Este martes se ha dado un paso más para el tratamiento del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que nos acerca velozmente a una marcha atrás en el tiempo, a los tiempos de la dictadura con un toque neofranquista que enferma. Previsiblemente se presentará en el Congreso el 11 de diciembre. Hoy organizaciones se han manifestado en repudio a la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Interior.
Los portavoces de la oposición han expresado su voluntad de derogarla si llegaran al Gobierno y de recurrirla por inconstitucional.
Con motivo de la votación del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) en la Comisión de Interior, Amnistía Internacional, junto con la plataforma No Somos Delito, ha llevado a cabo este martes un acto de protesta en la proximidades del Congreso de los Diputados. Bajo el lema “Más poder a la policía, menos derechos humanos” activistas de ambas organizaciones han mostrado su desacuerdo con este Proyecto de Ley que amplía los poderes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugar de proteger los derechos humanos. Tras esta votación, el Proyecto de Ley pasará al Pleno y de ahí se enviará al Senado, por lo que las organizaciones consideran que este martes es un día clave.
“No existe un problema de seguridad ciudadana ni razones objetivas que justifiquen el aumento de infracciones o el endurecimiento de las sanciones. Por eso estamos hoy aquí, para exigir a la Comisión de Interior que defienda el derecho a la protesta y rechace con su voto aquellos artículos que la pongan en riesgo”, ha afirmado María Serrano, portavoz sobre Política Interior en Amnistía Internacional España.
"Bajo una iniciativa en apariencia positiva como es promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente pretende es impedir de hecho y de derecho que los ciudadanos expresen públicamente su opinión. Estamos seguros de que si las miles de manifestaciones de estos años hubieran sido de apoyo y no de crítica, el Gobierno no habría reformado la Ley.”, ha asegurado Alejandro Gámez Selma, portavoz de la Plataforma No Somos Delito.
Éstas son algunas de las preocupaciones que las organizaciones han denunciado sobre el Proyecto de Ley:
Limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que las grabaciones “no autorizadas” de los agentes en el ejercicio de sus funciones “cuando puedan ponerse en riesgo una operación” podrán estar sancionadas hasta con 30.000 euros de multa, con lo que se podrían poner trabas a la hora de documentar abusos policiales;
Nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones pacíficas en las cercanías del Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas;
Falta de mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial y de rendición de cuentas ante los abusos.
Abuso de conceptos indeterminados para justificar controles preventivos, el uso de la fuerza o la imposición de infracciones, dejando éstas al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Menor garantía de los ciudadanos frente a la Administración, debido al traslado de las faltas del ámbito penal al administrativo.
Atribuciones de nuevas facultades preventivas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar manifestaciones y reuniones, que pueden impedir el ejercicio legítimo de estos derechos.
Además, aunque la redacción final ha sido modificada, el Gobierno ha introducido una enmienda en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pretende dar cobertura legal a las denominadas “expulsiones en caliente”, es decir, las devoluciones sumarias de personas migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. A pesar de que finalmente se ha añadido una disposición que precisa que los intentos de entrada en territorio español han de producirse “en grupo”, Amnistía Internacional y No Somos Delito recuerdan que el número de personas no justifica la no aplicación de las garantías y salvaguardas jurídicas a cada una de ellas de manera individual. Con este portazo a las personas migrantes y refugiadas, España estaría vulnerando sus obligaciones internacionales.
Ninguna modificación sustantiva
Las organizaciones han señalado además que el texto final que se vota hoy en la Comisión de Interior no ha introducido modificaciones sustantivas que protejan los derechos a la libertad de expresión, reunión e información propuestas por la sociedad civil y los grupos parlamentarios. A pesar del rechazo de los grupos parlamentarios, que se opusieron en bloque al Proyecto de Seguridad Ciudadana, así como de diversas organizaciones y de la sociedad civil, el Gobierno no ha tenido en cuenta ninguna de las preocupaciones ni sugerencias expresadas. Así, ha mantenido los artículos polémicos, como el que sanciona la falta de notificación, sin exceptuar las manifestaciones espontáneas en las que no ha sido posible notificar; el que sanciona el uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad; el que atribuye la responsabilidad a aquellos a quienes se identifique como organizadores o promotores de las manifestaciones, y aquellos artículos que limitan la protesta y los lugares donde pueden tener lugar las reuniones pacíficas.
"Bajo una iniciativa en apariencia positiva como es promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente pretende es impedir de hecho y de derecho que los ciudadanos expresen públicamente su opinión. Estamos seguros de que si las miles de manifestaciones de estos años hubieran sido de apoyo y no de crítica, el Gobierno no habría reformado la Ley.”, ha asegurado Alejandro Gámez Selma, portavoz de la Plataforma No Somos Delito.
Éstas son algunas de las preocupaciones que las organizaciones han denunciado sobre el Proyecto de Ley:
Limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que las grabaciones “no autorizadas” de los agentes en el ejercicio de sus funciones “cuando puedan ponerse en riesgo una operación” podrán estar sancionadas hasta con 30.000 euros de multa, con lo que se podrían poner trabas a la hora de documentar abusos policiales;
Nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones pacíficas en las cercanías del Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas;
Falta de mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial y de rendición de cuentas ante los abusos.
Abuso de conceptos indeterminados para justificar controles preventivos, el uso de la fuerza o la imposición de infracciones, dejando éstas al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Menor garantía de los ciudadanos frente a la Administración, debido al traslado de las faltas del ámbito penal al administrativo.
Atribuciones de nuevas facultades preventivas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar manifestaciones y reuniones, que pueden impedir el ejercicio legítimo de estos derechos.
Además, aunque la redacción final ha sido modificada, el Gobierno ha introducido una enmienda en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pretende dar cobertura legal a las denominadas “expulsiones en caliente”, es decir, las devoluciones sumarias de personas migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. A pesar de que finalmente se ha añadido una disposición que precisa que los intentos de entrada en territorio español han de producirse “en grupo”, Amnistía Internacional y No Somos Delito recuerdan que el número de personas no justifica la no aplicación de las garantías y salvaguardas jurídicas a cada una de ellas de manera individual. Con este portazo a las personas migrantes y refugiadas, España estaría vulnerando sus obligaciones internacionales.
Ninguna modificación sustantiva
Las organizaciones han señalado además que el texto final que se vota hoy en la Comisión de Interior no ha introducido modificaciones sustantivas que protejan los derechos a la libertad de expresión, reunión e información propuestas por la sociedad civil y los grupos parlamentarios. A pesar del rechazo de los grupos parlamentarios, que se opusieron en bloque al Proyecto de Seguridad Ciudadana, así como de diversas organizaciones y de la sociedad civil, el Gobierno no ha tenido en cuenta ninguna de las preocupaciones ni sugerencias expresadas. Así, ha mantenido los artículos polémicos, como el que sanciona la falta de notificación, sin exceptuar las manifestaciones espontáneas en las que no ha sido posible notificar; el que sanciona el uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad; el que atribuye la responsabilidad a aquellos a quienes se identifique como organizadores o promotores de las manifestaciones, y aquellos artículos que limitan la protesta y los lugares donde pueden tener lugar las reuniones pacíficas.
