Al mismo tiempo que avanza con paso firme hacia su reapertura hasta 2031, la central de Garoña mantiene un segundo frente abierto, un as bajo la manga en forma de almacén temporal de residuos nucleares que permitiría a la planta albergar hasta 32 contenedores de desechos radiactivos en sus instalaciones, previa autorización del Gobierno central y con las pertinentes obras de adecuación. El primer requisito se cumplió hace ocho meses. El segundo dio el último paso la semana pasada, cuando el Ayuntamiento del Valle de Tobalina, el municipio en el que está ubicada la central, aprobó la concesión de la licencia de obras para la puesta en marcha del almacén temporal, con un presupuesto de doce millones de euros y la previsión de recibir en su fase inicial los primeros cinco contenedores de residuos nucleares.
La luz verde al permiso para la creación del silo nuclear de Garoña ha enervado definitivamente a la Diputación Foral de Araba, que el pasado mes de noviembre decidió enviar sendas cartas a los ministerios de Industria y Medio Ambiente para trasladarles su enfado, después de que el segundo decidiera poner su sello de aprobación a la declaración de impacto ambiental, obligatoria para levantar el cementerio de residuos.
Posteriormente, en marzo, la institución foral decidió personarse en el proceso de tramitación del informe, pero el Gobierno español no permitió que la Diputación participara en él, pese a ser Araba parte afectada por cercanía, afección, conservación medioambiental y estar incluida en el Plan Director de Protección Civil de la central.
Ahora, pasados los meses sin haber recibido respuesta alguna a sus requerimientos, y según confirmaron fuentes del ejecutivo foral, la Diputación asume que el informe medioambiental ha llegado al final del proceso de tramitación y el visto bueno ha permitido, por tanto, que el Consistorio del municipio al que pertenece Garoña conceda a Nuclenor, propietaria de la planta y participada al 50% por Iberdrola y Endesa, un polémico permiso de obras que no podría haber certificado sin el citado informe medioambiental favorable.
“El Gobierno en funciones sigue dando pasos para reabrir Garoña pese a la posición contraria no ya solo de Álava, sino también de la mayoría del
Congreso de los Diputados, y continúa sin tener en cuenta la posición clara y rotunda de las instituciones alavesas”, señaló ayer a DEIA el diputado general alavés, Ramiro González, que incidió en el hecho de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “ni siquiera ha dado la oportunidad a la Diputación de presentar sus alegaciones en el expediente sobre el almacén de residuos, cuando está claro que este territorio se vería seriamente afectado por su instalación”.
De acabar levantando el almacén de desechos radiactivos en las instalaciones de la planta burgalesa, ubicada a 40 kilómetros de Gasteiz, el silo se levantaría en un punto en el que sus aguas subterráneas están conectadas de forma directa con el embalse subterráneo de la Llanada Alavesa, como recordaba el diputado foral de Medio Ambiente, Josean Galera
LA LICENCIA Por otro lado, el presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, señaló ayer que “desaprovechar una central nuclear viable” como la de Garoña “es un lujo que no nos podemos permitir”. El futuro del reactor burgalés está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que debe emitir un dictamen sobre la renovación de la licencia de actividad. Si el informe, que podría estar concluido en noviembre, es positivo, Garoña -parada desde diciembre de 2012- podrá seguir activa hasta marzo de 2031, fecha en la que cumplirá 60 años.
Durante la presentación del informe Resultados nucleares de 2015 y perspectivas para 2016, Antonio Cornadó sostuvo que Garoña ha “demostrado” que es viable y seguro operar un reactor más de 40 años, porque lo ha hecho durante 42 y recordó que un dictamen técnico del CSN aprobado por unanimidad en 2009 era favorable a que la planta nuclear operase hasta 2019, cuando llegará a los 48 años de actividad.
“Garoña es un activo industrial que funciona. España no es tan lista ni tan rica como para permitirse prescindir de un activo viable que, además, ha operado más de 40 años y conoce cómo hacer para operar a largo plazo”, afirmó el presidente del Foro Nuclear. Cornadó reiteró la defensa por parte de la industria nuclear de la operativa del parque atómico a largo plazo, porque “no supone un salto cuantitativo”, ya que se está haciendo en otros países, como Estados Unidos, donde 81 de sus 99 reactores tienen autorización para operar 60 años.
