre de 2013
Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarra
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habéis de dejar
rotos sobre sus espaldas.
Crepúsculo de los bueyes
está despuntando el alba.
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Fuente: rebelion
