Las organizaciones de derechos humanos tildan estas leyes como las “más restrictivas desde el Franquismo”. Un día después de que el Congreso diera luz verde a las conocidas como Leyes Mordaza (Ley de seguridad ciudadana, reforma del código penal y pacto antiterrorista) se ha desarrollado un acto de rechazo organizado por movimientos sociales, organizaciones de […]
Las organizaciones de derechos humanos tildan estas leyes como las “más restrictivas desde el Franquismo”.
Un día después de que el Congreso diera luz verde a las conocidas como Leyes Mordaza (Ley de seguridad ciudadana, reforma del código penal y pacto antiterrorista) se ha desarrollado un acto de rechazoorganizado por movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, ongs y juristas. Se trató de un encuentro que denunció, en la misma casa donde se aprobaron, que estas normas ponen en jaque los derechos y libertades básicas de los ciudadanos como son el derecho a reunión pacifica, manifestación , expresión e información y que suponen una grave vulneración de los derechos de las personas migrantes y en situación de exclusión social.
Se trató de un acto marcado por un ambiente de compromiso y amenizado con cánticos de la Solfónica del 15 M y expresiones de reivindicación ciudadana.
Desde No Somos Delito, colectivo responsable de la organización del evento, se ha remarcando el compromiso de la sociedad civil organizada contra el ataque frontal, el varapalo a la democracia y el estado policial que generan de las Leyes Mordaza. “Parece que estorbamos al gobierno y no lo vamos a tolerar” ha destacado Carlos Escaño, portavoz del movimiento.
Cristina de la Serna, de Rights International Spain, ha apelado “al círculo vicioso de injusticia y el claro rechazo internacional a estas leyes, que suponen la aplicación arbitraria de la ley y la criminalización de protestas pacíficas legítimas en una sociedad democrática, como algo extremadamente preocupante que provoca una situación de riesgo condenada desde el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya”.
Ignacio González, de Jueces por la Democracia, ha remarcado que su colectivo está en contra de estas nuevas leyes, porque los jueces “no pueden ser neutrales en leyes que vulneren los derechos humanos”.
Igualmente, apeló a la falta de alarma social, y cómo el gobierno ha planteado un conflicto social como un conflicto de orden público cuando “la respuesta ciudadana ante su gestión ha sido ejemplar y responsable”.
Igualmente, apeló a la falta de alarma social, y cómo el gobierno ha planteado un conflicto social como un conflicto de orden público cuando “la respuesta ciudadana ante su gestión ha sido ejemplar y responsable”.
Alejandro Gámez, de Asociación Libre de Abogados ha destacado como estas leyes forman un todo que muestra “la voluntad del ejecutivo de quebrantar los principios de la justicia y su vocación para desmantelarla, y garantizar la impunidad del estado y sus agentes”. Ha denunciado que con ellas se convierte lo “legitimo en ilegal”. Igualmente ha denunciado la visión economicista de la sociedad y la justicia que tienen “Condenan más llevarse un brick de leche de un centro comercial que defraudar a la hacienda pública”.
Elena Rodríguez, de la Plataforma Tercer Sector, que representa a colectivos que luchan contra la pobreza como Cáritas o Cruz Roja ha puesto el foco en un ámbito ausente del debate de estas leyes, el de las personas más vulnerables a la que criminalizan fuertemente estas leyes.
Isabel Elenuku, de SOS Racismo ha exigido el cese inmediato de las redadas racistas y las devoluciones en caliente, a la vez que apuntado hacia los malos tratos y las ilegalidades de la valla de Ceuta y Melilla que protegen estas leyes.
Desde Legal Sol, su representante ha destacado la solidaridad, el apoyo mutuo y resistencia de las 610 personas detenidas desde 2011 y a las 1179 personas sancionadas por protestar.
Las asociaciones afectadas por estas leyes, que serán efectivas a partir del próximo 1 de julio, también mostraron su rechazo e indignación.
Miguel Ángel Soto de Greenpeace ha explicado como su organización va a ser una de las más afectadas por estas nuevas leyes “El activismo ambiental cuenta con una larga tradición de la desobediencia civil y la responsabilidad que tienen en defender los bienes públicos globales”.
Yolanda Quintana, de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión explicó que la aprobación de estas leyes es el peor recorte de libertades desde el Franquismo. Los representantes de las Marchas de la Dignidad 22M denominaron estas leyes como “estrategias del sistema para criminalizar este masivo movimiento social”. Francisco Morote Vidal, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, afirma como estas leyes han sido diseñadas a medida para reprimir muchas de las formas de la protesta social, y en concreto la de la PAH: “Nos sentimos tristemente protagonistas, porque describe las actuaciones que venimos realizando desde hace seis años. No vamos a parar “. Patricia Martín Díaz de Avaaz puso en evidencia el sinsentido de unas leyes que han nacido muertas pues cuentan con el rechazo de un amplio espectro de la oposición.
Así lo explicó Ricardo Sixto, Izquierda Plural “La Ley Mordaza es la más sangrante, a la que nos oponemos todos grupos parlamentarios menos el Partido Popular y nuestros votos estarán encima de la mesa para derogar el texto, ese es nuestro firme compromiso”. EQUO se unió al coro de voces que condenan estas reformas, “Detrás de estas leyes está la estrategia del miedo”, explicó Juantxo López de Uralde su representante.
Podemos también asistió por primera vez al Congreso reclamando dignidad de las protestas y animó a “hacer como que estas leyes no existen” y ha insistido en la oposición internacional no escuchada por el gobierno que le da igual por su mayoría absoluta. BNG también envió un comunicado en el que hablaba de la prepotencia del estado y la indignación que les causa la aprobación de estas leyes.
Uno de los momentos más expectantes del acto ha sido la intervención de Anxo Rama, Secretario Federal del sindicato policial UNIPE, que ha pedido el fin de las coacciones a los policías y ha denunciado la indefensión que esta ley genera tanto para la ciudadanía como para la policía, por la falta de tutela judicial y la nula formación de la policía para poder aplicarla debidamente. “Queremos expresar además el afán
estadístico y recaudatorio que existe en torno a esta ley. No son nuevas las denuncias que hacemos por las presiones que recibimos para aumentar el número de sanciones, y por tanto para engrosar las arcas del Estado”, comentó.
estadístico y recaudatorio que existe en torno a esta ley. No son nuevas las denuncias que hacemos por las presiones que recibimos para aumentar el número de sanciones, y por tanto para engrosar las arcas del Estado”, comentó.
FOTO DE PORTADA DE AGUSTIN MILLÁN
44 acciones que te costarán una multa de entre 100 y 600.000 euros por obra y gracia de la Ley mordaza
La aprobación definitiva este pasado jueves de la Ley de Seguridad Ciudadana, con los votos de PP y UPN y el rechazo de toda la oposición, pone fin a 16 meses de tramitación parlamentaria en los que el texto ha sufrido varios cambios con respecto al borrador original que presentó Interior en noviembre de 2013. […]
La aprobación definitiva este pasado jueves de la Ley de Seguridad Ciudadana, con los votos de PP y UPN y el rechazo de toda la oposición, pone fin a 16 meses de tramitación parlamentaria en los que el texto ha sufrido varios cambios con respecto al borrador original que presentó Interior en noviembre de 2013. La norma entrará en vigor el 1 de julio de 2015.
En unos casos han desaparecido del redactado algunas de las conductas más polémicas, como la que sancionaba los “ultrajes a España”, y en otros se han rebajado las sanciones a imponer: concentrarse sin autorización ante el Congreso de los Diputados ya no será sancionado con un máximo de 600.000 euros,sino con un máximo de 30.000, siempre que se realice una “perturbación grave de la seguridad ciudadana”, según informa Europa Press.
También se ha matizado la norma para establecer que serán multados quienes use graben a la policía y usen esas imágenes de manera que “pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”.
Finalmente estas son las 44 razones por las que alguien podría ser sancionado con multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000 siempre que no sea delito.
4 faltas muy graves: entre 30.001 y 600.000 euros
- Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
- Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
- Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
- Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.
23 faltas graves: entre 601 y 30.000 euros
- Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
- La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
- Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
- Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
- Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.
- La desobediencia o la resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
- Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra “cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes” por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.
- Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.
- La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
- Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
- Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques…) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
- Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
- Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
- El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
- No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
- El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
- El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).
- Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
- La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
- La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
- Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.
- Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
- El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
17 faltas leves: entre 100 y 600 euros
- La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
- Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.
- Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.
- Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
- Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
- La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
- La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.
- No denunciar la perdida o el robo de un arma.
- Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.
- No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.
- La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
- Negarse a darle la documentación a la Policía.
- Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.
- Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
- La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.
- Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
- El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.
Agencias
