Nos hacen repetir en voz alta un mantra. En cualquier momento que se necesite, los responsables del agua lo hacen efectivo. El canto es sagrado: “España es líder en gestión de agua… en gobernanza, tenemos un marco que garantiza la prestación solvente, eficaz y eficiente de los servicios asociados al ciclo integral del agua”. Gracias a su reiteración incesante, y la sacralidad comercial actual, nuestro gobierno crea #MarcaAguaEspaña, plataforma exportadora de las empresas del sector.
Sin duda, el país tiene solvencia en materia de agua (creamos el concepto de unidad de cuenca, tenemos un parque tecnológico nada desdeñable…). No obstante, el discurso-mantra #MarcaAguaEspaña, es también un procedimiento de enmascaramiento. En España, la crisis y la privatización han disparado los cortes de agua por impago.
Ducharse o beber del grifo no es un derecho en España; es un servicio, cuesta dinero y se puede cortar. La crisis ha disparado las cifras de los afectados por estas circunstancias. Cada mes se tramitan entre 4.000 y 5.000 propuestas de interrupción del suministro en Madrid. Cada día, 19 familias en Málaga se quedan sin agua. Según una respuesta de la empresa Emasa, se abrieron en un año 40.778 expedientes por impago y 6.881 terminaron en corte. La misma circunstancia se repite en casi los 8.000 municipios de España, salvo en algunos, como Medina Sidonia (Cádiz), en medio centenar de pueblos de Huelva que gestiona la empresa pública Giahsa, la ciudad de Zaragoza o en El Prat de Llobregat en Barcelona, donde se ha aprobado no cortar el agua a quien no pueda pagar.
Desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) hemos realizado un esfuerzo titánico y hemos calculado que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. De estos, se llegan a ejecutar —como hace cuatro años— un 60%, es decir, 300.000. La cifra es importante, es preocupante, pero no es menos alarmante que en España no existan datos oficiales sobre el fenómeno masivo de cortes. El suministro de agua es un servicio local y cada municipio lo gestiona a su manera. No existe ni regulación, ni transparencia ni gobernabilidad sobre el derecho humano al agua.
Nos urge, tal y como establece la resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se establezca por ley la dotación de un mínimo vital para que todos los reglamentos tengan que cumplirlo y que cualquier fondo social salga del propio recurso. Se tiene que prohibir la burbuja hídrica, que se pueda privatizar el agua para que los ayuntamientos enjuaguen sus cuentas, como en este momento sucede en Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha). Y tenemos que impedir que se puedan crear fondos del agua con partidas de asuntos sociales cuando realmente no son externalidades del propio sistema de tarifación del ciclo del agua.
El acceso al agua es un derecho relacionado con la dignidad, algo incompatible con la consideración del suministro como mercancía y de los usuarios como clientes. Muchos ayuntamientos con gestión privada en el servicio contribuyen al drama social de no tener acceso al agua cuando legalizan el corte del suministro a través de sus reglamentos de abastecimiento. Uno o dos recibos impagados permiten a la empresa cortar el agua a los vecinos, normalmente sin audiencia previa. La medida es claramente desproporcionada, ya que se persigue el exclusivo interés empresarial (garantía de cobro por encima del 97%) frente al respeto de un derecho humano.
Reconocer y aplicar el derecho humano al agua en nuestro país sí que sería una gran contribución a la #MarcaAguaEspaña. Desgraciadamente, nuestros gobernantes muestran poca voluntad política para que el derecho humano al agua sea realidad.
Fuente: la marea/geografia historia
