Miles de personas han secundado la convocatoria realizada este domingo, desde las 12:00, junto al Parlament de Catalunya, en solidaridad con los condenados por el Tribunal Supremo Español por haberse manifestado en el mismo lugar durante el “Rodea el Parlament” de 2011. #JoTambéEstavaAlParlament #iHoTornariaAFer #TornemAlParlament #3anysXprotestar Seguimiento vía twitter: Tweets sobre #JoTambeEstavaAlParlament
En un ambiente reivindicativo, personas de todas las edades, en su mayoría vestidas con camisetas de color amarillo, se han dado la mano para formar una cadena humana que ha rodeado el parque, sin impedir en ningún momento el acceso a las familias y turistas que hoy paseaban por esta zona verde de Barcelona.
La cadena humana ha sido convocada por los familiares de los ocho indignados a los que el Tribunal Supremo (TS) ha condenado a tres años de cárcel por los actos de acoso a diputados del Parlament en junio de 2011, cuando miles de personas cercaron la cámara catalana para protestar por los recortes que se iban a aprobar en el pleno sobre los presupuestos.
REPRESENTANTES DE PARTIDOS
Los participantes en el acto, que ha contado con miembros de ICV-EUiA, CUP y Barcelona en Comú, han desplegado pancartas y han coreado consignas con lemas como "Yo estaba en el Parlament y lo volvería a hacer" o "Políticos, ni os queremos ni os necesitamos".
Antes de que los congregados -unos 2.000 según la organización y 1.000 según la Guardia Urbana- empezaran a rodear el parque, la madre de uno de los condenados ha agradecido el apoyo ciudadano y ha advertido que se quiere encarcelar a estos ocho chicos porque lucharon por los derechos del conjunto de la población.
En el manifiesto leído por la asamblea de familiares se advierte además que los ocho jóvenes son "cabezas de turco" y que la condena "apuntala la política represiva del Gobierno" y "coloca la figura del político como intocable, por encima del derecho a la expresión y manifestación".
PERIPLO JUDICIAL
La Audiencia Nacional absolvió inicialmente a los acusados por el cerco, para los que tanto la Generalitat como el Parlament pidieron penas de cárcel, pero el Supremo revisó la sentencia y, con un voto particular en contra, acabó condenando a ocho de ellos a penas de tres años de cárcel por un delito contra las altas instituciones del Estado.
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