La mitad de la población consultada considera que impedir un desahucio o no enseñar el DNI a un policía no supone una amenaza para la seguridad ciudadana. el 67% cree que esta ley es una forma de limitar el derecho de manifestación y reunión. El 82% de los españoles pide cambiar o retirar la ley de Seguridad Ciudadana.
El sondeo realizado por Metroscopia ha sido contundente: La gente no quiere esta Ley represiva, se da cuenta de que los derechos serán seriamente cercenados y considera inadmisibles algunas de sus disposiciones.
A seguir las información que se ha publicado en el día de hoy:
La ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, que el Partido Popular quiere dejar aprobada este mes suscita -pese a las sucesivas modificaciones para suavizarla- un rechazo muy mayoritario de los españoles, según una encuesta realizada por Metroscopia para la ONG Avaaz.org. El sondeo, que ha preguntado a 600 personas, concluye que el 82% de los consultados cree que el texto debería ser modificado (un 42%) o directamente retirado (40%) en lugar de aprobarse en el Congreso de los Diputados. Solo el 7% considera que la futura norma debería quedarse tal y como está. Incluso entre los que se definen como votantes del Partido Popular, son mayoría (un 46%) los que responden que el texto debe cambiarse antes de que la ley sea promulgada. Un 86% de los encuestados sostiene que una legislación de ese calado debería contar con el apoyo de todos los partidos.
Al bajar a los detalles, la oposición a los planes del Ministerio del Interior se mantiene. Solo el 28% aprueba que negarse a mostrar el DNI a los agentes de los cuerpos de Seguridad o grabar imágenes de policías antidisturbios golpeando a un manifestante pueda constituir una amenaza para la seguridad ciudadana, tal y como establece el proyecto de ley. Y un 79% considera excesivas las multas de hasta 30.000 euros que prevé la norma por este tipo de comportamientos.
Tres de cada cuatro encuestados (el 67% están de acuerdo en que el catálogo de sanciones es en realidad una forma de limitar el derecho de expresión de los ciudadanos. El 71% defiende que el proyecto de ley no pretende tanto reforzar la ley de seguridad ciudadana como proteger al Gobierno de manifestaciones o protestas ciudadanas que pudieran dañar su imagen ahora que se acercan las elecciones. La mitad de los encuestados está totalmente de acuerdo con esta afirmación, y un 21% cree que más bien es así lo que pretende el Ejecutivo.
Toda la oposición política constituyó el pasado mes de noviembre un frente para evitar la tramitación exprés de la norma en el Congreso y pedir más tiempo para el debate. La ley de seguridad ha sido cuestionada también por diferentes ONG como Amnistía Internacional o Greenpeace que acusan al Gobierno de intentar pacificar las calles y acabar con las manifestaciones, como las mareas, que se han repetido en los últimos meses.
Fuente: Agencias/ El País
La FeSP exige la dimisión del Ministro del Interior
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) reclama la dimisión o destitución del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El sindicato hace un balance pésimo de su mandato y critica que ahora defienda el proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, a pesar de las críticas generalizadas de todos los partidos de la oposición y de numerosos colectivos sociales y ciudadanos.
Este proyecto -conocido como Ley Mordaza y que tiene el respaldo del Consejo de Ministros- ha provocado las protestas no sólo de la FeSP sino de organizaciones tan variadas como Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, Greenpeace, SOS Racismo, la plataforma No Somos Delito, Jueces para la Democracia, Ecologistas en Acción, Red Internacional de Abogados Eureka y la Federación Europea de Periodistas (FEP), entre otras.
Pese a las modificaciones introducidas en el borrador inicial, el gran incremento que prevé del número de faltas relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y de manifestación permite concluir que, con esta ley, el ministro y el Gobierno pretenden limitar y reprimir tanto el derecho de la ciudadanía a protestar en las calles como el de los periodistas y fotógrafos a difundir esas protestas en cumplimiento de su obligación profesional.
Por todo ello, la FeSP considera necesario que el presidente del Gobierno ordene retirar el citado proyecto de ley, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y pida al ministro que dimita o lo destituya.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, también ha acordado alertar del oscurantismo que rodea las negociaciones secretas que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés).
De llevarse a cabo este acuerdo, además de suponer un grave atentado contra la defensa de la regulación europea en materias como la economía, los derechos laborales, el medio ambiente o los servicios públicos (salud, educación…), afectará directamente al derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía: la creación del llamado “Mecanismo de solución de controversias inversionistas-Estado” acarrearía la indefensión de los Estados contra la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos monopolios, una práctica que limita el necesario pluralismo informativo.
La FeSP comparte la indignación del Consejo de Informativos y de muchos trabajadores de TVE, que han protestado por la destitución de tres jefes de área de la redacción y cuatro adjuntos, acordada por el nuevo director de los Servicios Informativos, José Antonio Álvarez Gundín. En una televisión pública debe prevalecer la experiencia y la trayectoria profesional -que las personas destituidas han demostrado sobradamente- y las normas de funcionamiento interno de RTVE existentes, en vez del "amiguismo" o los intentos de incrementar el control político de la información de cara a las próximas elecciones, como sospecha el Consejo de Informativos.
Asimismo, la FeSP respalda a la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), que ha exigido al Parlamento autonómico las medidas necesarias para la destitución del director de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Guillermo García, por las numerosas irregularidades detectadas en esa cadena. Entre ellas figuran los contratos muy costosos con productoras privadas o la compra de programas que se han pagado pero nunca han sido emitidos, que se suman a otras denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción por la UPCC e Izquierda Unidad Canaria.
El Consejo de Europa avisa a España: legalizar las devoluciones va contra Estrasburgo
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa adevierte que "España no puede legalizar lo ilegal" en un artículo publicado en el Huffinton Post. Nils Muiznieks pide a los diputados españoles que mañana voten "de acuerdo a la Declaración de Derechos Humanos". "El rechazo sumario en frontera es incompatible" con la obligación de otorgar protección a quien lo necesite. "Mermaría las protecciones fundamentales por las que la comunidad internacional ha luchado desde la Segunda Guerra Mundial"
La oposición se compromete a derogar la "ley mordaza" si el PP pierde el poder
La oposición se compromete a derogar la "ley mordaza" si el PP pierde el poder
Decenas de personas escenificaron ante el Congreso un cortejo fúnebre. Dicen que la ley de Seguridad Ciudadana será un duro golpe para la democracia. Partidos como PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC y Amaiur se comprometieron a derogarla tras las próximas elecciones.
El sondeo realizado por Metroscopia ha sido contundente: La gente no quiere esta Ley represiva, se da cuenta de que los derechos serán seriamente cercenados y considera inadmisibles algunas de sus disposiciones.
A seguir las información que se ha publicado en el día de hoy:
La ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, que el Partido Popular quiere dejar aprobada este mes suscita -pese a las sucesivas modificaciones para suavizarla- un rechazo muy mayoritario de los españoles, según una encuesta realizada por Metroscopia para la ONG Avaaz.org. El sondeo, que ha preguntado a 600 personas, concluye que el 82% de los consultados cree que el texto debería ser modificado (un 42%) o directamente retirado (40%) en lugar de aprobarse en el Congreso de los Diputados. Solo el 7% considera que la futura norma debería quedarse tal y como está. Incluso entre los que se definen como votantes del Partido Popular, son mayoría (un 46%) los que responden que el texto debe cambiarse antes de que la ley sea promulgada. Un 86% de los encuestados sostiene que una legislación de ese calado debería contar con el apoyo de todos los partidos.
Al bajar a los detalles, la oposición a los planes del Ministerio del Interior se mantiene. Solo el 28% aprueba que negarse a mostrar el DNI a los agentes de los cuerpos de Seguridad o grabar imágenes de policías antidisturbios golpeando a un manifestante pueda constituir una amenaza para la seguridad ciudadana, tal y como establece el proyecto de ley. Y un 79% considera excesivas las multas de hasta 30.000 euros que prevé la norma por este tipo de comportamientos.
Tres de cada cuatro encuestados (el 67% están de acuerdo en que el catálogo de sanciones es en realidad una forma de limitar el derecho de expresión de los ciudadanos. El 71% defiende que el proyecto de ley no pretende tanto reforzar la ley de seguridad ciudadana como proteger al Gobierno de manifestaciones o protestas ciudadanas que pudieran dañar su imagen ahora que se acercan las elecciones. La mitad de los encuestados está totalmente de acuerdo con esta afirmación, y un 21% cree que más bien es así lo que pretende el Ejecutivo.
Toda la oposición política constituyó el pasado mes de noviembre un frente para evitar la tramitación exprés de la norma en el Congreso y pedir más tiempo para el debate. La ley de seguridad ha sido cuestionada también por diferentes ONG como Amnistía Internacional o Greenpeace que acusan al Gobierno de intentar pacificar las calles y acabar con las manifestaciones, como las mareas, que se han repetido en los últimos meses.
Fuente: Agencias/ El País
La FeSP exige la dimisión del Ministro del Interior
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) reclama la dimisión o destitución del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El sindicato hace un balance pésimo de su mandato y critica que ahora defienda el proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, a pesar de las críticas generalizadas de todos los partidos de la oposición y de numerosos colectivos sociales y ciudadanos.
Este proyecto -conocido como Ley Mordaza y que tiene el respaldo del Consejo de Ministros- ha provocado las protestas no sólo de la FeSP sino de organizaciones tan variadas como Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, Greenpeace, SOS Racismo, la plataforma No Somos Delito, Jueces para la Democracia, Ecologistas en Acción, Red Internacional de Abogados Eureka y la Federación Europea de Periodistas (FEP), entre otras.
Pese a las modificaciones introducidas en el borrador inicial, el gran incremento que prevé del número de faltas relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y de manifestación permite concluir que, con esta ley, el ministro y el Gobierno pretenden limitar y reprimir tanto el derecho de la ciudadanía a protestar en las calles como el de los periodistas y fotógrafos a difundir esas protestas en cumplimiento de su obligación profesional.
Por todo ello, la FeSP considera necesario que el presidente del Gobierno ordene retirar el citado proyecto de ley, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y pida al ministro que dimita o lo destituya.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, también ha acordado alertar del oscurantismo que rodea las negociaciones secretas que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés).
De llevarse a cabo este acuerdo, además de suponer un grave atentado contra la defensa de la regulación europea en materias como la economía, los derechos laborales, el medio ambiente o los servicios públicos (salud, educación…), afectará directamente al derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía: la creación del llamado “Mecanismo de solución de controversias inversionistas-Estado” acarrearía la indefensión de los Estados contra la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos monopolios, una práctica que limita el necesario pluralismo informativo.
La FeSP comparte la indignación del Consejo de Informativos y de muchos trabajadores de TVE, que han protestado por la destitución de tres jefes de área de la redacción y cuatro adjuntos, acordada por el nuevo director de los Servicios Informativos, José Antonio Álvarez Gundín. En una televisión pública debe prevalecer la experiencia y la trayectoria profesional -que las personas destituidas han demostrado sobradamente- y las normas de funcionamiento interno de RTVE existentes, en vez del "amiguismo" o los intentos de incrementar el control político de la información de cara a las próximas elecciones, como sospecha el Consejo de Informativos.
Asimismo, la FeSP respalda a la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), que ha exigido al Parlamento autonómico las medidas necesarias para la destitución del director de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Guillermo García, por las numerosas irregularidades detectadas en esa cadena. Entre ellas figuran los contratos muy costosos con productoras privadas o la compra de programas que se han pagado pero nunca han sido emitidos, que se suman a otras denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción por la UPCC e Izquierda Unidad Canaria.
El Consejo de Europa avisa a España: legalizar las devoluciones va contra EstrasburgoPese a las modificaciones introducidas en el borrador inicial, el gran incremento que prevé del número de faltas relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y de manifestación permite concluir que, con esta ley, el ministro y el Gobierno pretenden limitar y reprimir tanto el derecho de la ciudadanía a protestar en las calles como el de los periodistas y fotógrafos a difundir esas protestas en cumplimiento de su obligación profesional.
Por todo ello, la FeSP considera necesario que el presidente del Gobierno ordene retirar el citado proyecto de ley, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y pida al ministro que dimita o lo destituya.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, también ha acordado alertar del oscurantismo que rodea las negociaciones secretas que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés).
De llevarse a cabo este acuerdo, además de suponer un grave atentado contra la defensa de la regulación europea en materias como la economía, los derechos laborales, el medio ambiente o los servicios públicos (salud, educación…), afectará directamente al derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía: la creación del llamado “Mecanismo de solución de controversias inversionistas-Estado” acarrearía la indefensión de los Estados contra la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos monopolios, una práctica que limita el necesario pluralismo informativo.
La FeSP comparte la indignación del Consejo de Informativos y de muchos trabajadores de TVE, que han protestado por la destitución de tres jefes de área de la redacción y cuatro adjuntos, acordada por el nuevo director de los Servicios Informativos, José Antonio Álvarez Gundín. En una televisión pública debe prevalecer la experiencia y la trayectoria profesional -que las personas destituidas han demostrado sobradamente- y las normas de funcionamiento interno de RTVE existentes, en vez del "amiguismo" o los intentos de incrementar el control político de la información de cara a las próximas elecciones, como sospecha el Consejo de Informativos.
Asimismo, la FeSP respalda a la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), que ha exigido al Parlamento autonómico las medidas necesarias para la destitución del director de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Guillermo García, por las numerosas irregularidades detectadas en esa cadena. Entre ellas figuran los contratos muy costosos con productoras privadas o la compra de programas que se han pagado pero nunca han sido emitidos, que se suman a otras denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción por la UPCC e Izquierda Unidad Canaria.
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa adevierte que "España no puede legalizar lo ilegal" en un artículo publicado en el Huffinton Post. Nils Muiznieks pide a los diputados españoles que mañana voten "de acuerdo a la Declaración de Derechos Humanos". "El rechazo sumario en frontera es incompatible" con la obligación de otorgar protección a quien lo necesite. "Mermaría las protecciones fundamentales por las que la comunidad internacional ha luchado desde la Segunda Guerra Mundial"
La oposición se compromete a derogar la "ley mordaza" si el PP pierde el poder
La oposición se compromete a derogar la "ley mordaza" si el PP pierde el poder
Decenas de personas escenificaron ante el Congreso un cortejo fúnebre. Dicen que la ley de Seguridad Ciudadana será un duro golpe para la democracia. Partidos como PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC y Amaiur se comprometieron a derogarla tras las próximas elecciones.
Piden al Consejo de Europa que frene la ley de seguridad ciudadana en España
Representantes de la "marea granate" de emigrantes y varias ONG entregaron hoy una carta al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa en la que piden que interceda ante el Gobierno español para frenar la ley de seguridad ciudadana.
El escrito solicita al comisario Nils Muiznieks que "dirija una comunicación urgente al Gobierno español expresando sus preocupaciones en relación con las libertades de reunión pacífica y de expresión así como su propuesta de rechazar extranjeros en la frontera".
La carta está firmada por Greenpeace, Jueces para la Democracia, Rights International Spain, el Institut de Drets Humans de Catalunya, Ecologistas en Acción, S.O.S Racismo, la Federación de Sindicatos de Periodistas y la plataforma No Somos Delito, entre otros.
El pleno del Congreso español debatirá mañana el dictamen de comisión sobre el proyecto de ley orgánica de protección de seguridad ciudadana y sus enmiendas, tras lo cual continuará su tramitación en el Senado.
En declaraciones realizadas a Efe en noviembre, Muiznieks había instado al Gobierno a que retire la enmienda del PP al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana para modificar la Ley de Extranjería y legalizar las devoluciones inmediatas de inmigrantes irregulares.
Esas devoluciones, dijo, "son ilegales, según el derecho internacional".
El escrito entregado hoy también pide al comisario que intervenga ante las "restricciones ilegítimas" que la nueva ley impone al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión.
Añade que, según datos del Ministerio del Interior, en menos del 1 % de las manifestaciones celebradas en España en los dos últimos dos años se produjeron incidencias.
Una de las componentes de la citada marea, Olalla Pastor del Valle, se mostró "sorprendida" ante la "rápida respuesta" de una institución europea para recibirles y se mostró confiada en que la "presión de Muiznieks y la movilización ciudadana" puedan dar resultados.
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