Numerosas concentraciones han sido convocadas en todo el Estado este sábado para protestar contra la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada la semana pasada en elCongreso de los Diputados con los votos a favor de los representantes del Partido Popular(PP) en solitario. El resto de grupos parlamentarios se mostró en contra y muchos de ellos prometieron derogarla cuando tenga mayoría suficiente para hacerlo. Para expresar su rechazo a la ‘ley mordaza’, movimientos sociales y fuerzas políticas y sindicales saldrán a las calles en más de 20 ciudades de todo el Estado español este sábado para reclamar la paralización de una norma que “atenta gravemente contra el ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, según explica la Plataforma No Somos Delito, convocante de la protesta en Madrid.
En la capital de España se concentrarán en la Plaza de Ópera a las 12:00 horas. En Barcelonaharán lo propio en la Plaça Universitat a la misma hora. En Valencia, por la tarde, a las 18 horas, frente a la Delegación del Gobierno. En Bilbao, al mediodía, en la Plaza Circular. En Murcia, Oviedo, Vitoria, Granada, Almería, Alcoi… Un listado que se va ampliando con el paso de las horas y al que, en muchas ocasiones, se suman adhesiones de numerosos municipios de una forma espontánea. “Tenemos que luchar en la calle por nuestra libertad de expresión y de reunión”, comenta a cuartopoder.es una de las portavoces de la Plataforma No Somos Delito en Madrid, Alba Villanueva. “Esta ley implica un retroceso de 40 años en derechos y libertades y pone en jaque el concepto mismo de democracia, atentando directamente contra la libertad de expresión y contra el derecho a la manifestación, además de regularizar las devoluciones en caliente”, reflexiona Anaís Franquesa, una de las portavoces de la plataforma barcelonesaDesobediencia 2014.
Cartel de una de las convocatorias de este sábado, la de gasteiz, en contra de la “ley mordaza”. / convoca podemos.
Villanueva, por su parte, llama la atención sobre el hecho de que “la ley todavía no ha sido aprobada porque falta que se le dé el visto bueno en el Senado. Es cierto que el PP también tiene mayoría absoluta en esta Cámara, pero todavía podemos hacer mucha fuerza en la calle”, asegura. Por este motivo, la plataforma, que está conformada por más de 80 colectivos y agrupaciones de distinto índole, continúa trabajando en las comisiones de análisis, acción, teatro de denuncia, extensión y comunicación con el objetivo de evitar la restricción de derechos. Del mismo modo, mantienen contactos con otros movimientos y partidos políticos. “Podemos está incidiendo mucho en este tema desde sus diferentes círculos, elGrupo Parlamentario de la Izquierda Plural nos ha ido informando de cómo se gestaban los trámites y se unió a la protesta desde dentro del Congreso el día de su aprobación, Equo también nos ha dado mucho apoyo en redes”, aclara. La Plataforma No Somos Delito lleva realizando protestas contra esta aprobación desde hace muchos meses, a las que se han ido sumando muchas organizaciones como Greenpeace. “Seguiremos trabajando para que no se apruebe, y si se aprueba, para derogarla. En enero volveremos a hacer más llamamientos a la movilización”, relata Alba Villanueva.
La nueva norma se caracteriza, por un lado, por la inclusión de nuevas conductas susceptibles de sanción y, por otro, por el incremento del importe de las multas sobre las que ya existían. “Instancias internacionales ya se han mostrado preocupadas por esta modificación de la ley”, asegura Anaís Franquesa. De este modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado que “sancionar en vía administrativa a los participantes en una reunión pacífica, aunque no haya sido comunicada previamente a las autoridades según el procedimiento administrativo nacional, supone una restricción ilegítima del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”. No sólo sobre las nuevas sanciones hay discrepancia en los diferentes actores sociales, sino sobre la misma justificación de la ley. Según explicaba a este medio hace unos días Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, “hay que preguntarse por qué hace falta una ley de Seguridad Ciudadana en España si, según datos oficiales, los delitos se están reduciendo y de las más de 30.000 manifestaciones que se dan al año, sólo un 0,9% implica presencia de fuerza pública”.
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