1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
Constitución Española, art. 43.
1. 2 Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
3. 2 La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.
Ley 14/1986, General de Sanidad.
Cuando la viceconsejera de Sanidad de Madrid, Patricia Flores, dijo hace un tiempo: “¿Tiene sentido que un [enfermo] crónico viva gratis del sistema?”, creo que mucha gente no podía dar crédito a sus palabras. No podía ser que hubiera tal nivel de crueldad en las altas instancias de un supuesto régimen democrático garante de los Derechos Humanos. Con el tiempo estos pensamientos clasistas y desalmados – mantenidos por tanto tiempo en secreto en círculos muy íntimos – van tomando forma y se abren paso apoyados en la coartada perfecta para todos los desmanes actuales: la crisis. La última desventura de la viceconsejera madrileña ha sido dejar a 30.000 mujeres sin la mamografía preventiva del cáncer de mama porque no había llegado a un acuerdo económico con las clínicas privadas. Como si no hubiera hospitales públicos en Madrid para realizar tal prueba.
Con esta excusa falaz se está desmantelando el Sistema Nacional de Salud – uno de los más admirados, eficientes y baratos del mundo – para convertir los derechos ciudadanos en beneficencia o mercantilismo y las joyas del sistema sanitario en la fuente de riqueza de unos pocos: políticos corruptos y familia, banqueros, constructores, aseguradoras, farmacéuticas y fondos de inversión. A la viceconsejera se la escuchó atentamente en Moncloa y, ahora, los enfermos crónicos: cáncer, tumores cerebrales, artritis, esclerosis múltiple, hepatitis, riñón o leucemia; las personas discapacitadas o dependientes, los ancianos, los desempleados, los inmigrantes “sin papeles”, quienes tengan necesidad de algún tipo de prótesis o traslado ambulatorio, etc., no vivirán gratis, sino que tendrán que enfrentarse a algún tipo de (re)pago sanitario. Parece que al Partido Popular sí le gustan los impuestos al dolor y la enfermedad. Cebarse con el más débil está en su idiosincrasia. Las personas podrán volver a morir en España por no poder acceder a medicamentos o atención médica.
En las actuales medidas no hay ninguna búsqueda del ahorro y la eficiencia. A no ser que consideremos ahorro recortar el gasto en personal sanitario y elevar un 15% la partida salarial de los directivos madrileños. O eficiencia que Dolores de Cospedal aumente un 170% el presupuesto para los altos cargos manchegos, mientras despide a 7.000 profesores y médicos. Todo lo contrario. En palabras del doctor Víctor Gutiérrez Millet, durante mucho tiempo jefe de nefrología del hospital Doce de Octubre, jubilado por orden de la Comunidad de Madrid a pesar de la falta de médicos y el crecimiento continuo de las listas de espera: “Yo soy un hombre de derechas. Yo he votado siempre al PP. Pero la Comunidad de Madrid, la consejería de Sanidad está gobernada por la ultraderecha más radical. Algunos casi rozan la esvástica. Ignacio González y el señor Lasquetty – gran intoxicador de los medios – están haciendo barbaridades. En la sanidad de Madrid lo que han hecho es una auténtica salvajada. El problema asistencial real que han creado con los enfermos es auténticamente inadmisible. Eso es una autentica barbaridad. Eso no se puede tolerar. Madrid está gobernado por la ultraderecha más extrema en todas sus estructuras”.
Esta es la realidad que se vive en la sanidad madrileña: venganzas personales; pacientes que no son atendidos; coacciones y venganzas contra pacientes que rechazan el traslado a centros privados, aunque se ponga en grave riesgo su vida; médicos que no se reponen, creando un déficit de 1.300 médicos en los próximos cinco años; abandono de los gestores públicos, que prefieren desviar los fondos públicos a la sanidad privada – casi 1.000 millones en el último año –; profesionales de gran valía que son despedidos; etc. Una realidad que podemos ampliar a otras regiones de España y a las acciones del mismo gobierno de la nación. Y es que cuando las listas de espera se elevan un 125% la vida de miles de personas corre un grave riesgo. Unos gobiernos que, en cambio, están teniendo un éxito rotundo en la gestión de la crisis para los suyos. Pues, las políticas para millonarios que implementan han aumentado los mismos en un 13% desde mediados de 2012. Ya son un alegre grupo de 402.000 millonarios que han sabido aprovechar la oportunidad de la crisis.
Como ha demostrado la doctora de la London School y su equipo, Helena Legido–Quigley: “Muchas de las medidas adoptadas para ahorrar dinero no se basan en la evidencia. Hemos visto cómo los recortes tienen un efecto perjudicial sobre la salud de los españoles y, si no se aplican medidas correctivas, la situación podría empeorar, con un aumento del sida y la tuberculosis, –tal como hemos visto en Grecia, donde también ha habido importantes recortes en el sistema sanitario– así como el riesgo de una escalada de los problemas con las drogas y la propagación de enfermedades”. Además, añade: “La evidencia científica es muy clara, que el copago es malo para la salud”. Sin ir más lejos Alemania recientemente ha suprimido el copago en sanidad por sus efectos perversos.
La crisis como una oportunidad. Es así como ellos lo ven. La oportunidad de deshacerse de los débiles. Del personal sobrante. Quien no pueda pagarse un seguro privado está condenado. Y además ese seguro privado tendrá que hacerse en sus empresas. Ese es el carroñero afán de lucro y negocio a costa de la salud y el bolsillo de millones de personas que persiguen con ahínco. Que se ponga en peligro la vida o se condene a la muerte a miles de personas es un simple daño colateral que se puede asumir gustosamente, porque, en el fondo se lo merecen: son débiles, no han trabajado lo suficiente, son vagos y pedigüeños, etc. Los datos del desastre humano que están provocando con sus políticas están bien claros. Según Médicos del Mundo que ha lanzado la campaña “Nadie Desechado”:
- Más de 873.000 personas han perdido la tarjeta sanitaria.
- Existen miles de personas con cáncer sin acceso a tratamiento médico.
- Las enfermedades de transmisión se encuentran sin seguimiento.
- Cada día – en la nueva España eugenésica – 2.392 personas son desechadas.
Simplemente, parece inconcebible que en nuestro país se pueda incumplir vilmente la Ley poniendo en peligro la vida de cientos de miles de personas o, violar los Derechos Humanos. La Ley 14/1986, General de Sanidad, desarrolla el artículo constitucional concretando que la protección de la salud es universal, gratuita y financiada por los poderes públicos. Cuando se habla de gratuita no se utiliza el término “gratis” de forma peyorativa y falseada como hacen Esperanza Aguirre y los suyos, sino que se financia con los impuestos de muchos tipos que todos los residentes en suelo español pagamos.Por tanto, este supuesto ahorro es, simplemente, una nueva subida de impuestos encubierta a los españoles. Porque quien no paga impuestos como debe en España es Esperanza Aguirre y los suyos. Es la clase de Mariano y Esperanza quien no paga impuestos.Son las grandes fortunas y empresas quienes viven en un paraíso fiscal y evaden más de 88.500 millones cada año. Dinero suficiente para pagarnos la sanidad, la educación y demás servicios públicos. Dinero sumado a la enorme extracción de riqueza que perpetran sobre la población española que nos haría ser un país rico.
Fuente: lavozdebida.wordpress.com
Fuente: la verdad nos hara libres
