La aprobación por parte del Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana, el mismo día en que se inaugura "de tapadillo" el aeropuerto construido en Castellón para no ser usado -y cuyo promotor es el defraudador Carlos Fabra, actualmente en prisión- constituye otro eslabón más de la política represiva, totalitaria y liberticida del PP. La coincidencia de ambos dislates pone aún más de relieve las dos caras de la moneda: despilfarro y corrupción por una parte, y por otra la mordaza contra el que proteste contra los desmanes de la mafia gobernante.
El medio elegido por la casta plutocrática para impedir toda disensión e imponer la ley del silencio no puede ser más perverso, dada la asfixiante crisis a la que nos han arrojado: la imposición de multas de elevadísima cuantía, lo que, unido a unas tasas judiciales por denunciar que contradicen el principio constitucional de la justicia gratuita, deja en el más absoluto desamparo a quien quiera que se atreva a disentir de un sistema ante el cual el ciudadano solo puede ser sumiso súbdito. Las únicas denuncias válidas serán las de las fuerzas de seguridad:
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| ¿Quién debería interponer una denuncia por esta situación? Evidentemente, los heroicos policías que ponen en riesgo su integridad ante la resistencia del violento manifestante. |
“Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles"
El cinismo de quien haya redactado estas líneas no conoce límites. ¿Qué "prueba en contrario" puede aportarse contra la declaración de un policía cuando la misma ley impide la obtención de dichas pruebas? Ahora ya no puedes grabar a un policía, dado que hacerlo también está sancionado, algo inaudito en cualquier democracia que se precie de serlo. Una ley que garantiza la impunidad de quien ya detenta el monopolio de la violencia hace algo más que desequilibrar la delicada balanza entre derechos y deberes entre los actores del juego social, una ley así es sencillamente una puerta abierta al fascismo. Y la garantía de impunidad es una invitación al abuso y al delito.
Si los que en la jornada siguiente al Día Mundial de los Derechos Humanos (¡toma recochineo!) aprobaron este sinsentido fueran capaces de debatir, alguien debería poner ante sus ojos las vergonzosas imágenes en que un policía antidisturbios griego introduce un cóctel molotov en la mochila de un detenido para poder acusarle con pruebas falsas. La difusión de una situación análoga en España habría sido, sencillamente imposible, dado que al autor de la grabación ésta le habría sido requisada, probablemente con el añadido de 30.000 € de multa en aplicación de esta bárbara e ilegítima ley.
Fuente: astillas de realidad
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