El uso y la distribución de imágenes de policías supondrá una infracción "muy grave", castigada con hasta 30.000€ de multa. Con ello el gobierno pretende evitar que los antidisturbios que cometen abusos y apalean ciudadanos en las calles, puedan ser denunciados públicamente. #Censuratotalitaria
Agencias/Kaosenlared
Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa "grave" sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.
Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales, denunciando así actuaciones como las del 25S, el 15M en Barcelona, las Jornadas de las JMJ, la Primavera Valenciana, las diferentes huelgas generales de los últimos tres años y tantos otros casos de abusos y violencia policial contra la ciudadanía, en muchas ocasiones por mero capricho sádico del policía en cuestión o actuando contra menores de edad sin el menor miramiento. Subir públicamente las imágenes de tales acciones podrá salir muy caro a partir de ahora.
El estado quiere así garantizar la impunidad de aquellos que estarán encargados de reprimir al pueblo y velar por los intereses de las clases dirigentes a cambio de unos pocos miles de euros al mes, asegurando que estos podrán actuar con total libertad y la ciudadanía no tendrá siquiera derecho a denunciarlo públicamente, a través de las redes sociales u otro tipo de medios del estilo por el cual son habituales estas imágenes de denuncia de los abusos represivos. Lo propio, por supuesto, de todo estado totalitario: primero reprime y después actúa contra quien se atreve a denunciar y hacer pública, con pruebas, tal represión.
Objetivo principal: silenciar las protestas sociales
En total hay 21 infracciones consideradas "muy graves" y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.
La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear --objetivo muchas veces de movimientos ecologistas-- o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas.
En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto, no obstante, según el Ministerio, no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios. Levantar barricadas también será considerada una infracción "grave".
Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como 'Ley Corcuera' de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Aquella ley ya fue anulada parcialmente por el Constitucional al violar derechos fundamentales. Con la nueva ley, posiblemente acabe ocurriendo algo similar. Salvo que el propio constitucional acabe decidiendo que ya es hora de acabar con toda ilusión de falsa democracia en el estado, y haya llegado el momento de dejar a la vista de todo el mundo su carácter represor y totalitario al servicio de los privilegios de una élite dominante, sin ocultaciones ni medias tintas.
Veremos...
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"Tienen miedo de que estemos donde debemos estar"
Manifestación contra la impunidad y los abusos policiales en Barcelona. Y para pedir justicia para Juan Andrés Benítez y Ester Quintana. (Foto: Enric Català)
Parece una ley con destinatarios concretos y conocidos. Lo que ha trascendido de la futura Ley de Seguridad Ciudadana incluye el castigo endurecido de nuevas y viejas formas de protestamultiplicadas por la facilidad de comunicación de la era digital. En la red social Twitter se ha ganado la etiqueta de #leyanti15m.
Porque hasta hace un año nadie sabía lo que era un escrache y ahora puede salir por 600.000 euros de multa. En la Plataforma Antidesahucios entienden que este movimiento del Gobierno por criminalizarlo "demuestra que tienen miedo de que estemos donde debemos estar". Tras conocer los planes de endurecimiento del código, Andrea Quinatoa, miembro de la PAH desde 2008, asegura a eldiario.es que "la conciencia ciudadana no se va a parar por más leyes que nos pongan encima". La PAH, dice, se siente "legitimada" aunque concluye que incluir los escraches dentro de la lista de actividades con fuerte represión legal no es más que un "reflejo del temor que el Estado está desarrollando contra la ciudadanía cuando ejerce su protesta". Cuestionada por el futuro de sus reivindicaciones, asevera: "Si mañana hay que hacer un escrache, se hará. Estamos legitimados".
El texto, que presumiblemente irá al Consejo de Ministros del viernes, apunta con precisión hacia dónde quiere golpear. Las famosas acciones de protesta ecologista verán recrudecido su castigo. La asociación Greenpeace se distingue por llamar la atención sobre la protección del medio ambiente: "Porque no se defiende sólo", suelen argumentar. Sus escaladas de edificios, vuelos reivindicativos o travesías marítimas no gustan a los redactores de la ley. "Estamos espantados", cuenta a este diario María José Caballero, jefa de campaña de Greenpeace. "Llevamos 40 años protestando y consiguiendo así victorias", explica la activista, al tiempo que se lamenta: "Nos retrotrae a épocas oscuras, sin discrepancia".
Este martes un grupo de miembros de la asociación se ha descolgado de la fachada del edificio de la petrolera Shell en Madrid para pedir la libertad de sus compañeros apresados en Rusia. "Ahora estamos preocupados porque no sabemos dentro de poco si en lugar de a San Petersburgo tendremos que ir a Soto del Real", ironiza Caballero. "Nosotros estamos cada dos por tres frente a procesos judiciales. Unas veces ganamos, otras no, pero siempre aceptamos las sentencias y pagamos las multas que ya se nos están poniendo, que a veces son muy altas". Con este panorama, si las cantidades se multiplican, analiza Caballero, "nos podrían incluso estrangular desde el punto de vista financiero". A pesar del horizonte más oscuro, la Greenpeace clama: "Si hay que descolgarse, nos seguiremos descolgando".
"Lo dañino no está en la calle", responde Camila Monasterio, de la Plataforma No Somos Delito. Monasterio cree que esta norma "responde al espíritu de la reforma del código (penal) y va a criminalizar la protesta social". Según su análisis, estas medidas se toman "porque se ha comprobado que (las protestas) funcionan. Porque se ha desarrollado un apoyo entre colectivos que lo ha vuelto más efectivo". Y opina que la respuesta "es totalmente desproporcionada. El daño a la sociedad hay que buscarlo en otros sitios".
Preguntada por un análisis técnico, la abogada Verónica del Carpio pone el acento en cómo ha surgido: "Con lo que sabemos, no se puede opinar. Es un globo sonda. No obstante, hay indicios de que se pretende poner trabas a la protesta social, sea 15M o no". En este sentido, Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional España, asegura que, a pesar de haber solicitado formalmente el texto del anteproyecto no lo ha recibido. Con todo, Beltrán ha querido recordar que es importante el "derecho de manifestación espontánea para el que no sería obligatoria la autorización de una protesta pacífica". En ese sentido se opone a la restricción de las concentraciones frente al Congreso: "Las únicas restricciones deben imponerse únicamente cuando exista un riesgo para la seguridad pública".
Desde Jueces para la Democracia entienden que un movimiento así apunta a "disuadir, desde una perspectiva autoritaria, formas de protesta". El derecho de manifestación existe en la Constitución sin requerimiento de autorización y, según estos jueces, "el código ya regula los desórdenes públicos" por lo que endurecer las limitaciones de este derecho -por ejemplo ante edificios públicos sin que se altere su funcionamiento- "puede ser de dudosa consitucionalidad". Y añaden que tomar la vía administrativa, en la que el Ejecutivo es juez y parte al colocar las sanciones, elude "las garantías del proceso judicial" que no habían visto delitos en casos previos de concentraciones o escraches ya juzgados.
Fuente: kaos en la red
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