Finalmente han echado con brutalidad y represión a Carmen de su casa. Carmen es una persona de 85 años que cobra una pensión mínima, que había hipotecado su casa con un prestamista particular (un proceso lleno de irregularidades con muchas clausulas abusivas). Su hijo pidió un crédito a un prestamista de varios miles de euros y luego se quedó en el paro. Si bien había ido pagando los intereses, al ser estos tan desorbitados no ha podido hacer frente al resto, por lo que el prestamista inició las acciones legales para finalmente quedarse con la vivienda. Lo concreto es que una vez más, el Estado no solo ausente, sino cómplice del vil atropello de los derechos humanos de las personas protegiendo a especuladores y mafias bankarias, en detrimento de las personas más necesitadas.
Todo ello apoyado, claro, por la fuerza bruta de la policía que nuevamente agrede y ejerce la represión contra las personas solidarias que quieren justicia.
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