A las puertas del TSJA, en el exterior de la Real Chancillería, se han vuelto a concentrar varias decenas de militantes del SAT, que han continuado con consignas de apoyo a los encausados que se podían oír desde la Sala, al igual que hicieran este lunes, en la primera sesión del juicio.
Agencias
La Fiscalía Superior de Andalucía ha mantenido este martes su petición de siete meses de prisión para el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, por la ocupación en el verano de 2012 de la finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del ejército.
El representante del Ministerio Público, Guillermo Sena, ha retirado sin embargo la acusación contra una de los 54 acusados, precisamente una de las tres que han comparecido en el juicio durante estos dos días, después de que el resto se negara a asistir a la vista, que se celebra en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Así, atribuye un delito de desobediencia grave al parlamentario, al líder del SAT y a otros dos procesados, y otro delito de usurpación para los 53 acusados por el Ministerio Público, que se enfrentan en este caso a una multa de 1.200 euros. Ha retirado sin embargo la falta de daños que les imputaba inicialmente, al entender que ésta está implícita en el delito de usurpación.
La Abogacía del Estado, por su parte, ha elevado su petición a los dos años de prisión para los primeros cuatro procesados, por un delito de desobediencia grave, otro de usurpación y un tercero de daños, y mantiene su acusación contra los 54 inicialmente procesados --incluida la mujer para la que la Fiscalía ha retirado la acusación-- mientras que las defensas han insistido en la libre absolución para todos los imputados.
Durante su informe, el fiscal ha indicado que no pone "en tela de juicio" los fines sindicales del SAT pero sí los medios empleados, puesto que procedieron a la ocupación de una finca, desde el 24 de julio al 10 de agosto, sin "autorización alguna" y sin el permiso expreso de su propietario, el Ministerio de Defensa.
"Es posible conseguir las reivindicaciones que plantean por unos medios adecuados", ha señalado el representante del Ministerio Público, que ha considerado probado que los concentrados en la finca recibieron en varias ocasiones requerimientos tanto por la Guardia Civil como por los militares para que abandonaran la ocupación, advirtiéndoles de su ilegalidad. Además, ha hecho hincapié en que Sánchez Gordillo, no sólo por su condición de parlamentario, sino también por su cargo de alcalde, conocía los cauces legales para llevar a cabo sus reivindicaciones.
Durante la sesión de este martes, que deja el juicio visto para sentencia, han comparecido un total de seis testigos, cuatro de ellos propuestos por la Fiscalía y dos por las defensas. Los primeros han coincidido en los daños ocasionados a la finca, y en la afectación a las actividades habituales que en ella desarrollaban los militares durante los días de la ocupación.
Así, el capitán jefe del acuartelamiento ha incidido en que desapareció una cadena y un candado, que hubo un conato de incendio en una alpaca de paja, que se cambiaron unos azulejos en la finca y que vivieron un incidente con una retroexcavadora, a la que los militantes del SAT impidieron el paso. El jefe de la unidad militar de Las Turquillas también ha afirmado que los ocupantes fueron informados en reiteradas ocasiones de su actuación ilegal y que hubo situaciones "bastante crispadas", y ha negado que la finca sea improductiva, como mantienen los representantes del SAT.
Los testigos de la defensa han incidido en lo pacífica de la reivindicación y han resaltado que la petición para que la finca pasara a titularidad del Ayuntamiento de Osuna o a cooperativas de jornaleros no era nueva, ya que se habían presentado mociones tanto en Ayuntamientos, como en la Diputación de Sevilla, como en el Parlamento andaluz y el Senado en ese sentido, y aprobadas con la conformidad de todos los grupos políticos.
Fuente: kaos en la red
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