MADRID // Tanto el Ministerio de Justicia como el de Interior están llevando a cabo modificaciones legislativas, en el primer caso del Código Penal y, en el segundo, con la introducción de la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ya en marzo del año pasado, en una comparecencia de ministros, el responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió que se debía impedir que “la crisis que vivimos derive en situaciones que ninguno de nosotros deseamos, evitando el incremento de actividades que generan alarma social entre nuestros conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento esencial de todo país desarrollado“.
A mediados de octubre la plataforma No Somos Delito denunció que “al leer determinados artículos da la sensación de que el Ministerio de Justicia se ha dedicado a recopilar las nuevas formas de protesta ciudadana del último año para después convertirlas en delito”. Una tendencia que también se ve reflejada en la nueva ley propuesta desde Interior y que, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, ha definido como la norma que “cierra el círculo represor del Ministerio de Justicia“.
Si se hubieran aprobado hace dos años las modificaciones propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para el Código Penal y la nueva norma con la que aspira no dejar vacíos legales Fernández Díaz, no habrían podido existir muchas de las vías de expresión de protesta que los ciudadanos han buscado para expresar su malestar ante las medidas gubernamentales.
1.- Las redes sociales como vía para el llamamiento de la población a sumarse a una “protesta no autorizada“
Durante el pasado mes de agosto algunos medios de comunicación prestaron especial atención alcaso de la familia Gracia González, a quienes el Ayuntamiento de Madrid trata de arrebatarles su vivienda con motivo de una expropiación en virtud de un plan urbanístico de remodelación que afecta a la vivienda, situada en la calle Ofelia Nieto, 29, en el madrileño distrito de Moncloa.
Durante todo el proceso, tanto los miembros de la Asamblea de Tetuán como los ciudadanos que se solidarizaron con los Gracia González, hicieron llamamientos mediante las redes sociales para convocar a todo aquel que pudiera acercarse hasta su vivienda con el fin de reforzar la protección de la familia. Gracias a esta convocatoria ciudadana se pudo evitar que el Ayuntamiento llevara a cabo la expropiación.
Las reformas del Código Penal prevén tipificar este tipo de acciones, que pasarán a formar parte del grupo de delitos de alteración de orden público, para los que se establecen penas de cárcel de hasta tres años. Para completar esta norma, la nueva ley propuesta por Interior, también considera delictivas las “protestas no autorizadas“.
2.- Resistencia pasiva
Alberto Ruiz Gallardón pretende que también la resistencia pasiva se integre dentro de los delitos contra el orden púbico, más concretamente como uno de resistencia a la autoridad. En el Código Penal aún vigente, una persona puede cometer un atentado contra la autoridad únicamente mediante la resistencia activa. Con la reforma que quieren introducir, también será delito la resistencia pasiva, que se considerará de mayor gravedad si se lleva a cabo “en una manifestación o una reunión numerosa”. Es decir que, las acciones que se han llevado a cabo desde que nació el 15M, hace algo más de dos años, relacionadas con sentadas masivas y pacíficas de protesta en espacios públicos también podrán ser castigadas con hasta tres años de cárcel.
3.- Sabotaje en el metro
El grupo de activistas Toma el Metro fue especialmente conocido en España tras protagonizar unaacción reivindicativa en abril del año pasado. Con el fin de protestar contra el llamado “tarifazo“(aumento de precio constante del billete de transporte público) varios de ellos tiraron simultáneamente del freno de emergencia de trece trenes correspondientes a nueve líneas diferentes a primera hora de la mañana. Esta acción tuvo como consecuencia la interrupción del servicio en toda la red de metro madrileña durante algo más de diez minutos.
Esperanza Aguirre, entonces todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, aseguró que los autores no iban a quedar impunes y que la capital de España tenía la suerte de contar con una delegada de Gobierno (Cristina Cifuentes) que creía “en el cumplimiento de la ley, en cumplirla y hacerla cumplir”.
Por si la férrea voluntad de Cifuentes de hacer cumplir la ley no fuera suficiente, el ministro de Justicia,Alberto Ruiz Gallardón, ha decidido ampliar la definición del delito de sabotaje. Hasta ahora era necesario causar daños en las vías férreas, conducciones de agua, gas o electricidad, que obstaculizaran el suministro o que se destruyeran líneas de correspondencia o telecomunicaciones.
Si se aprueba la reforma del Código Penal, bastará con interrumpir el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de transporte público, de manera que se altere gravemente la prestación normal del servicio. Para los que sean condenados por la comisión de este delito se contemplan penas de prisión de entre uno y cinco años
4.- “Asedio“ a las instituciones públicas
Tal y como explicó en el Congreso de los diputados el pasado 13 de noviembre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana incluirá como delitos acciones que hasta ahora no estaban tipificadas, tales como “los intentos de acoso a sedes de centros de instituciones como puede ser el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial“.
Una medida que pudo haberse inspirado en Rodea el Congreso, una protesta que nació el 25 de septiembre del año pasado con el objetivo de “rescatarlo de un secuestro que ha convertido a esta institución en un órgano superfluo”. Este acto reivindicativo terminó con más de 20 detenidos y un héroe ciudadano, Alberto Casillas, camarero del bar El Prado, que se enfrentó a un grupo de antidisturbios que pretendía ingresar en su local para detener a varios manifestantes que se habían refugiado en él.
5.- Escraches malditos
El 5 de abril de 2012, más de un centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acudieron a la puerta del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Su objetivo era explicarle, entre otras cuestiones, por qué consideraban que debían posicionarse a favor de la dación en pago los diputados del Partido Popular.
El marido de la vicepresidenta presentó una demanda mediante la cual denunció haberse sentido intimidados al no poder sacar a pasear a su hijo. Un mes después un juez desestimó la demandaal entender que se trataba de un acto llevado a cabo dentro del ejercicio de los derechos de manifestación y libertad de expresión. Un enfoque con el que difiere Jorge Fernández Díaz, quien pretende incluir los escraches como una forma de delito dentro de su nueva ley de Seguridad Ciudadana.
Fuente: periodismo alternativo
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