el rey, su ayudante armada y mugica (psoe) dieron el golpe del 23F contra suarez

El general Armada, detrás de su amigo Juan Carlos: 30 años juntos antes del golpe del 23-F

La muerte del general Alfonso Armada, indultado por el Gobierno del socialista Felipe González tras cumplir solo 6 años de los 30 a los que fue condenado, no ha enterrado ni mucho menos la verdad histórica y judicial sobre el golpe de Estado del 23-F. Cada vez más historiadores, investigadores y testigos directos están desvelando que la asonada no se produjo como la contaron sus protagonistas, sino que fue el propio rey Juan Carlos, su ayudante desde 1955, Alfonso Armada (secretario de la Casa del Príncipe Juan Carlos y después, cuando su jefe era ya el monarca, secretario general de la Casa Real) y el dirigente socialista Enrique Múgica (PSOE) quienes urdieron un “Gobierno de concentración” para derrocar a Adolfo Suárez. El problema fue que el autor material, el coronel golpista Antonio Tejero, les salió rana. Y además un operador de TVE dejó encendida una cámara que puso al descubierto la opereta bufa. Para colmo, Armada no consiguió convencer a Tejero de que se le invistiera allí mismo presidente del Gobierno junto con dirigentes de AP, PSOE, PCE, “traidores” de UCD e independientes.

La doctora Carmen Echave: su testimonio nunca fue recabado

La médico del Congreso, doctora Carmen Echave, escuchó la conversación Armada-Tejero tras una puerta contigua y anotó los nombres que intentaban pactar. Los escribió en su propia agenda para no olvidarse. Es la conocida “lista de los 19”, políticos y militares que, por fidelidad al rey, odio a Adolfo Suárez, ambición o las tres cosas juntas, estaban dispuestos a todo con tal de poder ocupar un sillón ministerial:

– Presidente: general Alfonso Armada
– Vicepresidente para Asuntos Políticos: Felipe González (PSOE)
– Vicepresidente para Asuntos Económicos: J.M. López de Letona(Banca)
–Ministro de Asuntos Exteriores: José María de Areilza (Coalición Democrática)
–Ministro de Defensa: Manuel Fraga Iribarne (Alianza Popular)

La célebre “Lista de los 19″: queda mucho por saber del golpe

–Ministro de Justicia: Gregorio Peces-Barba (PSOE)
–Ministro de Hacienda: Pío Cabanillas (UCD)
–Ministro del Interior: general Manuel Saavedra Palmeiro
–Ministro de Obras Públicas: José Luis Alvarez (UCD)
–Ministro de Educación y Ciencia: Miguel Herrero de Miñón(UCD)
–Ministro de Trabajo: Jordi Solé Tura (PCE)
–Ministro de Industria: Agustín Rodríguez Sahagún (UCD)
–Ministro de Comercio: Carlos Ferrer Salat (presidente de la CEOE)
–Ministro de Cultura: Antonio Garrigues Walker(empresario)
–Ministro de Economía: Ramón Tamames (PCE)
–Ministro de Transportes y Comunicaciones: Javier Solana(PSOE)
–Ministro de Autonomías y Regiones: general José Antonio Sáenz de Santamaría
–Ministro de Sanidad: Enrique Múgica Herzog (PSOE)
–Ministro de Información: Luis María Anson (presidente de la agencia Efe)

Rojas Marcos cuando era diputado: un testigo incómodo

La fiabilidad del testimonio de la doctora Echave lo corrobora la periodista Victoria Prego, especializada en la Transición, y lo confirma el periodista Pablo Sebastián, que menciona comoFernando Alvarez de Miranda (UCD) y Alejandro Rojas Marcos (Partido Andalucista) supieron queFelipe González había dado el visto bueno a un “Gobierno de concentración nacional”:

“¿Por qué Felipe González -como lo recuerdaFernando Alvarez de Miranda citando a Adolfo Suárez  y lo ha confirmado Alejandro Rojas Marcos- prefería un Gobierno de concentración nacional presidido por un militar, como el que proponía Armada, en vez del Gobierno de Suárez? ¿Qué pasó entre Armada y Tejero cuando el coronel de la Guardia Civil con el que Armada había preparado el golpe, le negó a Armada su entrada en el Congreso secuestrado porque al parecer la lista del gobierno que traía el exgeneral incluía a socialistas y comunistas?”.

El coronel Martínez Inglés coincidió con Milans del Bosch en prisión: le contó todo

El coronel Martínez Inglés incluye en su libro “La transición vigilada”, retirado del mercado a los 15 días, las únicas declaraciones del general golpistaMilans del Bosch sobre esos acontecimientos. Habían coincidido en la misma prisión y el coronel le prometió no divulgarlas hasta después de su muerte. Milans del Bosch dijo: “El rey quiso dar un golpe de timón institucional, enderezar el proceso que se le escapaba de las manos y, en esta ocasión, con el peligro que se cernía sobre su corona y con el temor de que todo saltara por los aires, me autorizó actuar de acuerdo con las instrucciones que recibiera de Armada”.

Juan Carlos y Armada: una amistad inquebrantable

Afirma que después el general Armada siguió teniendo mucha amistad con el rey, con quien hizo un pacto de silencio: “No acusó a su señor, se calló y estuvo solamente cinco años en la cárcel, después lo indultaron. Sin embargo, el general Milans, un hombre completamente distinto de Armada, no es un hombre de Palacio sino un militar más puro, fue engañado y abandonado, siguió en la cárcel durante nueve años”.

El periodista Jesús Cacho también investigó este asunto en el libro “El negocio de la libertad’. Su colega Rafa Plaza afirma que Cacho lo había entregado a la editorial Plaza y Janés del grupo Berstelsmann, pero le dijeron que lo publicarían si mutilaba 50%. “No queremos problemas”, le comentaron. Lo llevó entonces a la editorial Foca, y el libro ya va en la undécima edición, con 90 mil ejemplares vendidos.

Armada le pidió a Juan Carlos hacer públicas sus conversaciones

Cacho concluye que “el rey participó en el 23-F, y menciona en el libro un informe escrito y firmado de puño y letra por el general Armada, que confirma lo anterior, así como la carta que escribió antes del juicio, en la cual el general le pide permiso al rey “por el honor de mis hijos y de mi familia, para utilizar, durante el consejo de guerra, parte del contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual, mantenida días antes del golpe, a la vuelta de los reyes del entierro de la reina Federica de Grecia”.

Otros tres testigos más, los coroneles Diego Camacho y Alberto Perote, junto con el propio jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, que fue despedido por el rey porque no admitía las continuas tropelías del monarca y se las recriminaba, han dejado testimoniado lo que saben. Con ellos habló o recabó su testimonio el catedrático Roberto Centeno:

El coronel Diego Camacho investigó el 23-F

“Los golpistas del 23-F fueron víctimas de la fatalidad: el teniente coronel Tejero, encargado de la toma de las Cortes, se negó a obedecer a Armada cuando supo que iba a formarse un Gobierno con socialistas y otras izquierdas de nombre. En una entrevista radiada la pasada semana con el señor Trevijano, el coronel Diego Camacho, del CESID, relató cómo sus jefes estaban dentro del golpe y cómo lo apartaron cuando lo denunció ante su superior el general Calderón, sin saber que formaba parte de la trama. Según este coronel, el Rey dio marcha atrás cuando Armada le comunicó por teléfono que Tejero iba por libre y no le obedecía”.

Estrasburgo condenó a España y el coronel Perote era inocente

“Además, el hecho de que la radio y la televisión continuaron transmitiendo, con unenergúmeno pegando tiros al aire y el mundo entero viéndolo en directo, hacía el “golpe de timón” absolutamente infumable a nivel internacional”. En otra entrevista realizada en la COPE por César Vidal al coronel Alberto Perote del CESID, que vivió en directo todo el asunto, al preguntarle qué habría pasado si Tejero hubiera obedecido y las cámaras hubieran sido desconectadas, su respuesta fue rotunda:“Armada habría salido del Congreso investido como presidente del Gobierno”.

Juan Carlos echó a Sabino de Casa Real porque no soportaba que le reprochara sus fechorías

El jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, cuando fue expulsado de su puesto por el Rey, le contó a Trevijano cómo en el libro de visitasal monarca del día 11-F aparecía borrado el nombre de D. Alfonso de Borbón y en su lugar se había puesto el del general Armada, que se presentó de improviso en la Zarzuela, sin conocimiento de su capitán general. Y -continúa el general Fernández Campos- “tratándome como si fuera un soldado”, ante mi sorpresa me exigió: “dígale que estoy aquí y vera cómo me recibe (el Rey) en el acto”, lo que efectivamente sucedió.

Juan Carlos a Milans del Bosch: “ya no puedo echarme atrás”

Fernández Campos le contó también a Trevijanoque, a las tres de la mañana del 24-F, ordenó a un capitán de servicio en la Zarzuela que se presentara en la agencia EFE y retirara el cable enviado por el Rey a Miláns del Bosch en el que le decía “que ya no podía dar marcha atrás”. Se refería a la suspensión de la operación político-militar promovida por la Corona. Miláns del Bosch, que ya había sacado los tanques a la calle, no obedece al Rey al instante, por eso el mensaje del monarca en la televisión no puede emitirse hasta la madrugada. En el 23-F los militares pagaron el pato, todos los condenados menos uno eran militares, aunque en el golpe había mas civiles que militares: “Y con una dignidad y una lealtad digna de mejor causa todos mantuvieron la boca cerrada”

Encuesta:

¿Cree que los indicios disponibles son suficientes para que unas futuras Cortes democráticas investiguen el papel del Rey y de otros políticos durante el golpe del 23-F?

•  No, son datos poco fiables y muy endebles
•  Sí, los indicios son solventes y los partidos que sean democráticos deben exigir una investigación parlamentaria y/o judicial
•  Aunque todo fuera cierto, mejor enterrar ya este asunto

Ver resultados

Fuente: un espia en el congreso

una jueza declara ilegal el contrato estrella de la reforma laboral

Los jueces de lo social están cerrando cada vez más el perímetro de lo que es legal, y no, en la reforma laboral. A las muchas sentencias contrarias a la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy, se ha sumado ahora una que es un auténtico mazazo a la medida estrella de la normativa promovida por Fátima Báñez: el despido libre, durante un año, con el contrato de emprendedores.

La jueza María Luisa Sanz Anchuela, del juzgado social nº 2 de Barcelona ha declaro nulo el despido de César Expósito de la empresa de reciclaje de cauchos en la que trabajaba (Alfredo Mesalles SA). Expósito, que tenía un tipo de contrato conocido como de “Emprendedores” le despidieron ocho días antes de que venciera el plazo de un año de prueba.

La jueza echa mano de la Carta Social Europea para dictaminar que un periodo de prueba de un año de duración no puede ser legal. Así, la magistrada se ciñe a una reciente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la violación del artículo 4.4 de la Carta en la reforma laboral aplicada en Grecia. Muchos de los aspectos denunciados por los sindicatos griegos, donde se subió el periodo de prueba de forma generalizada también a un año, coinciden, desde el punto de vista de la magistrada, con la reclamación que hace el denunciante.

Así, entiende que debe haber un preaviso “razonable” en caso de despido y que solo puede ser urgente en caso de motivo grave. También que el periodo de prueba debe ser “razonable” y en función de la cualificación, y no el mismo para cualquier trabajador. La magistrada entiende que no es necesario un periodo de prueba de un año para comprobar que un peón, como el demandante, traslada de forma correcta neumáticos de un sitio a otro.

El abogado que ha llevado el caso, Roberto Castro, subraya la importancia de que una jueza de lo social haya recurrido directamente al “principio de jerarquía normativa” y haya recordado que la Carta Social Europea es Derecho Internacional que está por encima de la legislación nacional en este caso concreto. “Inaplica la reforma laboral porque no es legal con el derecho internacional”, explica Castro. La juez recuerda en su escrito que las resoluciones del Comité de Derechos Humanos crean jurisprudencia. Hasta ahora, otros jueces de lo social habían interpuesto recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional pero con esta decisión, la jueza falla en contra del contrato de Emprendedores de forma expeditiva.

La empresa queda condenada a readmitir al trabajador o pagarle una indemnización de 1.187,34 euros brutos. El fallo está sujeto a recurso en el Tribunal Superior de Justicia. Castro espera que la empresa recurra para que sea el TSJ de Catalunya el que se tenga que mojar confirmando una sentencia así.

El abogado laboralista se muestra muy satisfecho por que esta sentencia ponga freno “al delirio de la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular”.

Leído en: eldiario.es

Fuente: la verdad nos hara libres

el plan B que oculta la ley de seguridad ciudadana

Hay victorias holgadas que pueden incubar pírricas derrotas. Todo depende de si los derechos han sido conquistados desde abajo o, por el contrario, otorgados desde arriba. Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana planea ese conflicto.

Impedir que vea la luz es un imperativo ético que implica a toda la sociedad. Pero la iniciativa compete directamente al 15-M, cuyo desmantelamiento es el propósito inconfesable de la totalitaria norma. El riesgo, sin embargo, radica en que las mismas organizaciones institucionales que trajeron el austericidio pretendan abanderar en exclusiva su refutación para reinventarse políticamente. De suceder esto, como el Cid después de muerto, la aborrecida ley habría alcanzado sus últimos objetivos militares: acabar con las raíces de la protesta.

Los tahúres de la política, y los dirigentes gubernamentales, los parlamentarios y los líderes de partidos lo son por elevación, no suelen enseñar todas las cartas del juego que se traen entre manos. Y cuando se ven obligados a mostrarlas, siempre se guardan un comodín en la manga. No hay propuesta política de calado que no valla precedida de un globo sonda para pulsar la opinión de la ciudadanía. Ni existe proyecto estructural que no contenga un Plan B para usarlo como alternativa en caso de que el inicial, el visible mondo y lirondo, fracase. Bien porque al ponerlo en marcha se busquen efectos no declarados, o bien porque se incite el éxito por meandros y carambolas a varias bandas. Alfonso Guerra, en su etapa de referente de los “descamisados”, hizo época al calificar al presidente Adolfo Suarez de “tahúr del Misisipi”, tal era la habilidad en la política y en el mus del ex jefe del partido único franquista

No hay oferta contractual o propuesta política que no incluya en sus adentros un Plan B de emergencia. Al menos no en asuntos de gran importancia. Hasta el punto de que si alguno no lo incorpora podemos estar seguros de que el tema no tiene demasiada trascendencia. Como un estudio de viabilidad que no lleve anexa su memoria económica. Estamos hartos de verlo, por ejemplo, en los conflictos laborales. Lo que pasa es que no se revela a las primeras de cambio. Cuando una empresa plantea un ERE a los miembros de un comité de empresa, puede darse por hecho que está escenificando condiciones mucho más leoninas que las que en realidad lleva como oferta final. De esta forma, a la patronal siempre le queda margen para rebajar su oferta al óptimo buscado y venderlo como si se tratara de una hazaña de trabajadores y directivos. Y todos contentos.

En el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), que el Consejo de Ministros acaba de dar el visto bueno para su recorrido parlamentario, una norma que de concretarse en sus actuales perfiles supone el fin del Estado de derecho y el inicio de otro policial, existe también un Plan B oculto. Pero antes de intentar describirlo, convendría detenernos un momento en el contexto en que ha surgido esa disposición, propia de regímenes autoritarios y dictaduras, que pretende sancionar hasta el pensamiento. Está meridianamente claro que la LSC nace para reprimir al 15-M, entendiendo por tal todos los movimientos del activismo social que se rebelan contra el actual statu quo y sus políticas austericidas, incluidas plataformas, mareas, sindicalismo alternativo, colectivos ciudadanos, etc. En ese sentido, contra lo que pudiera parecer a simple vista, la medida revela la extrema debilidad del gobierno y por ende del sistema. La oligarquía dominante es consciente, como señalan continuamente las encuestas más serias, que el movimiento de los indignados le “hace pupa”, y que no se puede permitir la sangría de credibilidad que ello supone cuando además se enfrenta a un largo y azaroso periodo electoral.

Así, esta ley mordaza llega después de una campaña de hostigamiento contra algunos de los iconos del activismo social que han secundado al 15-M desde su irrupción hace ya más de dos años, con la aviesa intención de tumbarlo mediante una especie de “apagón total”. Hablamos de los extraños ataques cibernéticos sufridos hace semanas por muchas web antisistema desde los cuatro puntos cardinales de la globosfera, y de la no menos curiosa aparición de grupos violentos (el Comando Mateo Morral o el asalto a una asociación integrista en la Facultad de Derecho de la Complutense), que tratan enturbiar la percepción de resuelta rebeldía democrática que la opinión pública tiene del 15-M y afluentes. (Stop Desahucios, 25-S, etc.). Es un sucedáneo de la estrategia de la tensión que se aplicó con éxito en la Transición para evitar la ruptura democrática con el franquismo.

Y luego tenemos una sutil incongruencia: ¿cómo es posible que el gobierno del Partido Popular se haya embarcado en aprobar una ley tan bárbara que nadie entre las asociaciones de jueces y fiscales apoya y que incluso cuenta con el rechazo de buena parte de los medios de comunicación? ¿En qué cabeza cabe a estas alturas de la película, cuando hablan de brotes verdes, poner encima de la mesa un obús legislativo que supone una auténtica arma de destrucción electoral? Son fachas, ¿pero tan tontos? Ni la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ni la Francisco Vitoria (FV), ambas conservadoras, ni la Unión Progresistas de Fiscales UPF), ni Jueces para la Democracia (JD), dan un duro por la totalitaria ley. Y por mucho que el aznarismo y sus halcones hayan vuelto al PP, igual que el PSOE sobre sus pasos, no salen las cuentas. La LSC establece un antes y un después entre las medidas antisociales perpetradas al alimón por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy a instancias de la troika. Con ella en marcha, ya no hay equivalencias en el duopolio sino distancias. Con la ley mordaza el PP supera en venalidad al PSOE y encima se convierte en la mejor baza que podía encontrar la oposición para batir a Génova 13 por toda la escuadra, contando con el apoyo de buena parte de la opinión pública. Una jugada fatal de la derecha (por supuesto, acorde con su ADN más rancio) que volvería a dar la oportunidad a la sedicente izquierda para recuperar la confianza perdida y ponerse el frente la manifestación. Como ya barruntaba la “manifestación unitaria” de la izquierda política y sindical del pasado 23 de noviembre en Madrid, jaleada como la mayor habida ese día por los media, a costa de ignorar totalmente la del 15-M. que fue la realmente mayoritaria.

Por eso el Plan B. El sistema cae solo si caen los dos partidos dinásticos hegemónicos, PP y PSOE. Nunca si es uno de ellos el que declina. De ahí la alternancia y no la alternativa. Por eso, salvo el corto periodo de UCD, los restantes 33 años de eficaz y excluyente bipartidismo han sido una carrera de relevos entre el PP y el PSOE o entre el PSOE y el PP. Cambiar algo para que todo siga igual. Ahora mismo, con esa escenificación política a cara de perro entre gobierno y oposición, derecha y sedicente izquierda, PP y PSOE no dejan de cohabitar en temas esenciales para la estabilidad del régimen. Votan igual contra el derecho a decidir; actúan de consuno en el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ya hicieron con el Tribunal Constitucional; convergen en la bondad de la “doctrina Parot”; apoyan la limitación de la Justicia Universal; etc., etc., etc. Por no hablar de cómo uno y otro han sido agentes indispensables para aplicación de las medidas dictadas por la troika (FMI, CE, BCE) para salvar al capital financiero español a cargo del contribuyente y de los trabajadores. Y si quedara alguna duda, tanto en las resoluciones de la reciente Conferencia Política como en la Congreso de la federación andaluza, la cúpula del PSOE ha ratificado como “necesarias” las políticas antisociales del gobierno de Rodríguez Zapatero, al tiempo que celebraban su liderazgo como estadista socialista.

No carece de significado que en un país cultural e ideológicamente conservador (el dichoso franquismo sociológico), el socialismo haya ocupado el poder el doble de años que la derecha. Periodo en el que, al margen de una indudable ola modernizadora (caracterizada por costosas inversiones en infraestructuras y meritorios avances en los ámbitos civil y social, como la reforma de la Ley del Aborto, el matrimonio igualitario, sanidad y educación), se colocaron los pilares para que España pasara a ser una pieza clave en el marco del neoliberalismo y del atlantismo. Incluso al contraluz de episodios que deben ser analizados como concesiones a las castas dominantes, como los privilegios a la Iglesia de la cruzada, el uso del terrorismo de Estado para frenar el independentismo vasco o la doma del sindicalismo de clase (se comprobó en la defenestración del líder histórico de UGT, Nicolás Redondo, estallándole el caso PSV por su “deslealtad” al felipismo reinante). Por eso, ahora causa risa y bochorno por su cínico oportunismo oír que Rubalcaba “exige a Rajoy que rompa relaciones con la Santa Sede”, cuando el ejecutivo de Zapatero, del que el actual secretario general socialista era vicepresidente, aparcó sine die su prometida Ley de Libertad Religiosa.

Hasta una persona tan moderada como el socialista Ignacio Sotelo acaba de escribir (A qué llamamos franquismo. El País, 30 de noviembre) lo siguiente: “La llegada del PSOE al poder, en vez de ampliar, refuerza el tipo de democracia harto restrictiva de la Transición. Así como en lo económico se aparta de los principios básicos de la socialdemocracia (papel del Estado en las políticas de empleo y de igualdad) y rompe con la unidad de acción de partido y sindicato (movimiento obrero); en lo político, repudia cualquier forma de participación social, empeñado en desmontar los movimientos vecinales y asociaciones de base, con lo que la democracia queda constreñida en su forma más escuálida de votar en los plazos previstos aplicando sin cambio sustantivo, para mayor inri, la impresentable ley electoral heredada. Los resultados están a la vista”.

Con esas credenciales y la garantía de no tocar el statu quo, no choca que la oligarquía económica y los poderes fácticos confíen en la sedicente izquierda para salvar situaciones de emergencia. Conocen bien que la derecha española en el poder siempre remata en opera bufa y acaba suscitando un rechazo tan generalizado que hace prácticamente imposible su tutelaje social. La frase “contra el franquismo luchábamos mejor” no solo refleja una realidad sociológica sino que remite, a la viceversa, al hecho histórico de que los “gobiernos rojos” son los que más desmovilización ciudadana procuran. Por eso, si desde arriba ven peligrar sus intereses fundamentales, no sería extraño que active un Plan B de lucha denodada contra la Ley de Seguridad Ciudadana que sirva para re-legitimar al PSOE y tumbar al incapaz gobierno del PP (Ferraz acaba de crear a tal fin un Consejo Federal de Derechos y Libertades).

No sería la primera vez en que al PSOE se le aparece la Virgen de los Peligros, siendo catapultado milagrosamente al poder por sucesos extraordinarios. Felipe González logró la mayoría absoluta en 1982 al rebañar votos de millones de ciudadanos acojonados por el estruendo del golpe de Estado del 23-F. Y José Luis Rodríguez Zapatero fue aupado a La Moncloa en el 2004 por el síndrome del 11-M. Aunque eso no impidió que la “marca España” siguiera fiel a la hoja de ruta de la Transición que señala Sotelo. Ay, esa provechosa proyección de encuestas de Metroscopia, que aparecía en El País el domingo 1 de diciembre, para alumbrar que el maltrecho PSOE aún puede ser partido de gobierno en las lejanas generales. La misma especie que aireaba el sondeo de la revista Sistema, órgano del guerrismo, en vísperas de la Conferencia Política socialdemócrata.

Sin embargo, hoy nada indica que deba ser igual. Por primera vez existe una fuerza social autónoma, al margen de las direcciones de los partidos y los sindicatos institucionales, comprometida con el cambio en profundidad en la ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente, que goza de un gran arraigo social y experiencia en la lucha proactiva. Y aunque los partidos de la oposición tienen el deber inexcusable de hacer todo lo posible para impedir que la Ley de Seguridad Ciudadana alcance el BOE en cumplimiento de sus atribuciones, corresponde a los movimientos sociales la misión de derogarla in nasciturus y trascenderla. Es el pueblo que ha sufrido las agresiones del sistema quien debe llevar en todo momento la iniciativa en ese combate desigual por un mundo mejor. Con la suprema legitimidad que le da ser la diana de esa ley parafascista, y la serena inteligencia de evitar verse envuelto por ningún “fuego amigo” sobrevenido. Vamos despacio porque vamos lejos.

Fuente: kaos en la red

Enviado por Ale Xias

la españa que ofende y da asco

Atados y bien amarrados a esa España inferior que ora y embiste, a los ciudadanos se nos advierte que ofender a la patria nos va a salir muy caro. Lo que no especifica la nueva ley de la mordaza es de qué carajo de patria están hablando. No puede ser la mía, la de la gente que sufre y sobrevive como puede a esta era de barbarie y que aún reserva fuerzas para la solidaridad con los desahuciados o los que pasan hambre. 

No es la de la gente que pacíficamente defiende en las calles la enseñanza y la educación pública. Ni la que resiste a una lluvia de medidas inhumanas destinadas a favorecer a los bucaneros de la banca. Un pueblo que apenas patalea frente a la desproporción de palos que recibe. Conformados y dóciles pese a las humillaciones constantes, al expolio masivo de nuestros mayores tesoros nacionales, a la insultante chulería de los que nos gobiernan. Esa España que no arde por los cuatro costados inflamada de rabia aunque le sobren motivos para hacerlo. La que se manifiesta madura y responsable reclamando justicia social, trabajo, libertad y todas esas cosas propias de una sociedad civilizada y demócrata. 

No, no puede ser que hablen de esa España, la que componen la gran mayoría de los españoles. Ésta ya está ofendida hasta la nausea. La que blindan ahora a sangre y fuego es la otra España. La de los patrioteros ultracatólicos que camuflan con aroma de cera y sacristía el irrefutable hecho de que son adoradores del poder y del dinero, su único dios verdadero. La España que vuelve de ultratumba para cortarnos las alas y cerrarnos el pico a patadas de multas millonarias. La que emplea cuchillas para parar el hambre de los de fuera y predica caridad para la famélica legión que crece dentro. La que regala dinerales a los bancos que están echando a la gente de sus casas. La que se pone la peineta por montera para sacralizar sus indecentes marranadas. La España de los traidores a mi patria. ¿Ofenderla? Lo más suave, es decir que me da asco.

Fuente: diario del aire