A partir de la explosión del fenómeno conocido como “15M”, y durante todo su desarrollo, hemos podido comprobar cómo por parte de los poderes públicos se ha venido poniendo en práctica todo un abanico de técnicas represivas destinadas a coartar la libertad de expresión y a sofocar la creciente protesta social, con el fin último de apartarla de las calles y plazas.
El Poder siempre ha tenido una preocupante “miopía” en cuanto al hecho de considerar el espacio público, y en concreto las plazas y las calles, como lugares de participación política, por lo que su respuesta ante la protesta ciudadana no podía ser otra que la represión de ese modo primigenio de democracia que, precisamente, surgió y se desarrolló en las plazas y calles de la antigua Grecia.
El origen de la democracia fue la discusión abierta y toma conjunta de las decisiones que afectan a todas; traída a nuestros días, su lucha es desencorsetar de su ilegítima carcasa y sacar de los pasillos de los grises y aburridos parlamentos los procesos de toma de decisiones públicas, devolviendo a la ciudadanía la función soberana que el sistema partitocrático le ha hurtado.
Durante esta constante escalada represiva ha sido especialmente significativa la represión de la ciudadanía consciente a base de sanciones administrativas o, como se ha venido denominando desde algunos espacios, “represión de baja intensidad” o “burorrepresión”. La técnica es muy sencilla, pero no por ello poco eficiente y, sobretodo, rentable. A aquellas personas que participan en movilizaciones sociales, en legítimo ejercicio de sus derechos, se las filia alegando razones rutinarias o de seguridad, para posteriormente encontrarse, en la soledad de sus casas y pasados varios días, con una carta en el buzón que informa de que se ha abierto un expediente sancionador.
Hablamos de sanciones de 300 €, hasta incluso 3000 €, amparadas en supuestas desobediencias o desórdenes, que sólo persiguen desincentivar a cualquier persona para que no acuda a reuniones o manifestaciones.
Desde la Comisión Legal Sol se decidió asumir la defensa de estas sanciones como parte del trabajo antirrepresivo que se estaba y se está llevando a cabo. Esto ha provocado que, por ahora, más de un centenar de demandas (de un total de 1017 sanciones a lo largo de cuatro años de protestas) hayan sido interpuestas ante los Juzgados Contencioso-Administrativos, donde finalmente las sanciones son, en la mayoría de los casos, anuladas, bien porque no se ajustan a la legalidad vigente o por vulnerar derechos fundamentales.
Sin embargo, son innumerables las sanciones impuestas y es limitada la capacidad de la Comisión Legal para asumirlas. Es por ello que entendíamos que se hacía necesaria una herramienta que estuviese al servicio de todo el mundo, para que cualquiera pueda defenderse frente a la burorrepresión. Con esta vocación nace este Manual.
Pero no fue la limitación de recursos el único motivo que explica este Manual de Autodefensa de la Persona Sancionada. Desde su origen, la Comisión Legal de Sol ha tenido como finalidades básicas tanto tratar de ofrecer una crítica política al sistema desde un prisma jurídico, como generar una visión alternativa del Derecho mediante un enfoque garantista para el ciudadano y reivindicador de los derechos y libertades de todas.
Esta visión crítica del sistema y de la aplicación del Derecho es la que hemos tratado de transmitir en todas nuestras manifestaciones y charlas al público en general que tuviese a bien oírnos. Ahora, con este manual, no queríamos desaprovechar la oportunidad de dirigirnos a las sancionadas con una doble intención: dándoles los elementos de defensa que necesitan como ciudadanas perseguidas por la Administración y, además, tratando de explicar pormenorizadamente el Derecho administrativo sancionador desde un plano más divulgativo.
De esta manera hemos tratado desde la CLS de cumplir con nuestro propósito de difundir de la forma más comprensible que cupiese una realidad tan árida -pero a la vez tan útil y diaria- como es el Derecho, pero concretamente el Derecho administrativo empleado contra las ciudadanas y sus derechos y libertades fundamentales.
Buscamos así romper con un mecanismo ancestral que emplea el Derecho para ser más temido y el Poder para ser más respetado; frente a los legalismos, tecnicismos, y palabras obscuras que alejan a la ciudadanía de la norma jurídica, nosotras buscamos claridad, difusión y sencillez para que la ciudadanía pueda empoderarse y así ser conocedora y crítica del Derecho que se le aplica.
Sobra decir que este Manual tiene muchas limitaciones: está pensado para sanciones en el marco de manifestaciones y reuniones, abarca los supuestos más comunes con los que nos hemos encontrado en estos años, y está condicionado a los vaivenes que los poderes del Estado -bajo la forma de reformas legislativas- quieran darle a los derechos de los manifestantes.
Pese a todo, esperamos que sirva de ayuda para aquellas personas que son sancionadas por ejercer sus derechos fundamentales, sirviendo de guía en el burocrático camino del procedimiento administrativo.
Además, para aquellos colectivos o asambleas que quieran afrontar este trabajo de manera colectiva, desde la Comisión Legal ofrecemos la posibilidad de dar talleres presenciales y resolver dudas.
Si detectas cualquier error en este Manual, o tienes alguna aportación o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotras a través del correo denuncias15m@gmail.com.
Porque sólo la lucha hace Justicia.
Otoño 2014
Comisión Legal Sol
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