lunes, 17 de marzo de 2014

22m si te detiene la policia no declares en comisaria

22M Si te detiene la policía_opt

Hace unos cuatro años comencé a trabajar como abogado de oficio. Me acuerdo mucho de mi primer día. Fue en el cuartelillo de la Guardia Civil de Navalcarnero, tenía que asistir a una chica acusada de tráfico de droga. En ese caso cuando subieron a la detenida de los calabozos, yo ya estaba sentando en la mesa frente al instructor del atestado que tenía que tomarle declaración por los presuntos hechos. La chica me miró, me levanté, le di la mano y le dije: “Hola, soy tu abogado y es mejor que no declares ahora. Luego hablamos con calma”.
Los abogados no podemos ver el atestado hasta que el expediente no esté en el juzgado. El atestado es el documento en el cual se relatan los hechos de los que se acusa a los detenidos, es por ello que, al no poder tener acceso a esa documentación en comisaria, en realidad ni el detenido ni su abogado saben “exactamente” de que se le acusa, por lo que para evitar meter la pata es mejor no declarar nada hasta llegar al juzgado donde ya podrás ver toda la documentación relativa a la detención.
El caso es que tras recomendarle eso a mi defendida, el instructor (sargento de la benemérita para más datos), montó en cólera y me gritó, casi parecía que iba a echar mano a la pistola. Me dijo que si no sabía que “no podía ni mirar ni dirigirme al detenido hasta que no acabase la diligencia de toma de declaración”. La verdad es que a mí nadie me había explicado eso ni me lo habían enseñado en la carrera (como, por otra parte, la práctica totalidad de las cosas de la profesión), ni tampoco venía en ningún apartado de la ley (al menos en ninguna del periodo constitucional). Pedí disculpas, bajé la cabeza y me callé. Evidentemente la chavala detenida había pillado el tema y se acogió a su derecho a no declarar, cosa que acabó por cabrear aún más al “mangas verdes”.
Después de este incidente, me llamaron de la comisaría de Fuenlabrada, no estaba dispuesto a que me pasara lo mismo de nuevo, así que decidí escribir en un folio en letras grandes la frase NO DECLARES.
La secuencia se volvió a repetir. Subieron al detenido, un chaval joven originario de un país del este deEuropa, entró en la oficina en la que se le iba a tomar declaración esposado y escoltado. Yo en ese momento ni le miré. Lo sentaron a mi lado frente a la mesa del instructor que estaba acabando de escribir los datos del detenido en el ordenador. El chaval me miró, yo le miré y le señalé con los ojos para que mirara en mis rodillas. Él puso cara de extrañeza pero dirigió la vista al lugar indicado y vio el folio que tenía apoyado en las rodillas. Me devolvió la mirada y su cara de extrañeza aumentó. En ese momento el instructor reclamó nuestra atención: “Hay que espera un poco”, nos dijo, “el intérprete está de camino”.O sea, que el chico solo entendía rumano.¡Mierda!, pensé, ¿y ahora qué hago? Por suerte en rumano“no declares”se dice “nu declara”(o algo así) y el tipo lo pilló de todos modos, acogiéndose a su derecho a no declarar. Todo salió bien después de todo.
Hoy en día ya no me corto y directamente y en presencia de todos los agentes que haga falta les recomiendo a todos los detenidos que no declaren. Los policías me gritan, se cabrean, llaman al jefe y me amenazan con todos los males del infierno, empezando por poner una queja ante el Colegio de Abogados para que se me sancione, cosa que nunca terminan haciendo.
Sin embargo hace unos días saltó la noticia de que la Brigada Provincial de Información de Madrid (Policía Nacional) había interpuesto una queja ante el Colegio de Abogados de la capital, precisamente porque tres letrados habían aconsejado a los detenidos de una manifestación no declarar en sede policial.
Los agentes alegan que los abogados que actuamos de esa manera somos “malos profesionales” y que parece que desconocemos el artículo 520. 6. c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo ese artículo lo conozco, vaya si lo conozco, y dice textualmente (copio y pego):La asistencia del Abogado consistirá en [entre otras cosas que no vienen a cuento]entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que hubiere intervenido. Eso es lo que dice, ni más ni menos. No dice que no puedas mirar al detenido, ni que no pueda hablar con él ante la presencia de los agentes, y lo que desde luego no dice es que no puedas aconsejarle no declarar. Para decirle a un detenido que no declare, no me hace falta una entrevista reservada, ya la tendré después de pasar ese trámite. Lo que ocurre es que los policías y demás agentes de la autoridad han interpretado siempre este artículo “barriendo para casa”, sosteniendo que hasta que al detenido no se le ha tomado declaración en la comisaría, el abogado no puede entrevistarse ni intercambiar una sola palabra con él. Es decir, se han inventado la ley, porque nada de eso dice la norma. Es más, el propio Tribunal Constitucional (ese gran desconocido) en la Sentencia 199/2003, de 10 de noviembre, estableció que “el derecho del detenido a la asistencia letrada en las diligencias policiales […] consiste en asegurar que […] tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios,incluida la de guardar silencio”. Caso cerrado. No hay más que hablar.
El realidad la queja interpuesta por la policía es una “pataleta” (una más), porque desde un tiempo a esta parte, fruto del trabajo sobre todo de la Asociación Libre de Abogados (A.L.A.) y de la Comisión Legal de Sol – 15M (CLS-15M), son muchas las prácticas policiales irregulares que se han venido atajando, tales como que en alguna ocasión (más de una) se haya tomado declaración a los detenidos por parte de agentes encapuchados, hecho por el cual tuvo que intervenir la defensoría del pueblo; o que se impida a los redactores de los atestados policiales hacer referencias al perfil ideológico del abogado que asiste a la declaración, circunstancia que motivó una nueva recomendación de ladefensora del pueblo instando a la policía a abandonar esta práctica.
Al parecer a la policía no le gusta que los abogados hagamos de abogados. No obstante es una pena que a estas alturas la policía haga todavía interpretaciones de la ley más propias del Santo Oficio que del estado constitucional. En cualquier caso, queridos “delincuentes”, lo de no declarar en comisaría hay que traérselo aprendido de casa.
Por: Eduardo Gómez Cuadrado
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EL 22-M NO DECLARES EN COMISARIA SI TE DETIENEN

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Fuente: R-evolucion

el dinero que la sanidad publica paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años



El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años
Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español.
a sanidad pública paga cada vez más a la privada. Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.
El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.
La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria (4,5%).
El panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el alcance de la privatización.
Sanidad mixta catalana
En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31 hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria o los servicios socio-sanitarios.
Este esquema obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el 41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en 2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual desde 2002 a 2011.
Los contratistas entran a escena
Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad. Tanto con la concesión de la gestión no médica de centros como los contratos completos que asignan a empresas privadas la construcción, administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red pública española en los últimos años.
La Comunidad Valenciana: es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas. Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas (Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:
Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud): 94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas): 123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera Salud y Asisa): 101 millones.
Las asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%. Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). "A la Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas", ha analizado el director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre estos modelos.
Madrid: el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En 2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto total). El estudio de IDIS habla de "interdependencia" entre los sistemas sanitarios público y privado.
Existen cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Elena-Valdemoro  (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).
Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286 millones al año.
Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos
Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el 23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.
En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.
También a la hora de intentar bajar las listas de espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus pacientes.
Los convenios
El sistema de convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja Española. 
Este sistema es el que utiliza el Partido Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano hace poco más de un mes, "está vigente en otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña". El flujo de pacientes andaluces está controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de Gestión.
El informe del IDIS reseña que "no se dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por parte de los grupos privados con estos convenios".  Andalucía gasta 447 millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7% del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Asturias.
La Comunidad de Madrid firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada anualidad.

Sanidad Pública vs Sanidad Privada CAPIO


Fuente: kaos en la red/elaldeano