No sólo negocia en secreto varios tratados que darán nuevos poderes a las multinacionales, sino que además no tiene interés por pedir la opinión individual de los 28 parlamentos de los países que integran la Unión. La Comisión Europea no tiene previsto someter los acuerdos secretos TTIP, TiSA y CETA a la ratificación de los países de la Unión: así se desprende de la respuesta de la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, a una pregunta parlamentario formulada por la eurodiputada y portavoz de IU en la Eurocámara, Marina Albiol, a la que ha tenido accesoPúblico.
“En la medida en que los acuerdos comerciales entran dentro de la competencia de la UE, la Comisión considera que no hay ningún requisito que obligue a los estados miembros a ratificarlos individualmente”, reza la misiva de la comisaria Malmström, que arroja un nuevo jarro de agua fría para quienes esperaban que los parlamentos nacionales pudieran pronunciarse o incluso someter a referéndum -si así lo recogen sus respectivas constituciones- el polémico Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), entre Bruselas y Washington, el CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), entre la UE y Canadá, y el Trade in Services Agreement (TiSA), que medio centenar de países -entre ellos los 28- negocian con total opacidad.
“No es cierto. Esta respuesta no se ajusta a la legislación europea”, asegura Albiol a este diario. La eurodiputada explica que según la normativa comunitaria, todos los tratados que afecten a competencias compartidas entre la UE y los estados deben tramitarse como acuerdos mixtos: “La ley dice que cualquier acuerdo mixto requiere la aprobación de los estados, algunos tienen establecido incluso un referéndum vinculante para ratificarlos, y otros podrían hacerlo si así lo quisieran”, apunta.
Según el Artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la UE, entre las competencias compartidas se encuentran la protección de los consumidores, el medio ambiente, la política social o la energía, por citar sólo algunos ejemplos, y todos ellos pueden verse afectados tras la ratificación de estos acuerdos, que cuentan con el beneplácito de las multinacionales, y que según el creciente sector de organizaciones civiles y partidos políticos críticos con estas alianzas, servirán para restar soberanía a los estados.
“Al final, acuerdos como el TTIP suponen más que meros tratados comerciales: estamos hablando de algo que casi es más equiparable a la Constitución Europea que a un tratado comercial. Va mucho más allá, y tiene una parte política importante”, denuncia Albiol, que afirma que seguirán formulando preguntas a la Comisión hasta arrojar algo de luz sobre estos acuerdos.
“Quieren evitar que el debate llegue a la ciudadanía”
Dejando a un lado el debate legal, la eurodiputada asegura que, “a nivel democrático”, y con su forma de proceder, la Comisión está “atacando la soberanía de los estados, porque quiere evitar que haya debate, que el acuerdo llegue a la ciudadanía. Cosa que será mucho más fácil si el tratado pasa también por los parlamentos nacionales”, apunta.
En su respuesta, fechada el 24 de septiembre, y ante la pregunta de si considera que la aprobación del Parlamento Europeo “sin posibilidad de enmiendas” puede garantizar la “legitimidad democrática” de estos tratados, Bruselas defiende que “las normas de procedimiento conferidas al Parlamento Europeo en Virtud de los Tratados”, “garantizan plenamente la legitimidad democrática de la adopción de acuerdos internacionales”.
Lejos de coincidir con esta afirmación, Albiol asegura que con su pregunta simplemente esperaban que la Comisión “dijera la verdad”, y en lugar de ello se han topado con un muro como los que el Ejecutivo Comunitario acostumbra a construir alrededor de estos tratados: “No quieren ni información ni debate, quieren que se trate en las más altas esferas, cuanto más alto mejor”, lamenta.
La pregunta formulada por IU el pasado mes de julio recoge también una observación, que Bruselas no contradice -como sí corrige argumentos e ideas en otras preguntas parlamentarias-: “Dada la naturaleza y el contenido del TTIP, del CETA o del TiSA, parece evidente que se van a ver profundamente afectadas las capacidades y posibilidades de acción política de los gobiernos democráticamente elegidos”. Silencio.
Mientras el CETA está listo para ser ratificado, y el TiSA es apenas conocido por lasfiltraciones de Wikileaks publicadas por este diario en exclusiva en España, el TTIP cuenta con un creciente número de detractores. Bruselas y Washington celebran en octubre la décima ronda de negociaciones sobre el acuerdo, con uno de sus órganos vitales, el blindaje de las multinacionales mediante el recurso a tribunales privados, flotando en una suerte de limbo.
La portavoz de IU, una de las formaciones más críticas con el TTIP -junto a Podemos o Equo-, advierte de que seguirán posicionándose contra este acuerdo. Insiste en que aún están a tiempo de poner palos en las ruedas de los negociadores, de evitar que el TTIP llegue al Parlamento Europeo para su ratificación.
En cualquier caso, y antes de llegar a la Eurocámara, cree que debería pasar por los parlamentos nacionales, porque “afectará a la vida de los ciudadanos y ciudadanas, a los servicios públicos, a los derechos laborales y a las pymes”. Y será, como el TiSA o el CETA, de obligado cumplimiento a todos los niveles de gobierno, de los ayuntamientos a los gobiernos estatales, pasando por las autonomías: nada quedará fuera de su radio de acción.
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