El capítulo referente a nuestro país del Informe 2014 de RSF ha sido difuminado u ocultado por los grandes medios españoles. Aquí lo publicamos completo. El informe anual de Reporteros Sin Fronteras, presentado a la prensa el pasado 10 de febrero, dedica cinco de sus páginas a España (pag.158/163); en ese capítulo describe como se […]
El informe anual de Reporteros Sin Fronteras, presentado a la prensa el pasado 10 de febrero, dedica cinco de sus páginas a España (pag.158/163); en ese capítulo describe como se ha recortado y perseguido a lo largo de 2014 el Derecho a la Información en nuestro país.
Sin embargo esta parte del informe, ha sido convenientemente difuminada por los grandes medios comerciales, que han puesto el acento en represiones lejanas de nuestras fronteras. Solo algunos medios digitales se han hecho eco de la grave situación española.
Recogemos textualmente este capítulo:
“El gran tema del año, en España, fue el retroceso y recorte de libertades que supusieron nuevas leyes y reformas legales que resultan decisivas para el derecho a la información, como la Ley de Seguridad Ciudadana, apodada popularmente “ley Mordaza”, que prácticamente prohíbe fotografiar y grabar a la policía en las manifestaciones; la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial; o la Ley de Transparencia, que supuso una enorme decepción dadas sus limitaciones, comparada con las leyes similares europeas, y la opacidad que todavía mantiene para algunos organismos públicos. Además, en 2014, más de mil trabajadores de la radiotelevisión pública, RTVE, firmaron un manifiesto en el que acusaron al gobierno de practicar la censura y la manipulación descarada.
En febrero, RSF calificó de “retroceso lamentable” la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobó el Congreso de los diputados porque, entre otras cosas, daba carpetazo al ‘caso Couso’, el juicio seguido contra los militares estadounidenses responsables de la muerte del camarógrafo de Tele5, José Couso, en Bagdad, durante la guerra de Irak, en marzo de 2003.La reforma dejaba prácticamente sin efecto el concepto de justicia universal para que un juez español pueda investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. RSF, junto a 17organizaciones de derechos humanos, pidió a los grupos parlamentarios que recurriesen la reforma, por inconstitucional.
No obstante, el juez encargado del caso Couso en la Audiencia Nacional, mantuvo abierta la causa argumentando que los cambios legislativos contradecían la IV Convención de Ginebra -firmada por España en 1952-relativa a la protección de la población civil en tiempos de guerra. El fiscal recurrió esta decisión del juez y solicitó que se cerrara la causa, pero la Sala de lo Penal decidió, en junio, dar la razón al juez Pedraz, y la investigación sobre el asesinato de Couso siguió adelante.
La liberación, en marzo, de los tres periodistas españoles secuestrados en Siria desde el año anterior, por el grupo terrorista Estado Islámico, produjo un enorme alivio en la profesión que había seguido los secuestros con enorme preocupación.
El reportero de El Periódico de Cataluña, Marc Marginedas, un veterano corresponsal de guerra, fue liberado el 3 de marzo, tras medio año de secuestro, en Hama, cerca de la frontera con Turquía. Javier Espinosa,del diario El Mundo, y Ricardo García Vilanova, fotoperiodista freelance, secuestrados desde septiembre de2013, fueron liberados pocas semanas después.
El 29 de marzo, la policía cargó contra varios reporteros durante una manifestación contra la monarquía, en Madrid. Las agresiones, que quedaron documentadas en vídeos, afectaron a Juan Ramón Robles –cámara galardonado con el premio Ortega y Gasset de Periodismo-, Gabriel Pecot –de Associated Press-, Mario Munera- agencia Ruptly- y Rodrigo García que cubrían la manifestación, identificados como Prensa. Los cuatro presentaron denuncia ante los juzgados. En la misma manifestación se produjeron más agresiones contra varios periodistas por parte de manifestantes radicales que no impidió la policía.
En mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), emitió una sentencia sin precedentes cuando falló a favor de Mario Costeja, el ciudadano español que llevó a Google a juicio, en 2012, reclamando el derecho a borrar informaciones relativas a su persona de Internet.
Costeja denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos a Google y al periódico La Vanguardia, cuando descubrió que una búsqueda de su nombre en Google mostraba su impago de contribuciones a la seguridad social. Costeja no negó la veracidad del enlace, pero aseveró que la información era vieja y no era ya relevante.
El TJUE dictaminó que los buscadores de Internet deberán borrarlos enlaces de sus resultados cuando se lo pidan los individuos ya que el no hacerlo constituye una violación de su privacidad, y que esta obligación es válida aunque la información no haya sido borrada del sitio enlazado y no contravenga ninguna ley. Ante el fallo judicial, RSF consideró que a la hora de aplicar la nueva normativa europea, no deberían ser los buscadores privados como Google –que, tras la sentencia, organizó una serie de debates en Europa sobre el tema- los que se encarguen de implementar la nueva normativa, sino legisladores europeos que implanten un modus operandi sólido.
En junio, la revista satírica El Jueves autocensuró su portada cuando miles de ejemplares estaban impresos y listos para distribuirse en los kioscos. Una caricatura del dibujante ManelFontdevila, con el rey Juan Carlos I dándole a su hijo una corona pestilente, fue reemplazada por otra portada. Según los diarios El Mundo y El País, se destruyeron unos 60.000 ejemplares de la versión original del número por orden de la dirección del grupo RBA, que edita El Jueves. La caricatura del rey se mantuvo en páginas interiores pero siete dibujantes y colaboradores de la revista presentaron su renuncia.
Ese mismo mes, RSF pidió por carta al presidente Mariano Rajoy, que incluyera en su agenda del encuentro con el presidente de Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema, la situación de la libertad de información en aquel país, donde la censura se legalizó en 1992 y los ciudadanos no tienen posibilidades de recibir información independiente por ningún medio.
En julio, los fotorreporteros que trabajan en Ceuta y Melilla, en plena frontera Sur de Europa, denunciaron las condiciones que imponen las fuerzas de seguridad a la prensa al implantar un perímetro de un kilómetro de seguridad para el trabajo de los periodistas, lo que impide documentar la situación migratoria en la zona. La Guardia Civil dificultó, a lo largo del verano, la labor de los fotorreporteros en varios intentos de salto de la valla que separa las ciudades autónomas españolas del territorio marroquí.
En agosto, RSF y diversas organizaciones profesionales de periodistas protestaron por la acusación hecha, en las redes sociales, por la portavoz de la embajada israelí en España, a la corresponsal de TVE en Jerusalén, Yolanda Álvarez, de ser una activista palestina al servicio de Hamás, por su cobertura de la intervención israelí en Gaza. Las presiones israelíes sobre periodistas españoles para que sean retirados o sustituidos en sus medios no son infrecuentes y buscan, según denunció RSF, alejar a los enviados y corresponsales que trabajan sobre el terreno cuyas crónicas no gustan al gobierno de Israel.
En octubre, 1.500 trabajadores de RTVE firmaron una declaración denunciando “la utilización partidista y progubernamental de los Servicios Informativos” y alertando de que “los niveles de manipulación y censura han hundido la credibilidad de TVE”, cuyos informativos, anteriormente, eran los más valorados. La denuncia se produjo un día antes de que fuera elegido en el Parlamento un nuevo presidentede RTVE, en segunda votación, ya que no lo apoyaba ningún grupo parlamentario salvo el Partido Popular, el partido del gobierno que cuenta con mayoría absoluta. El Gobierno, nada más empezar la legislatura, derogó la ley anterior que obligaba a un amplio consenso parlamentario para nombrarla dirección del ente público.
También en octubre, varias organizaciones, entre ellas RSF, pidieron a la Secretaría del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que incluyera en su informe del Pacto Internacional de Derechos Civiles las zonas oscuras de la legislación española en materia de libertad de expresión, opinión e información, destacando que en España se considera delito penal la ofensa a la nación y sus emblemas, y también difamar “a una amplia gama de instituciones gubernamentales” o a “los miembros de la familia real”. Por otra parte, España es el único país de la Unión Europea que carece de un órgano regulador nacional e independiente dedicado a la radiodifusión; y el derecho al acceso a la información no está reconocido en una ley específica y la Ley de Transparencia no garantiza dicho derecho.
En diciembre, fue absuelto el fotorreportero Pedro Armestre, juzgado junto a varios miembros de Greenpeace, acusados de desordenes públicos, daños y lesiones durante una protesta en la central nuclear de Cofrentes(Valencia), en 2011. El fiscal pedía para el fotorreportero, que cubrió con su cámara aquella protesta, dos años y ocho meses de cárcel. RSF pidió que fuera absuelto y consideró disparatada la petición fiscal.
Ese mismo mes fueron llamados a declarar nuevamente ante la Audiencia Nacional los periodistas Ignacio Cembrero, ex corresponsal del diario El País en el Magreb y Javier Moreno, ya ex director de El País, por la querella presentada por el presidente del gobierno de Marruecos, Abdelilah Benkirane,quien les acusaba de “enaltecimiento de terrorismo”. Cembrero publicó en su blog, en septiembre de 2013, un link a un vídeo en el que el líder de Al Qaeda en Marruecos llamaba a los jóvenes a “emigrar hacia Alá en lugar de ir en pateras” y amenazaba al rey de Marruecos. El periodista dejaba claro que el vídeo era propaganda terrorista y fue retirado del blog unos días más tarde, pero el gobierno marroquí denunció al periódico por enaltecimiento del terrorismo. La Audiencia Nacional archivó la causa al no apreciar delito, pero el gobierno de Marruecos recurrió esa decisión y se volvió a citar a los periodistas.
La Ley de Transparencia entró en vigor, en diciembre, en medio de críticas generalizadas por estar lejos de los estándares internacionales, y la falta de independencia del Consejo de Transparencia. Su entrada en vigor coincidió con la primera misión en España del Instituto Internacional de Prensa (IPI) para calibrar, junto a otras organizaciones profesionales, entre ellas RSF, el estado de la libertad de prensa y el derecho a la información en un país gravemente afectado por la crisis financiera y los escándalos de corrupción. En sus primeras conclusiones el IPI constató el crecimiento de la desconfianza de los ciudadanos respecto a los medios públicos percibidos como un instrumento al servicio de los poderes políticos.
También en diciembre, se aprobó en el Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana, -a falta de pasar por el Senado para entrar en vigor-, percibida por las organizaciones profesionales, y por RSF, como un atentado contra la libertad de información. Sólo apoyaron la ley, conocida entre la ciudadanía como Ley Mordaza, los diputados del partido gubernamental. Las restantes fuerzas políticas anunciaron que si llegan al gobierno la derogarán.
El artículo 36 de la ley penaliza las imágenes “no autorizadas de las fuerzas de seguridad que puedan comprometer la seguridad personal o poner en riesgo el éxito de una operación”, lo que supone, en opinión de RSF, una carta blanca para cualquier abuso policial contra fotógrafos, cámaras y reporteros, y obstaculiza enormemente el trabajo de los periodistas en la calle.”
http://www.fesp.org/index.php/noticias/item/6027-retroceso-y-recorte-de-libertades-en-espa%C3%B1a
FOTO: Benito Ordóñez
Isma y Dani, dos estudiantes se enfrentan a 9 años de cárcel cada uno por ejercer el derecho de huelga
Ismael Benito y Daniel Ayyash tenían 21 y 19 años cuando fueron detenidos y encarcelados preventivamente durante más de un mes. Estudiantes ejemplares de Física y Matemáticas, Isma y Dani decidieron el 29 de marzo de 2012 secundar la huelga general, no ir a clase y colaborar pacíficamente en el desarrollo de la jornada formando […]
El próximo 9 de marzo comienza el juicio a los estudiantes Isma y Dani, por su participación en la Huelga General del 29 de marzo de 2012. Durante tres días, el Juzgado Penal nº 6 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona repasará los hechos. La jueza que instruyó su caso los encarceló preventivamente y sin fianza durante 34 días, hasta que la Audiencia Provincial revocó esta medida.
En el centro Daniel Ayyash
El sindicato considera este caso un ejemplo más de la persecución emprendida contra el derecho de huelga
Ismael Benito y Daniel Ayyash son estudiantes de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona (UB), en el Campus Diagonal. El 29 de marzo de 2012 fue una jornada de huelga general convocada por los principales sindicatos de trabajadores en que Isma y Dani participaron junto con sus compañeros de la Associació d’Estudiants Progressistes y de la Asamblea de Física y Química. A las 10 de la mañana (horas después de los hechos por los que son acusados y lejos del lugar donde supuestamente los cometieron) fueron detenidos y, después de dos días en comisaría, declararon en el Juzgado de Instrucción núm. 18.
La jueza ordenó su ingreso en prisión preventiva, situando como principal argumento el peligro de reincidencia durante el partido del Barça-Espanyol, el Primero de Mayo y la cumbre de dirigentes del Banco Central Europeo. Un peligro completamente infundado ya que los jóvenes no tenían antecedentes, vulnerando así la presunción de inocencia. Finalmente, pasados los acontecimientos citados decidió dejarlos en libertad con fianza de 6.000 euros. Sin embargo, respondiendo a un recurso de apelación por parte de la defensa, la Audiencia Provincial de Barcelonapuso en libertad sin fianza el 3 de mayo, desautorizando la decisión de la juez. En total, pasaron 34 días en el Centro Penitenciario de Quatre Camins.
Ismael Benito
Isma y Dani ejercieron su derecho democrático de huelga como miles de personas ese día. Su participación fue pacífica en todo momento, no se implicaron en ningún acto violento durante el día 29; tampoco durante los hechos de la tarde en Plaza Cataluña, ya que estaban en dependencias policiales.
Comisiones Obreras quiere sumarse a las reivindicaciones del grupo de apoyo a Isma y Dani, reiterando su inocencia. Además considera desproporcionado que tanto la Generalitat de Catalunya como el Ayuntamiento de Barcelona se hayan presentado como acusación y pide que retiren los cargos.
El juicio se celebrará en el Juzgado Penal nº 6, los próximos días 9, 10 y 12 de marzo. La fiscalía solicita 8 años y 9 meses de prisión cada uno. Desde el grupo de apoyo, formado por compañeros, familiares y amigos, se pide su absolución.
CCOO considera este caso un ejemplo más de la persecución emprendida en toda España contra el movimiento sindical y el derecho de huelga y manifiesta su pleno apoyo a Isma y Dani. Asimismo, llama a la sociedad a respaldar a los dos estudiantes acudiendo a las concentraciones de apoyo que se convocarán durante el juicio en la Ciutat de la Justícia de Barcelona.
