En libertad sin fianza pero con medidas cautelares los 7 abogados que han comparecido hoy
Aiert Larrarte, Ainhoa Baglietto, Atxarte Salvador, Kepa Manzisidor, Jaione Karrera, Ane Ituño y Alfontso Zenon han quedado en libertad con medidas restrictivas tras comparecer ante el juez Eloy Velasco. El fiscal había pedido prisión eludible bajo una fianza de 50.000 euros para cada uno, pero el magistrado ha decretado la libertad sin fianza. Javier Carballido, Fran Balda y Jon Mintegiaga declaran esta tarde.
Los abogados Aiert Larrarte y Jaione Karrera a su salida de la AN. (J. DANAE/ARGAZKI PRESS)
Aiert Larrarte, Ainhoa Baglietto, Atxarte Salvador, Kepa Manzisidor, Jaione Karrera, Ane Ituño y Alfontso Zenon han sido trasladados a la Audiencia Nacional sobre las 9.50 en dos furgonetas de la Guardia Civil, tras su segunda noche en el cuartel de Tres Cantos, donde ayer se todos se negaron a declarar.
El fiscal ha pedido el ingreso en prisión de todos ellos, eludible bajo una fianza de 50.000 euros. Sin embargo, el juez Eloy Velasco ha decretado libertad sin fianza aunque con medidas cautelares. A los siete les imputa delitos de «pertenencia o colaboración con organización terrorista», blanqueo de capitales y delitos de defraudación del IVA. Además de la retirada del pasaporte y comparecencias mensuales en el juzgado, les impone la prohibición de «realizar visitas organizadas a presos del entorno de ETA» por el colectivo de abogados, aunque podrán reunirse con sus representados de forma individualizada.
Los otros tres ciudadanos vascos arrestados en la redada del lunes y que siguen en dependencias policiales, Javier Carballido, Fran Balda y Jon Mintegiaga, comparecen ante el juez esta tarde.
Las otras seis arrestadas, Onintza Ostolaza, Arantxa Aparicio, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi, Amaia Izko y Nagore San Martín quedaron ayer en libertad con cargos tras comparecer ante el juez Eloy Velasco. A las cinco primeras, abogadas, les mantiene la acusación de «integración o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y dos delitos de defraudación», mientras que a la última le imputa «pertenencia y financiación de organización terrorista, quebrantamiento de medida cautelar, fraude a la Seguridad Social, delito tributario y blanqueo».
«No se investigan delitos sino a abogados ejerciendo su labor profesional»
Jone Goirizelaia, una de las abogadas que ha asistido a los siete letrados que han sido puestos en libertad esta mañana, ha denunciado que el auto del juez Eloy Velasco evidencia que «no se estaba investigando ningún delito sino a abogados ejerciendo su labor profesional y esto es lo que se quiere impedir».
Según ha denunciado, la resolución demuestra «la total y absoluta inconsistencia de las imputaciones». Además, ha remarcado que «el auto no tiene relato de hechos y lo que dice es que les prohíbe el ejercicio de su actividad profesional». Con esto hace referencia a las restricciones impuestas por el magistrado a la actividad de los togados.
En concreto, prohíbe lo que denomina «visitas organizadas» pero sí que avala las entrevistas «concretas», un hecho sin precedentes y sin reflejo en la legislación española que provoca graves lesiones en el derecho a la defensa de los clientes de los abogados detenidos. «Nos indigna el hecho de que todo esto se haya llevado a cabo con una detención y un paso a disposición judicial que podía haberse evitado dada la actividad profesional de nuestros compañeros», ha remarcado.
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El juez libera a seis detenidas pero restringe el trabajo de las abogadas. Libres pero con cargos y restricciones. Así quedaron las seis detenidas durante la operación de la Guardia Civil que declararon ayer ante el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco. A las cinco abogadas (Amaia Izko, Eukene Jauregi, Onintza Ostolaza, Arantxa Aparicio y Haizea Ziluaga), se les prohíbe «visitas organizadas» a presos, sin determinar a qué se refiere. A Nagore San Martín, cualquier acto de solidaridad con prisioneros. Hoy declaran siete letrados.
Información proporcionada por Alberto Pradilla para Naiz
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La CUP recaudará fondos para recuperar el dinero incautado a LAB por la Guardia Civil
Danilo Albín
BILBAO.- La Operación Mate contra los abogados de la izquierda abertzale no sólo ha provocado una catarata de protestas tanto dentro como fuera de Euskadi. Mientras la red ciudadana Sare continuaba exigiendo que la Guardia Civil le devolviese el dinero incautado en la sede del sindicato LAB (correspondiente, según explicaron sus portavoces, a la cuestación realizada en la manifestación del pasado sábado en Bilbao contra la dispersión), la CUP catalana ha decidido dar un paso adelante: la formación independentista ha anunciado que pondrá en marcha una campaña económica para tratar de recuperar lo que la Benemérita se llevó.
“Se trata de la solidaridad automática que se genera desde el pueblo catalán, o como mínimo desde nuestra formación, porque queremos ejercer el mismo derecho que quiere ejercer parte del pueblo vasco”, resumió a Público Anna Gabriel Sabaté, diputada de las CUP.
Luego de fotografiarse junto a sus compañeros con el lema “Je Suis Basque” (“Yo soy vasco”), la parlamentaria catalana destacó que su formación recaudará fondos “para poder remediar en lo posible la incautación que ha hecho la Guardia Civil de todo el dinero que la gente donó voluntariamente para sufragar los gastos que generaba la manifestación del sábado”.
Según difundieron algunas agencias informativas, citando fuentes policiales, los agentes se habrían llevado 90.000 euros de la sede de LAB. Se trataba, en su mayoría, de monedas y billetes pequeños, producto de las donaciones que habían realizado los cerca de 80 mil asistentes a la manifestación del pasado sábado en Bilbao. Así lo confirmó la propia organización Sare, que a través de un comunicado reclamó la devolución de este dinero. Paralelamente, la propia Guardia Civil difundió una imagen en la que un agente encapuchado contaba miles de monedas.
La formación catalana denuncia que se ha producido una “una vuelta de tuerca en el terreno de lo represivo de mucha más crueldad” en el País Vasco
Para Anna Gabriel Sabaté, nada nuevo bajo el sol. “Son las operaciones contra la actividad política en el País Vasco a las que ya no tiene acostumbradas la Audiencia Nacional”, dijo la diputada. Poco antes de partir hacia una concentración frente al Colegio de Abogados de Catalunya, la parlamentaria independentista señaló que esta misma semana darán a conocer las vías para realizar las donaciones económicas, que serán destinadas, tal como iba a ocurrir con el dinero incautado por la Guardia Civil, al pago de los gastos originados por la movilización del pasado sábado en la capital vizcaína.
“El Estado siempre tiene la misma reacción delante de los anhelos de liberación de distintos pueblos. En el caso del País Vasco, como ha habido confrontación armada, eso ha generado una vuelta de tuerca en el terreno de lo represivo de mucha más crueldad”, comentó la diputada.
“El Estado español –agregó- es muy centralista y tiene una incapacidad para establecer diálogos en el terreno de lo democrático”. Frente a esa situación, la CUP también ha decidido participar en la movilización del próximo sábado en Donostia, donde agentes políticos, sindicales y sociales marcharán bajo el lema Derechos humanos. Solución. Paz.
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