La sección de Interpol radicada en Argentina ha cursado una comunicación "muy urgente" a su oficina de Interpol Madrid solicitando la detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas investigadas por la jueza María Servini por crímenes del franquismo, entre los que se encuentran los exministros José Utrera Molina, suegro del también exmiembro del Gobierno Alberto Ruiz Gallardón, y Rodolfo Martín Villa.
Agencias
Así lo expone en un escrito, recogido por Europa Press, presentado ante el juzgado del que es titular María Servini de Cubría en el que le pide todos los datos identificativos de los imputados como requisito "indispensable" para emitir una orden de captura internacional completa y evitar detener a personas con su mismo nombre, "casos de homonimia", dice.
No obstante, dentro del mercado de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, Interpol Argentina ya ha reclamado que proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean sobre los investigados.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló horas después de conocer la comunicación que España denegará la entrega a Argentina de los últimos 20 acusados por la justicia de este país en la causa por los crímenes del franquismo, al amparase en la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos.
El ministro avanzó a los medios en el Congreso que con los antecedentes que existen en la Audiencia Nacional por hechos similares "la resolución será muy equivalente", es decir, "denegar la entrega porque son delitos prescritos en España, donde además hay una Ley de Amnistía".
No obstante, dentro del mercado de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, Interpol Argentina ya ha reclamado que proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean sobre los investigados.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló horas después de conocer la comunicación que España denegará la entrega a Argentina de los últimos 20 acusados por la justicia de este país en la causa por los crímenes del franquismo, al amparase en la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos.
El ministro avanzó a los medios en el Congreso que con los antecedentes que existen en la Audiencia Nacional por hechos similares "la resolución será muy equivalente", es decir, "denegar la entrega porque son delitos prescritos en España, donde además hay una Ley de Amnistía".
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