jueces, fiscales y abogados contra la ley mordaza

 El presidente del Consejo General de la Abogacía asegura que tiene "aspectos anticonstitucionales", Jueces para la Democracia dice que se trata de "un instrumento para poder acallar las críticas sociales" y la Unión Progresista de Fiscales denuncia su "marcado carácter represivo". El gobierno totalitario del PP se supera a sí mismo...

Agencias

La aprobación del proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por el Consejo de Ministros y su envío a las Cortes ha levantado rápidamente una ola de reacciones en contra. Al poco de conocerse el texto definitivo, que recoge alguna modificación respecto a las versiones presentadas hasta ahora, jueces, fiscales y abogados, además de fuerzas políticas y movimientos sociales, han salido para mostrar su rechazo a la conocida como Ley Mordaza por sus detractores.

Especialmente significativa ha sido, por quien la hace y el grado de la afirmación, la reacción del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, quien ha dicho en Zaragoza que este proyecto de ley tiene aspectos "inconstitucionales" y que velarán por los derechos de los ciudadanos. En un encuentro con los medios de comunicación con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita, Carnicer ha avanzado que es tiempo de discutir y convencer a los políticos sobre sus alegaciones y que intentarán que "en el trámite parlamentario de la ley se nos oiga" y "se nos permita comparecer".

De esta forma, el Consejo de la Abogacía quiere "abrir brecha" en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado y que, si no se recogen sus planteamientos, intentarán "que quien tenga competencias interponga un recurso de inconstitucionalidad". Al respecto, ha recordado que no se les permitió comparecer en la tramitación parlamentaria de la Ley de Justicia Gratuita y que dos años y medio después se encuentra recurrida por cinco comunidades autónomas, entre ellas Aragón, y cientos de ciudadanos. Con este proyecto se pasa "de la patada a la puerta de Corcuera" (en referencia la reforma que impulsó el ministro socialista José Luis Corcuera) "a la patada al Estado de Derecho".

"El rodillo es mucho rodillo", ha reconocido el presidente de la Abogacía Española en referencia a la mayoría absoluta del PP en el parlamento, al que el proyecto de ley, ha dicho, ha llegado prácticamente como salió del gobierno. Tras indicar que espera que se recojan muchas de sus alegaciones, ha añadido que si el nuevo texto legal llega sin modificaciones al Boletín Oficial de Estado "trataremos de buscar compañeros de viaje que tengan la competencia para un recurso de inconstitucionalidad".

Joaquim Bosch: "Dudosa constitucionalidad"

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha tildado de "innecesario" el proyecto, que lo único que pretende es impedir determinadas críticas que son "especialmente incómodas" para el poder político a costa de "restringir libertades". En un comunicado, asegura que el texto "no está justificado por la realidad social", puesto que "no existen problemas relevantes de seguridad ciudadana".

Para Bosch, la inmensa mayoría de las manifestaciones que se celebran en nuestro país se desarrollan sin incidentes. Por ello, añade, "se constata con claridad que la nueva ley lo que pretende es impedir determinadas críticas que son especialmente incómodas para el poder político". Con esta ley, explica, "no se produce ninguna protección de la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales".

La asociación judicial cita las retenciones, identificaciones y cacheos como aspectos de "dudosa constitucionalidad" y critica la "desorbitadas" cuantías económicas de algunas sanciones contra diversas formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica y de la libertad de expresión.

La Unión Progresista de Fiscales denuncia su carácter "represivo"

El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, ha rechazado su "marcado carácter represivo"y ha considerado "insuficientes" los cambios incluidos en la propuesta del Ejecutivo para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, unidos a la modificación del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada. En la nueva ley, hay "una confusión entre seguridad ciudadana y orden público", así como "una tendencia policial muy acentuada", en lugar de una "visión garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos", ha estimado el representante de la UPF.

García Ortiz ha explicado que la evaluación de determinadas actuaciones policiales, como por ejemplo un caso de insultos a un policía, dejará de ser investigado o sancionado en el ámbito penal y pasará a la jurisdicción contencioso-administrativa. Ha subrayado que, en el ámbito de lo contencioso-administrativo, el ciudadano tendrá que pagar tasas judiciales, además de abogado y procurador, y perderá garantías, puesto que habrá una presunción de veracidad de los actos del funcionario público, que no existe en el caso de un juez de instrucción.

Finaliza la concentración contra la Ley Mordaza aprobada hoy en Consejo de Ministros

Escrito por  Kaos. Represión

El punto de encuentro será la bandera. Muchas de nosotras, acudiremos vestidas de negro y amordazadas para simular una marcha funeraria o entierro de la democracia, por si quereis uniros tambien.  Os pasamos la Nota de Prensa elaborada por NSD en rechazo al Proyecto de Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y la ultima revision del Grupo de Análisis sobre Ley Mordaza para difundir en blogs y redes.

Comienza la performance de No Somos Delito

@isaprospe

Compañeras de la CGT denuncian que desde #HoyNosAmordazan están rodeadxs en Colón al mejor estilo democrático constitucional por nuestra seguridad.

Angustias, del #15M, luce hoy velo negro. "Ha muerto la libertad", con la#LeySeguridadCiudadana, dice. 

Ya se producen identificaciones a la salida del metro y en Plaza Colón. Intentan rodear a la gente y comienzan a identificarla.

@AsambleaMajadahonda

@juancarlosmohr

@osec

@juancarlosmohr

@Danips

@juancarlosmohr

@juancarlosmohr

Más de setenta colectivos sociales rechazan la aprobación del Proyecto de Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana

NO SOMOS DELITO

Desde la plataforma ciudadana No Somos Delito, a la que se han adherido más de 70 organizaciones sociales, queremos expresar nuestro más rotundo rechazo al Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado hoy viernes en Consejo de Ministros. Esta tarde a las 19 horas nos uniremos a una concentración pacífica en la Plaza de Colón para mostrar nuestra preocupación y alerta ante lo que consideramos un paso más del gobierno para cercenar gravemente el ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos y ciudadanas reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

"Legislar a favor de las personas y no en su contra" 

En primer lugar, rechazamos una Ley cuya justificación se basa en una supuesta creciente demanda de seguridad y prevención del delito por parte de la ciudadanía que, en realidad, no existe. Muy por el contrario, consideramos que se trata de una legislación innecesaria que viene motivada por criterios claramente políticos, de carácter partidista, e incluso particulares. Si observamos las estadísticas oficiales de los últimos años todo apunta hacia una disminución acusada en el número de delitos (exceptuando los casos de delitos informáticos y económicos), lo que nos coloca muy por debajo de la media europea (VER: Balance de la criminalidad 2013 del Ministerio del Interiorhttp://goo.gl/A8v3cW). Ésto demuestra cómo el gobierno, sin un sustento real, está tratando de crear una falsa percepción de inseguridad en la sociedad que le permita justificar el endurecimiento de las leyes a costa de recortes de los derechos de la ciudadanía. 

Medidas intimidatorias que refuerzan el control del Estado sobre la ciudadanía

Esta sensación de inseguridad ficticia creada expresamente por el Gobierno, no sólo le ha servido para introducir en este proyecto de Ley nuevas infracciones y castigar más duramente las ya existentes, sino que ha sido aprovechado para blindarse aún más frente a las numerosas reclamaciones de la ciudadanía. Así, el proyecto introduce una serie de conceptos extremadamente vagos e imprecisos cuya interpretación será hecha por el propio Gobierno, ampliando el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de los agentes en su actuación.

●       Redadas preventivas, sin necesidad de que haya alteración efectiva de la seguridad, sin ningún tipo de requisito o criterio adicional. En concreto, podrán limitar que circulemos o permanezcamos en un determinado lugar de la vía pública si la policía considera que "existen indicios racionales de que se pueda alterar la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia". No se exige que la alteración se esté produciendo, sino que los agentes consideren que puede llegar a producirse, según su criterio. En nuestra opinión esto abre un margen de interpretación muy amplio que podría traducirse en restricciones arbitrarias.

●       Sanciones graves por asistir a manifestaciones y concentraciones sin que se provoque ninguna alteración, sólo por el mero hecho de no haber sido comunicadas en plazo. Además, la sanción se agravará si estas tienen lugar en infraestructuras críticas o sus inmediaciones (cuyo listado es secreto de estado y por tanto no pueden conocerse), ante parlamentos autonómicos o el Congreso (aunque ni siquiera estén reunidos ese día) o si la policía no puede identificar fácilmente a las personas asistentes (por llevar una bufanda en invierno o una gorra en verano, por ejemplo).

●       Disolver una manifestación en caso de urgencia. La policía podrá dar la orden de disolución en el acto, de manera verbal y sin motivar, si considera que existe una situación de urgencia. La consecuencia de aprobar algo así es que la policía tendrá una amplísima discrecionalidad para disolver manifestaciones en el momento que quieran, al ser ellos los que deciden cuándo estamos ante una situación de urgencia. Además, la policía podrá alegar que dió orden de disolver, orden cuya existencia no tendrá siquiera que acreditar, y que podrá justificar en percepciones de ese momento o circunstancias inventadas, y así crear artificiosamente una razón para sancionar, basada en que no se hizo caso a la orden dada. 

"Sin consenso con la ciudadanía"

Igualmente denunciamos que medidas legislativas de tanta relevancia para la convivencia en democracia como las que contempla la Ley de Seguridad Ciudadana, están siendo tramitadas justamente en verano, con el objeto de que pasen inadvertidas y evitar el debate entre la ciudadanía, sus colectivos e instituciones. Estamos hablando de la aplicación de un paquete de medidas intimidatorias que consideramos hechas a medida de las acciones de protesta social que se vienen desarrollando en los últimos tiempos. No nos cabe duda de que el objeto de este proyecto de ley no es otro que limitar el derecho a la protesta. A este respecto, la  ley de Seguridad Ciudadana califica, como infracciones graves, sancionadas con multas de 601 euros a 30.000 euros, "la perturbación grave de la seguridad ciudadana en las reuniones no comunicadas frente al congreso, senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas". El texto establece también, sanciones graves por "el uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, sin menoscabo del derecho fundamental a la información", un matiz, este último que podrá generar cierta arbitrariedad en la aplicación de la norma. A su vez, incluye como infracciones leves sancionables con multas de 100 a 600 euros, "la celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas en lugares de tránsito público" de las que serán responsables "los que se consideren como promotores u organizadores", "las injurias o faltas de respeto y consideración dirigidas contras las fuerzas de seguridad en una concentración o reunión en el ejercicio de sus funciones" o"el escalamiento a edificios o monumentos sin autorización". 

“Porque tenemos algo que decir: No somos delito”.

  

Desde la Plataforma No Somos Delito llevamos más de un año difundiendo y denunciando las consecuencias de esta legislación en plazas, parques, centros sociales y etc. Hemos trabajado en la elaboración de un amplio material escrito y audiovisual para compartir y difundir información acompañado de una alta presencia en redes sociales. Del mismo modo nuestra voz se ha escuchado en actos y acciones de teatro en la calle, y hemos hecho llegar nuestra denuncia hasta la oficina de derechos humanos de la OSCE así como al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, junto a la PAH y otros colectivos.  

En definitiva y en base a nuestro trabajo, consideramos que la tramitación de una Ley de Seguridad Ciudadana como la que hoy impulsa el gobierno no es un hecho aislado y puntual. Creemos que ésta y otras leyes en proceso de modificación responden a un plan de DE-GENERACIÓN democrática impulsado en aras del vaciamiento de los derechos y libertades democráticas. Nos referimos a un amplio paquete legislativo que incluye reformas tales como la Ley de Seguridad Ciudadana, la  Ley del Aborto o el Proyecto de Reforma del Código Penal, todas ellas, dirigidas a criminalizar nuestras libertades, castigar la protesta social pacífica y especialmente, las situaciones de pobreza. Lo que nos lleva a pensar, que a día de hoy vivimos en una sociedad cada vez más desigual, más quebrada, y en la que se demuestra repetidamente que no somos iguales ante la ley como estipula el artículo 14 de nuestra Constitución. 

Análisis: http://nosomosdelito.net/article/2014/07/10/puntos-clave-del-nuevo-anteproyecto-de-ley-de-seguridad-ciudadana-leymordaza

La Policía podrá 'retener' a ciudadanos en comisaría para su identificación durante un máximo de seis horas

   Los ciudadanos sospechosos de haber participado en alguna actividad delictiva podrán ser trasladados a comisaría para su identificación y ser obligados a permanecer allí durante un máximo de seis horas, según el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros y remitido al Congreso de los Diputados.

   El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado este viernes el texto aprobado por el Ejecutivo con numerosas modificaciones respecto al primer anteproyecto de noviembre del pasado año. Los cambios obedecen a las recomendaciones recibidas desde numerosos órganos consultivos y organizaciones sociales y que "enriquecen" el texto, según el ministro.

   Fernández Díaz ha defendido que el proyecto de ley, que sustituye a la denominada 'Ley Corcuera' de 1992, es "profundamente garantista" y tiene "pleno encaje" en la Constitución. Divide las sanciones en tres niveles, leves (multas de entre 100 y 600 euros), graves (entre 601 y 30.000 euros) y muy graves (entre 30.001 y 600.000 euros). Estas dos últimas consideraciones pueden ser divididas a su vez en grados: mínimo, medio y máximo.

   Entre los aspectos más polémicos de la futura ley, el de las manifestaciones, el ministro ha defendido que no modifica la actual regulación y "sólo pretende sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas" y, además multa, la perturbación del desarrollo de una manifestación.

Riot Propaganda - El miedo va a cambiar de bando

Fuente: kaos en la red